13 de julio de 2020
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FIN DE SEMANA

Su Fundación exhibe el logotipo de la Fiscalía colombiana, pero el Estado de aquel país no recoge ningún tipo de acuerdo en sus registros públicos

El jaleo de Baltasar Garzón en Colombia: Cruce de acusaciones entre el exjuez y la Fiscalía

El exmagistrado trabajó en Colombia como asesor de la Fiscalía
El exmagistrado trabajó en Colombia como asesor de la Fiscalía
Hace casi 10 años, el exjuez, Baltazar Garzón, comenzó a enfocar su trabajo en la Fundación Internacional Baltazar Garzón (FIBGAR), que se define como promotora de derechos humanos. Con presencia en cuatro países, las acusaciones contra el trabajo del magistrado con algunas organizaciones de izquierda son constantes. La semana pasada, la FIBGAR ha vuelto a ocupar titulares en América después de que en su web oficial se encontrara a la Fiscalía de Colombia como entidad colaboradora.

FIBGAR trabaja en “la promoción de derechos humanos y la proyección de un marco jurídico internacional”, según indican ellos mismos. Durante sus años de existencia ha servido como plataforma de soporte para el exmagistrado Baltazar Garzón, cesado por el Supremo en 2010 por prevaricación. Aunque el veredicto sería ratificado por 20 de los 21 miembros del poder judicial, el exjuez y exdiputado del PSOE recibió apoyó de algunas personalidades y organizaciones políticas que consideraron la decisión “injusta”.

Garzón decidió aprovechar entonces su proyección internacional y en 2011 fue nombrado Consultor externo de apoyo para el proceso de paz en Colombia. En julio del mismo año, miembro del Comité de prevención de la Tortura del Consejo de Europa y en noviembre, Coordinador de la Veeduría Internacional para el proceso de Reforma de la Función Judicial de Ecuador. Durante su etapa internacional Garzón se ha apoyado siempre en la fundación que lleva su nombre.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (Figbar) se presenta en el registro como dedicada a “actividades asociativas diversas” y en su página web como “fundación privada de carácter social, sin ánimo de lucro, que tiene por objetivo la defensa de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España”.

La Fiscalía de Colombia figura como entidad colaboradora. Captura de la página web FIBGAR.

Durante los últimos tres años, la Fundación obtuvo 100.000 euros en subvenciones públicas, 16.000 euros en 2016, 67.000 euros el pasado año y otros 17.000 euros en 2018. Los dos primeros años la fundación recibió 7.000 euros para la realización de unas jornadas sobre Derechos Humanos y el último, sin embargo, recibió 10.000 euros.

Aunque opere como una organización social, las vinculaciones de Baltasar Garzón con organizaciones como el Grupo de Puebla una organización que incorpora a líderes de la izquierda radical y de la llamada "izquierda progresista" son reconocidas por él mismo. Dicha organización se estableció en julio del año pasado para sustituir al Foro de Sao Paulo y tiene como fin frenar el avance de la derecha más conservadora.

Durante la semana pasada, la actividad del Figbar saltó a la prensa latinoamericana, cuando el Abogado y Consultor Político español, Víctor Manuel Zalba, encontró que la Fiscalía General de Colombia aparecía como una de las entidades colaboradoras de la fundación de Garzón. No habría en principio mayor problema, si Garzón no tuviese conexiones con el Grupo de Puebla, anteriormente mencionado.

Este grupo político está encabezado por unas treinta personas de diez países. Su propósito principal conforme con los principios expresados por quienes lo integran es dirigir esta colectividad para que se “adueñe del mañana” y frene el “avance de la derecha conservadora”. Varios medios y políticos de la región la hacen directamente responsable de patrocinar actos subversivos contra gobiernos democráticos que no comulguen con los ideales heredados del Foro de Sao Paulo.

El exmagistrado Baltazar Garzón.

Según explica el medio PanamPost, Garzón no sería uno de los 30 miembros principales, pero si el abogado principal de esta polémica organización, en la que participan Lula Da Silva, Evo Morales, José Mujica, Dilma Rousseff y Ernesto Samper Pizano.

