07 de octubre de 2022
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FIN DE SEMANA

Más de tres millones de personas atravesarán España en coche para volver a sus países de origen en el Magreb en un dispositivo con muchos gastos extra

Operación Paso del Estrecho: El Gobierno gasta 26 millones en favorecer la vuelta a Marruecos

Operación Paso del Estrecho.
Operación Paso del Estrecho. / Miles de magrebíes regresan de Europa a sus países de origen pasando por España en coche.
La Operación Paso del Estrecho llega después de dos años de espera para los magrebíes residentes en Europa que vuelven a sus países de origen. El mayor movimiento migratorio regulado que existe entre dos continentes tendrá, en esta ocasión, un gasto para el Estado español de más de 26 millones de euros para favorecer el regreso de estos ciudadanos a Marruecos, país ahora "amigo" del Gobierno de Pedro Sánchez, como también a otras zonas del Magreb.

La Operación Paso del Estrecho regresa este año y lo hace con un cálculo de que este año se movilizarán más de tres millones de personas, que atravesarán España para llegar a sus países de origen. Esto supondrá 700.000 vehículos en tránsito en la denominada operación salida de julio, según la DGT, en la reactivación de la Operación Paso del Estrecho, realizando miles de kilómetros desde los distintos países europeos en los que trabajan y residen para acudir a los puertos de Algeciras y Tarifa, los dos puntos neurálgicos de este operativo por su cercanía a los puertos de Tánger y Ceuta.

A ello es necesario sumarle el paso a Portugal, en el que está previsto que unos 250.000 vehículos circulen desde Francia hasta el país luso en esta primera fase de la operación salida.

26,6 millones de euros de gasto extra

El Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania (“RDL 6/2022”), supuso la aprobación de una bonificación extraordinaria en el precio de venta al público (“PVP”) de productos energéticos y aditivos, como la gasolina, gasóleo A, gasóleo A+ y biodiésel, entre otros. La bonificación alcanza los 0,20 euros del PVP por litro y debe aplicarse a todos los suministros que se realicen en las estaciones de servicio españolas.

La medida, no discriminatoria con los extranjeros que transiten por España en el periodo de aplicación, tiene un efecto de gasto que se eleva, solo en el mes de julio, a más de 13 millones de euros que se repercuten directamente a los participantes en esta vuelta a casa que repostan en territorio nacional durante su migración.

El calculo es sencillo, 700.000 vehículos con un depósito medio de 70 litros y un repostaje en los más de 1.000 kilómetros que supone cruzar la península, dan un resultado de 9,8 millones de euros. A ello sería necesario sumar otros 3,5 millones de euros procedentes de los desplazamientos desde Francia y Portugal, que también hacen repostaje en España para asumir los más de 500 kilómetros que separan ambos países.

A los más de 13 millones de euros que tendrá que desembolsar el Estado en este primer tramo del verano se debe sumar otro tanto de la operación retorno, cuando el flujo migratorio regrese a sus países de origen, un total de aproximadamente 26,6 millones de euros. Estos cálculos se refieren solo al movimiento originado en la operación paso del Estrecho, no teniendo en cuenta los miles de turistas alemanes, franceses, holandeses y británicos que recorren España en caravanas durante estos meses estivales.

El mundo rural, perjudicado por las medidas estatales, pone el grito en el cielo

La escalada de precios que vive su máximo exponente en los hidrocarburos supone un sobrecoste de la vida para todos los ciudadanos. Sin embargo, no son pocos los que opinan que afecta de manera desigual, perjudicando en sobremanera a los habitantes de la llamada España vaciada, quienes por obligación deben usar el coche para trabajar, acudir al médico, realizar compras o estudiar.

Agentes de los Cuerpos de Seguridad controlan el tránsito de coches en la Operación Paso del Estrecho.

Son muchos los alcaldes y concejales, de todos los signos políticos, que denuncian que las medidas económicas gubernamentales no pueden implementarse de igual manera en el mundo rural que en el urbanita, ya que “un ciudadano de Madrid, Barcelona o Sevilla pueden modificar sus hábitos de desplazamiento en gran medida con el transporte urbano, colectivo o mediante VMP, mientras que un habitante de Candelario, Ayna o Poza de la Sal no tenemos esa posibilidad. Aquí la movilidad en coche no es un lujo, es una necesidad primaria”, nos expone un cargo público de un municipio de menos de 900 habitantes en la provincia de Salamanca, quien se queja que “acabadas las elecciones en Castilla y León y Andalucía, se acabaron las fotos con las vacas y visitar pueblitos, vuelven las políticas centralistas y urbanitas que machacan al mundo rural, que estamos sufriendo un sobrecoste de más del 50% con la subida de los hidrocarburos respecto a un habitante de una mediana-gran ciudad”, refieren muy indignados.

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