17 de noviembre de 2019
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FIN DE SEMANA

El Ayuntamiento de Madrid po­dría pe­na­lizar a la en­tidad y al Grupo San José si se al­te­raran los plazos y no comienzan a construir en 2020

Se busca inversor multimillonario para financiar gran parte de la Operación Chamartín

Zona de desarrollo de la operación Chamartín.
Zona de desarrollo de la operación Chamartín.
Parece de broma, pero después de que el Ayuntamiento de Madrid diese luz verde a la llamada Operación Chamartín el pasado 29 de julio, el desarrollo urbanístico del norte de la Castellana y una de las mayores operaciones inmobiliarias de Europa, el BBVA, entidad financiera encargada de proveer de fondos al consorcio Desarrollo de Castellana Norte (DCN) puede tener problemas de financiación para hacer frente a la operación.

Las previsiones son que el BBVA (75 por ciento) y su socio Constructora San José (25 por ciento), que formaron el consorcio DCN (antes Duch), deberán aportar unos 5.000 millones de euros de los 6.000 previstos, una cantidad difícil de lograr con la situación actual del banco y de la constructora.

En teoría el próximo año 2020 deberían comenzar las obras sobre lo que eran las antiguas vías de tren e instalaciones de Renfe al norte de la capital de España, pero si se retrasan tendrán que hacer frente a multas municipales.

Álvaro Aresti, nuevo presidente de DCN.

Es difícil de entender que una vez superado el supuesto escollo del visto bueno municipal sea ahora precisamente el socio capitalista quien falle en la financiación. Por eso el nombramiento de Álvaro Aresti al frente de DCN a principios de agosto se interpreta como un movimiento del BBVA en la búsqueda de financiación externa o socios inversores, ya que el banco se encuentra en el punto de mira del Banco de España, pero también del Banco Central Europeo tras el "escándalo Villarejo". Aresti fue responsable hasta mayo de este mismo año de Global Client Coverage & Corporate Finance, en el área de banca mayorista, un especialista en inversiones.

Ahora la pelota está en el tejado del BBVA, que tendrá que vender o ceder una parte del pastel. El primer problema, pero no el menos importante, es pagar 1.000 millones de euros a Adif, del Ministerio de Fomento, y propietario de los terrenos donde se va a edificar. Los expertos calculan que el valor definitivo, en bruto de las parcelas será de unos 6.500 millones de euros.

Los gallegos de Constructora San José, de Jacinto Rey, están intentando todavía salir de la crisis que sufrieron todas las constructoras tras desinflarse la burbuja inmobiliaria y poco puede aportar al cash de la operación.

Jacinto Rey González, presidente y fundador del grupo San José.

El plan Chamartín que se aprobó por la nueva corporación del PP, con los votos favorables de  Ciudadanos, PSOE, Más Madrid y Vox, tiene que someterse todavía a la aprobación de la Comunidad de Madrid, aunque tras ser ganada también por el PP no se esperan demasiadas trabas.

El proyecto que comenzó hace 26 años prevée la construcción de 10.485 viviendas, además de 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas y 103.000 metros cuadrados de uso comercial. Si las obras no comienzan en 2020 DCN se enfrenta a multas importantes por alterar los planes de ejecución presentados ante el consistorio municipal.

Trinitario Casanova, el verdadero problema

Una vez que DCN supere todos estos problemas se enfrentará a la negociación con los reversionistas, ya que lsos terrenos donde se quiere construir fueron cedidos a Renfe para uso terciario, construir vias y una estación de tren. Al extinguirse ese uso los terrenos, por ley, debían volver a sus antiguos propietarios o, en su caso, a los herederos, cuyos derechos de reversión fueron comprados por el polémico empresario Trinitario Casanova.

El empresario Trinitario Casanova.

En total Casanova logró hacerse con 1.200.000 metros cuadrados de los terrenos de los 3.300.000 metros. De todo este espacio, según el último plan de 2004, se podrían dedicar a edificabilidad lucratia unos 1.480.000 metros y otros 1.050.700 metros a uso residencial. El resto sería dedicado a zonas verdes, accesos y servicios y a construir la futura Ciudad de la Justicia, uno de las peticiones de Manuela Carmena, anterior alcaldesa de Madrid.

 

Gracias a este acuerdo firmado el pasado mes de abril por su grupo Baraka, Casanova se ha convertido en el árbitro de la operación inmobiliaria más importante de España. Baraka ha logrado a golpe de talonario hacerse con la más importante operación inmobiliaria de Madrid y de Europa, comprando a 400 euros por metro cuadrado los derechos de reversión a un millar de familias de la asociación No Abuso dentro de la Operación Chamartín. Esta asociación aglutina a la mayor parte de familias propietarias de esos terrenos.

Aunque la firma del acuerdo se materializó en abril, de momento sólo ha desembolsado un euro por metro cuadrado, comprometiéndose a pagar el resto si el proyecto sale adelante. En total, 1,2 millones de euros de momento, que se convertirán en 480 millones de euros si finalmente el proyecto logra salir adelante.

 

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