26 de mayo de 2019
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FIN DE SEMANA

Desde una rueda de prensa de Oriol Junqueras a la retirada de banderas de España para no molestar a los presos del "proces"

El 'censor' José Luis Argenta, director de la cárcel de Soto del Real, la persona que no permite a los periodistas su trabajo

De Izquierda a derecha, Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid y José Luis Argenta, director de la prisión de Soto del Real.
De Izquierda a derecha, Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid y José Luis Argenta, director de la prisión de Soto del Real.
El incidente protagonizado por la prisión de Soto del Real, impidiendo la entrada al director de elcierredigital.com no es el primero que se da en esta cárcel madrileña, donde están internos algunos presos del "proces", que han recibido numerosas visitas y que incluso han sido entrevistados por televisiones para hacer campaña electoral.

El veto a elcierredigital.com no es el primer episodio extraño que protagoniza el director de la prisión de Soto del Real o Madrid V, José Luis Argenta. Con la llegada a prisión de Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural y Jordi Sanchez, de la asamblea Nacional Catalana el director de esta cárcel, José Luis Argenta de la Aldea ordenó a los funcionarios que no mostrasen nada que pudiese ofender a los "Jordis". La directriz no especificaba con detalles qué era lo que podía molestar a tan insignes presos, pero todos sabían que Argenta se refería a las banderas de España que algunos presos lucen en sus celdas.

Al llegar a Soto, los Jordis, que portaban un pequeño macuto de ropa y efectos personales, se comieron el bocadillo y la pieza de fruta que les entregaron los funcionarios de la prisión, a pesar de estar ya muy avanzada la noche. El 25 de junio Pablo Iglesias se encontró con Jordi Cuixart y nada más salir hizo una conexión con TV3 donde contó con pelos y detalles su encuentro con el líder de Omnium Cultural y agradeció al Gobierno y al ministerio del Interior, de quien depende Instituciones Penitenciarias, las gestiones para facilitar el encuentro. Nadie censuró entonces la visita de Pablo Iglesias, mucho más importante para el futuro del país, seguramente, que la que iba a realizar Juan Luis Galiacho, al Rey del Cachopo.

La conexión en directo de Pablo Iglesias con TV3 de Cataluña  fue tuiteada por Podemos.

También parecía muy importante la rueda de prensa que  Oriol Junqueras, lider de ERC, ofreció desde la misma cárcel con motivo de las elecciones generales en un acto auspiciado por la Agencia Catalana de Notícies (ACN), tras la autorización de su comparecencia vía telemática por parte del Junta Electoral Central (JEC), que también permitió una entrevista telemática al candidato de Junts per Catalunya, Jordi Turull. Parece que cuando los presos son políticos la vara de medir su libertad de expresión es otra a cuando lo pide el Rey del Cachopo u otro preso común. Es como si los internos politicos pudiesen hacer campaña electoral, pero César Román no tenga derecho a hacer campaña por su inocencia.

Por la misma cárcel pasó también Jordi Pujol Ferrusola, en concreto por el módulo 4. Pero tuvieron que cambiarlo porque el vástago de Pujol había comenzado a trapichear con los números de teléfono que cada recluso tiene autorizado a realizar llamadas. Pujol Junior habría convencido a varios presos para que le facilitaran su "DNI carcelario" o número de preso, al que llevan asociados dichos teléfonos, y les habría pedido que solicitaran la autorización de un listado de números personales. De esta forma, Pujol Ferrusola pudo ponerse en contacto con personas de fuera del penal sin que la dirección estuviese al tanto, algo que tardó en ocurrir.

La medida que Instituciones Penitenciarias le impuso a César Román, el rey del Cachopo, de incluirle en el fichero de FIES 5, como "preso mediático" y que motivó que le prohibiesen todas las comunicaciones tampoco es la primera que toman y ha quedado exenta de polémica. Les ocurrió cuando decidieron incluir a Raúl García y Alfonso Lázaro, dos titiriteros, en el fichero de presos de "bandas armadas", FIES 3, como si fueran de ETA, a propuesta de Argenta, director de Soto del Real. Entonces incluso intervinieron sus comunicaciones con el argumento de la "capacidad criminal y la peligrosidad del interno patente en los delitos" que se les atribuían.

