La asociación Jucil ha manifestado su más profundo malestar por la propuesta de sanción hacha por parte del Dirección General de la Benemérita
Agentes de la Benemérita muestran su malestar por la “injusta” propuesta de sanción a cuatro miembros por manifestarse
Desde la asociación Jucil se ha indicado que los agentes acudieron a la manifestación en su condición de ciudadanos, sin portar ningún distintivo de la Guardia Civil ni armas y sin identificarse en ningún momento como miembros de la Benemérita. Además, Jucil recuerda que la manifestación, convocada por Jusapol, estaba autorizada por la delegación del Gobierno de Madrid.
Una participación, que está reconocida por la Ley, tanto en el artículo 21 de la Constitución Española, como sentencias del Tribunal Supremo (Nº 512/2017) y el artículo 8 de la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, avalan la asistencia a dichos actos, siempre que no se haga uso de la condición de Guardias Civiles.
Jucil ha anunciado que pondrá todos los medios sindicales y jurídicos en apoyo a los Guardias Civiles sancionados, y solicita a la Dirección General de la Guardia Civil el archivo inmediato de estos expedientes.
Manifestación por la equiparación.
Además, desde esta Asociación Profesional de la Guardia Civil, "volvemos a solicitar, por enésima vez, la presencia de la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, para que explique los motivos reales que le han llevado a la apertura de estos expedientes sancionadores contrarios a la legislación vigente", apuntan.
Equiparación Salarial Real
Jucil participó en la manifestación frente al Congreso de los Diputados el pasado 3 de marzo y seguirá participando, junto a los miembros de Jupol y de Jusapol, en todas las acciones que se lleven a cabo en favor de lograr la Equiparación Salarial real de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas.
Reivindicaciones en todo caso justas, por parte de Jusapol, Jupol y Jucil y que seguiremos llevando a cabo de manera incansable y con el apoyo que los ciudadanos nos mostraron, como queda acreditado en las más de 500.000 firmas que se recogieron en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentamos en el Congreso de los Diputados y que este año fue vetada por el PSOE y por Unidas Podemos.
