20 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA

Archivada la denuncia contra los abogados firmantes acusados de captación de clientela de forma desleal y contra la norma deontológica

Sigue adelante la querella de 3.000 familiares de víctimas contra el Ejecutivo de Sánchez

Emiia Zaballos y José Ignacio Sánchez.
Emiia Zaballos y José Ignacio Sánchez.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha desestimado incoar procedimiento disciplinario contra los abogados José Ignacio Sánchez y Emilia Zaballos que fueron denunciados por la Asociación Libre de Abogados (ALA) ante el Ilustre Colegio Madrileño de Abogados. De esta manera, la querella contra el Gobierno por homicidio en la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19 sigue adelante.

El Consejo General de la Abogacía Española ha desestimado incoar procedimiento disciplinario contra los abogados José Ignacio Sánchez y Emilia Zaballos que fueron denunciados por la Asociación Libre de Abogados (ALA) ante el Ilustre Colegio Madrileño de Abogados.

Ángeles Chinarro, presidenta del ALA, formuló una queja contra estos abogados el pasado 4 de mayo, tras anunciarse por parte de estos la interposición de una multitudinaria querella por homicidio imprudente contra el Gobierno español por su gestión de la crisis sanitaria del COVID-19. La queja hacía referencia a que varios despachos de abogados y estos dos letrados habían incurrido en algún tipo de falta deontológica por representar a víctimas del coronavirus.

   La abogada Emilia Zaballos.

Emilia Zaballos, de la Fundación Zaballos, celebra esta decisión y explica que "desde la Fundación solo llevamos a cabo una acción ciudadana, fruto del dolor y malestar que sientes tras las desgracias sufridas y las perdidas vividas.  La fundación da voz a los grupos de ciudadanos que de una u otra forma ven que se les ha vulnerado uno o más derechos constitucionales, en defensa de ellos mismo organizándolos en asociaciones, plataformas, ONG,.... para que puedan general un cambio en beneficio de la sociedad civil. Lo que perfectamente ha valorado el ICAM. No hay intereses económicos, ni políticos ni publicitarios de profesional de ningún tipo".

La queja llegó después de que un equipo formado por 80 abogados y 10 procuradores de toda España, seleccionados de entre los 2.266 que, generosamente, se ofrecieron para prestar sus conocimientos y experiencia en esta iniciativa, elaboró la querella contra cada uno de los 23 miembros del Consejo de Ministros de España, que podrían ser autores de miles de delitos de homicidio, dolosos o imprudentes, por su comportamiento frente a la epidemia del virus SARS-COV-2 que, según datos del Ministerio de Sanidad, el lunes 11 de mayo eran de 26.774, cifra que representa el 12,85 por ciento de todos los fallecidos en el mundo, según los querellantes.

Los firmantes de esta querella, que representan a 3.268 personas, explican que "hasta el momento, miles de familias que han perdido uno o más familiares como consecuencia del COVID-19, van a personarse como acusación particular en esta querella, pidiendo para cada imputado una pena de entre tres meses y quince años, dependiendo de la calificación final, por cada uno de los fallecidos".

La querella presentada este mismo lunes en el Supremo.

Adicionalmente, en concepto de responsabilidad civil, se solicita el pago a cada querellante de una indemnizacion de entre 50.000 y 300.000 euros, por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de estos fallecimientos.
 
Los delitos de los que se acusa al equipo de Gobierno de España son homicidio imprudente, prevaricación y omisión del deber de socorro entre otros. Actualmente el equipo jurídico estudia si amplia esta querella contra Fernando Simón, como director del gabinete técnico de lucha conta el COVID-19 y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.
 
Los datos de estos afectados se han podido recabar gracias al apoyo gratuito entre otros del Patronato de la Fundación Zaballos y de los 80 abogados y procuradores de los juzgados que se han prestado para colaborar en esta acción legal.

 

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