En la "orden de dirección" para controlar llamadas, cartas y posibles visitas se alega un tercer motivo: "La posibilidad de que a través de las comunicaciones se faciliten datos o información que podría repercutir en la seguridad del establecimiento y sus trabajadores". Finalmente a los titiriteros no les pasó nada porque se demostró que el carte "Gora Alka eta" era una frase humorística, pero, por si acaso, José Luis Argenta, los incluyó en el mismo fichero que a los terroristas de ETA. Quizás en tan drástica decisión influyera que en 1989 se libró de sufrir un atentado de la banda terrorista por solo un par de minutos, que eligió a otro funcionario que dejaba su turno, también en la prisión de Alcalá Meco, un par de minutos más tarde, José Luis López Montenegro, a quien ametralló un terrorista.

Tampoco el director de Soto del Real quiso recibir al director de elcierredigital.com, algo que contrasta con la imagen que el 14 de agosto del pasado año mostró junto al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid y Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias. Entonces no hubo problema para hacerse la foto.

"El problema va más allá del director de Soto, un hombre caracterizado por vigilar de manera especial a los funcionarios más activos en las huelgas de septiembre y de octubre pasado. En Instituciones Penitenciarias estaban más acostumbrados a la connivencia de otras asociaciones de funcionarios y nosotros venimos a defender nuestros derechos, han tratado de imponer la ley mordaza en las prisiones y expedientar a funcionarios por ejercer su derecho a la huelga. Pero ya se ha acabado. Me consta que los servicios jurídicos de Instituciones Penitenciarias escudriñan cada palabra mia para ver si pueden coartar mi libertad de expresión", dice un destacado miembro de "Tu abandono me puede matar" tras enterarse de la censura de Instituciones Penitenciarias y maneja la hipótesis de que los hechos se producen "cuando el director llama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para proponer la prohibición de la visita con algún motivo y el visto bueno del subdirector de Seguridad del centro. Lo que hacen es imponer la ley mordaza, porque no quieren, por sistema, que se sepa lo que ocurre en los centros a los funcionarios ni a los presos", añade la misma fuente.

La persecución a "Tu abandono me puede matar" llega a tal extremo que el domingo, durante la celebración de elecciones generales, los interventores del PSOE expulsaron de un colegio electoral en San Fernando, Cádiz, a un matrimonio que portaba camisetas con este eslogan de la asociación de funcionarios por supuestamente llevar consignas políticas en su vestimenta. La Policía Nacional llegó al colegio electoral, levantó atestado y, naturalmente, los dos ciudadanos pudieron votar libremente porque no portaban consigna política alguna. Esta asociación de funcionarios se declara apolítica y está constituida legalmente.

De izquierda a derecha, Lorenzo Díaz, crítico de gastronomía y colaborador de radio; César Román, el Rey del Cachopo y Juan Luis Galiacho, director de elcierredigital.com, durante los premios al Mejor Cachopo del año.

El problema de Galiacho también lo sufrió otro visitante de César Román, que iba detrás del periodista, ya que al verse restringidas todas las comunicaciones a Román solo le queda recurrir ante el juez de Vigilancia Penitenciaria para que levante la medida.

Desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), su portavoz, Ignacio Gutiérrez, dice que "cuando suenan las alarmas, se cierran todas las puertas y cortan radicalmente cualquier intento. Ellos tienen a varios periodistas que estiman críticos con su gestión y cuando uno aparece pues se ponen a la defensiva, además entre el grupo de control y seguimiento de cada prisión hay lo que llamamos "funcionarios espías" que advierten a la dirección y ésta a Instituciones Penitenciarias que de manera automática niega la visita sin entrar en más consideraciones".

Cuando hay un problema con periodistas, la responsable de Prensa del organismo, así como su superior, la jefa de prensa del Ministerio del Interior, son informadas al minuto. Lo mismo pasó en esta ocasión con Juan Luis Galiacho, a quien la jefa de Prensa de Instituciones Penitenciarias reconoció que se le negaba la entrevista por su condición de periodista, o como cuando un periodista hizo una entrevista a José Bretón en Córdoba y la publicó, sin ningún problema, o como cuando otro la pidió con el excomisario José Manuel Villarejo y se lo negaron.

Destacados juristas explican que "parece increíble que alguien con la trayectoria profesional de Ángel Luis Ortiz (secretario general de Instituciones Penitenciarias), que ha pasado como magistrado por muchos juzgados, siendo incluso juez de Vigilancia Penitenciaria en Madrid, que ha sido diez años asesor y responsable del Área de Justicia y Prisiones de la Oficina del Defensor del Pueblo y director general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid hasta 2018 cuando llegó al cargo, cometa estos errores de principiante y censure a alguien como Galiacho".

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