02 de marzo de 2024
|
Buscar
FIN DE SEMANA

La principal siderúrgica española, y cuarta empresa más importante de Cataluña, tiene una deuda de 2.433 millones de euros

La familia Rubiralta, sin control en Celsa: Los fondos que ahora la dirigen imponen como CEO al ejecutivo Jordi Cazorla

/ Jordi Cazorla, nuevo CEO de Celsa Group.
La resolución judicial que dictaminó hace dos meses que la histórica siderúrgica Celsa estaba al borde del KO se ha traducido en la salida de la familia fundadora Rubiralta de los órganos de gobierno y la apuesta de los fondos y acreedores que han tomado su control por Jordi Cazorla. El nuevo CEO tendrá que aplicar el plan estratégico, que implica la entrada de nuevos socios empresariales y la reducción de deuda.

El nuevo ministro de Industria Jordi Hereu tiene encomendada la misión de hacer regresar a muchas de las empresas catalanas que se marcharon de su tierra a cuenta de las tensiones provocadas por el procés. 

Pero en Cataluña también andan pendientes de la salud de algunos de sus bastiones empresariales, ya que la principal siderúrgica del Estado, y cuarta empresa más grande de Cataluña, adolece de una deuda de 2.433 millones de euros.
 

Celsa, al borde del KO

6.000 millones de euros de facturación anual y 10.000 empleos directos son demasiado importantes como para dejar caer Celsa, de cuyos órganos de dirección ha salido la familia que fundó la compañía en 1969, los Rubiralta

Los fondos inversores y los acreedores de los Rubiralta han conformado pinza para controlar la compañía bajo la mirada atenta de La Moncloa, y emprender un plan de reestructuración que deberá ejecutar el sustituto de Francisco Rubiralta, hijo del fundador Paco Rubiralta

Jordi Cazorla va a ocupar ese hueco y se trae como mano derecha a Rafael Villaseca, nuevo presidente no ejecutivo de la compañía. 

Ambiente enrarecido con sombra de despidos

El ingeniero y hasta ahora director general para el sur de Europa de DS Smith, Jordi Cazorla, combatirá con el mal ambiente que existe a nivel interno tras conocerse que los malos números de la compañía, que debe más de 2.400 millones de euros, contrastan con los 12 millones de euros de bonus que se embolsaron recientemente los Rubiralta, enfrentando a su hermano José María y el cuadro de directivos afines al primero. 

Celsa. 

Cazorla se ha pertrechado ahora de un 'dream team' directivo al incorporar a los consultores Luis Aurelio Martín y Francisco Javier Díaz-Gálvez, fundadores de la consultora Abencys, o Esther Alfonso y Antonio Arenas, que refinanciaron y reestructuraron el caótico Grupo Gallardo

Con estos fichajes, dice la siderúrgica, "se inicia una nueva etapa que supone un punto de partida para consolidar el liderazgo de Celsa en el sector" y afirma que el plan de reestructuración "permitirá a Celsa reducir su deuda en 1.400 millones y ampliar en 5 años el vencimiento de la deuda restante, dejando a la compañía con una situación financiera muy mejorada". 

Los accionistas han aceptado "una serie de compromisos con las autoridades, entre los que destacan el mantenimiento de la viabilidad de la compañía a largo plazo, la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y la capacidad productiva". 

Deutsche Bank, Attestor, Sculptor, Golden Tree, Cross Ocean y SPV, ahora controladores de Celsa tras no poder cobrar los 1.500 millones de euros que le pidió prestados el anterior consejero delegado, intentan encauzar una situación que en la compañía catalana comenzó a torcerse en 2008 por la crisis, casi colapsó en 2019, sufrió una guerra familiar en 2020 y en 2023 cambió de timón gracias a una sentencia del juzgado mercantil número 2 de Barcelona, que ha diluido el capital de los Rubiralta. 

La sentencia dice que los nuevos accionistas "deben de cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto". 

Y estos admiten haber adquirido una "una serie de compromisos con las autoridades, entre los que destacan el mantenimiento de la viabilidad de la compañía a largo plazo, la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y la capacidad productiva". 

La Moncloa, por lo pronto, ha exigido que en Celsa entre un socio español que ostente al menos el 25 por ciento de su capital. 

La Moncloa y el sistema empresarial español

Pedro Sánchez Pérez-Castejón accedió a La Moncloa el 2 de junio de 2018 sin mochilas que condicionasen su acción de Gobierno. El socialista, renegado por muchos de los suyos, carecía de apoyos en el Ibex35 y había mostrado su distancia emocional hacia el funcionamiento de compañías como Telefónica (a cuenta de César Alierta) o el Banco Santander. 
 
La implicación de ambos en el giro conservador del Grupo Prisa, que tanto contribuyó a que fuese descabalgado al frente de la secretaría general socialista de 2016, le dejaba libre de pies y manos para abordar la economía autóctona. Pero su decisión de fiarla a una persona con pedigrí de Bruselas como Nadia Calviño tranquilizó al empresariado patrio, que creyó que Sánchez iba a abstenerse de intervenir en la economía española. 
 
Sánchez no arrancó con demasiadas preocupaciones respecto a la economía, que le ha ido de cara en los últimos años, pero el aumento de su poder a cuenta de sus éxitos electorales ha conllevado que crezca su apetito a la hora de intervenir empresas ajenas. Ejemplo de ello es Telefónica, que podría volver a contar con accionariado público si la SEPI ejerce de contrapeso a la irrupción saudí de STC. Indra, controlada de facto por el 'sanchismo', también podría ser otro de los arietes utilizados por La Moncloa en la teleco.
 

No es la única

Telefónica no es ni mucho menos la única compañía vigilada por Sánchez, cuya previsible intervención enfadará a Caixabank (que previsiblemente callará y no aumentará su participación) y al BBVA (que posiblemente venderá sus acciones). 

Y es que el Gobierno de Sánchez ha guerreado en público contra energéticas y banca, se ha peleado con la 'fugada' Ferrovial, ha evitado la segregación de Naturgy en dos compañías y ha dejado clara su falta de sintonía con Ana Patricia Botín, que alardea de feminismo y ecologismo pese a la masculinización de la cúpula del Banco Santander (y su propensión a financiar negocios relacionados con el carbón). 

A excepción de Inditex, ajena a las regulaciones gubernamentales, no hay gran compañía española que no ande inquieta con Sánchez, que en el caso de Telefónica va camino de seguir la doctrina que le marcó Podemos a través de su secretaria general, Ione Belarra.

COMPARTIR: