Publican una guía para que los denunciantes de casos de corrupción en España eviten las represalias

La Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) ha publicado este miércoles una pequeña guía titulada “Consejos Prácticos de ACODAP”, concretamente un decálogo, en el que se explica detalladamente a los ciudadanos el procedimiento que hay que seguir en caso de querer denunciar cualquier tipo de corrupción. La organización, presidida por Fernando Presencia, exjuez decano de Talavera de la Reina, y entre cuyos fundadores figuran otros notables personajes en la lucha contra la corrupción, como Prado Salmerón o Fernando Jabonero, es una de las instituciones que con más ahínco fomenta el activismo de la sociedad civil en lo concerniente a la corrupción institucional.

Uno de los hechos más llamativos que aclara el decálogo es que denunciar la corrupción es un “derecho fundamental a la libertad de expresión y de información”, algo poco conocido para el conjunto de la ciudadanía. Del mismo modo, el documento enumera las variantes de que disponen los españoles para denunciar e informa de que las represalias por el acto de denuncia están prohibidas y pueden ser constitutivas de delito. Cabe mencionar que como represalia también puede considerarse la paralización intencionada de una investigación ya interpuesta.

El ex juez Fernando Presencia tuvo que afrontar las consecuencias de haber denunciado la corrupción del Poder Judicial.

La protección al denunciante es, de acuerdo con lo expuesto en la guía, máxima, hasta el punto de que este, en caso de ser “investigado o procesado por los delitos de injurias o calumnias como represalia, no debe ser obligado a demostrar la verdad de sus imputaciones. Finalmente, el escrito puntualiza que la acción de alertar sobre la corrupción vincula a todos los poderes públicos y, por ende, “los jueces y magistrados están obligados a proteger a los denunciantes/alertadores que sean parte en cualquier procedimiento judicial”.

Este documento se inserta en el contexto de la normativa que la Unión Europea (UE) aprobó el año pasado y que los estados deben implementar en un plazo no superior a dos años. Esta legislación está destinada a mejorar la protección de los denunciantes de delitos institucionales y empresariales, pero también tiene otros ámbitos de aplicación, como blanqueo de capitales, seguridad alimentaria, contratación pública salud o protección de datos. Con su puesta en marcha se pretende también evitar represalias. Entre otras disposiciones, la medida obliga a las empresas de más de 50 empleados a elaborar una metodología para tramitar las denuncias internas y, al mismo tiempo, mantener en el anonimato la identidad de los delatores. Los trabajadores quedan así protegidos de formas de revancha por parte de los denunciados, tales como la degradación laboral o el despido.

Una realidad muy distinta

Aunque tanto el decálogo como la regulación adoptada desde las instituciones europeas hayan sido pasos adelantes en la protección de los denunciantes, en España, tal como informaba Elcierredigital hace unos meses, denunciar un caso de corrupción conlleva un riesgo muy elevado. En este sentido, sobresalen casos como el de la Sargento Primero de la Guardia Civil, María Serrano, acosada durante años tras denunciar los actos fraudulentos de uno de sus subordinados, el ex teniente de las fuerzas armadas, Luis Segura, expulsado del ejército o, precisamente, el actual presidente de ACODAP, Fernando Presencia, que fue duramente acosado cuando denunció las irregularidades del Poder Judicial.

Representación de la Justicia.

Esta problemática se explica cuando se consultan los datos sobre la corrupción en España, y es que según datos del repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) solo en el cuarto trimestre de 2019, última fecha de la que existen registros, en España se trataron 31 casos de corrupción por los juzgados de instrucción, 5 por los juzgados de lo penal y 10 en audiencias provinciales. En lo que concierne a los detenidos, de acuerdo con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, actualmente hay 89 personas que cumplen condena en España por sentencias cuyo principal delito es la corrupción. De entre ellas, 43 fueron encarcelados por malversación, el delito relacionado con la corrupción que se comete con mayor frecuencia.

Para concienciar a la población de esta amenaza es fundamental la actividad de agrupaciones como ACODAP, que dedican buena parte de sus esfuerzos a denunciar hechos de esta índole, así como a visibilizar los casos donde los denunciantes son sometidos a represalias por la información que revelan, tanto es sus diferentes portales web y redes sociales como directamente con la interposición de recursos judiciales ante las autoridades competentes.