La situación no solo acaba aquí,  Garzón también es parte del grupo de abogados que representa a Evo Morales, que, tras más de 12 años en el poder, como presidente de Bolivia, y un fraude electoral tuvo que dimitir ante multitudinarias manifestaciones en su contra. Además, el abogado del Grupo de Puebla tuvo contacto con varios organizadores de las protestas desatadas en Chile y que derivaron en graves disturbios durante el 2019. 

Garzón entre contratos irregulares y sueldos “exagerados”

Según explica el abogado Víctor Manuel Zalba, el hecho de que el logo de la fiscalía colombiana aparezca en la web de FIBGAR corresponde a la época en la que gobernaba el expresidente Juan Manuel Santos. En el año 2014, medios locales desvelaron que el juez habría cobrado 290.000 euros de la institución colombiana para realizar un estudio especial para alimentar la Unidad de Análisis y Contexto. La misión de Garzón era asesorar sobre cómo se debía juzgar a las organizaciones criminales en el marco de un proceso de paz.

Este contrato fue cerrado por la Fiscalía y FIBGAR en el año 2012 y fue revelado por el diario colombiano El Espectador. Aunque Garzón fue solo uno de los asesores que participaron en el proceso de paz, estaría inmerso en una serie de polémicos contratos a dedo realizados por el entonces fiscal Eduardo Montealegre.

En total se repartieron unos 2 millones de euros, de los cuales, casi el 15% fue para Garzón y el resto se repartió entre figuras, como Alejandro ApontePedro Medellín y Natalia Springer, e incluso, la revista Semana. Este sería uno de tres contratos que llegaría a firmar el exmagistrado con la institución colombiana.

En el año 2014, la Contraloría General de la República, el equivalente al Tribunal de Cuentas en España, realizó un informe en el que denuncia que el segundo de los contratos fue adjudicado "a dedo" por un valor de 167.000 euros, y que este había incumplido los requisitos legales pertinentes.

Según recogió en aquel año el diario El Tiempo, la Contraloría habría encontrado “serios reparos”, en el contrato 042, firmado en 2013 por el “superjuez”, que apoyó “la investigación de macrocriminalidad en justicia tradicional”. El informe fue enviado a la Comisión de Acusaciones en Julio de 2014, se desconoce el estatus actual de la reclamación.

La Contraloría destacaba que Garzón recibió un sueldo mensual de casi 19 millones de pesos (5.500 euros), un sueldo elevado considerando que los ejecutivos medios en grandes empresas suelen cobrar en torno a 6 millones de pesos. Fuentes cercanas a la Fiscalía aseguran a elcierredigital.com que la cifra es “absurda”. “Para ganar 20 millones como asesor debes primero trabajar tiempo completo, algo difícil entre los asesores, además tendrías que ser asesor de una gran empresa o de la propia Presidencia”, asegura la fuente.

Además, la institución colombiana asegura que su sueldo era cobrado “sin la entrega de informes mensuales”, algo que las fuentes consultadas aseguran “casi imposible en una situación normal”. Por otra parte, la fecha de inicio del contrato fue previa a la aprobación de la garantía única, requisito previo y legalmente necesario para la ejecución de cualquier contrato público.

Garzón dio “duros golpes” a organizaciones criminales

No obstante, el mismo año que la Contraloría de la República levantaba las sospechas por la contratación del exmagistrado. El fiscal Eduardo Montealegre defendió la participación de Garzón, aunque no hubiese cumplido los procesos legales.

En una declaración recogida por el portal BolsaManía, Montealegre aseguró que "la capacitación que hizo el destacado defensor de derechos humanos Baltasar Garzón sobre cómo perseguir a la criminalidad organizada ya ha dado unos réditos palpables en términos de justicia. Por ejemplo, del 2014 a la fecha, se ha logrado dar duros golpes a 1.419 estructuras delincuenciales en realidades que le afectan duramente al ciudadano de a pie”.

Sobre el informe que recibió la Comisión de Acusación, Montealegre aseguró no conocer nada sobre el proceso. Desde elcierredigital.com hemos contactado con la Fiscalía de Colombia, pero no han dado respuesta hasta el momento. No obstante, este medio ha podido confirmar que en la plataforma SECOP I, que da acceso a los contratos firmados por instituciones públicas colombianas, no figura en ningún apartado los contratos entre la Fiscalía y FIBGAR.

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