Juicio por revelación de secretos a Roberto Macías, el sindicalista que denunció la corrupción en UGT

Este viernes 6 de marzo es la fecha señalada para la reanudación del juicio contra el ex empleado del sindicato UGT, Roberto Macías. Si la Fiscalía insiste en no aplicar al denunciante sindicalista la Directiva de Protección de Denunciantes de Corrupción, aprobada recientemente por la Unión Europea, el caso de las "facturas falsas" de UGt puede ser archivado, al permitir que se invaliden la mayor parte de los documentos que se han presentado como pruebas en la trama de las facturas falsas que se atribuyen al sindicato.

Según fuentes consultadas por elcierredigital.com,  es más que seguro que Fernando Soto (Fiscal Delegado de Anticorrupción en Sevilla) sea apartado del caso, y también sea reprobado disciplinariamente por parte de la Fiscalía General del Estado.

Fernando Soto, se niega a aplicar la citada Directiva de Protección de los Denunciantes de Corrupción a Roberto Macías, el sindicalista que destapó la trama de las facturas falsas presentadas por la federación andaluza de UGT para “justificar” las subvenciones destinadas a cursos de formación. Un denunciante para quien la fiscalía, sorprendentemente, pide tres años de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que entró en vigor el pasado 17 de diciembre, establece expresamente en su artículo 21.7 que “cuando una persona denuncie o revele públicamente información sobre infracciones que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, y dicha información incluya secretos comerciales, y cuando dicha persona reúna las condiciones establecidas en la presente Directiva, dicha denuncia o revelación pública se considerará lícita” y no será por tanto constitutiva del delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La causa destapada por Roberto Macías podría así estar en peligro en el caso de que la Ley de Protección de Testigos no le ampare. Hay que recordar que esta Ley, en teoría, ampara a los denunciantes de corrupción. En este caso el sindicalista denunció una trama de facturas falsas en la Unión General de Trabajadores (UGT) de Andalucía, pero su situación podría quedar en nada, ya que, sobre él, en cambio, pesa un delito de revelación de datos.

Tras destapar el caso de presunta corrupción, el sindicato UGT se querelló en el año 2013 contra él, acusándole de filtrar a los medios de comunicación las supuestas facturas falsas y las presuntas pruebas de la existencia de una caja B en el sindicato. La declaración de Macías fue clave para que el Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla imputara entre 1998 y 2013 a los máximos responsables de UGT-Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, por su “participación directa” en la presunta “financiación ilícita” del sindicato.

La corrupción que sobrevuela en UGT Andalucía

El sindicato UGT en Andalucía está encausado por la malversación de casi 48 millones de euros para financiarse ilegalmente. El sindicato socialista andaluz está actualmente dirigido por Carmen Castilla y la Justicia solicita para ella también cuatro años de cárcel y 60.000 euros por los "daños morales" ocasionados.

Además, también la excúpula de UGT está procesada. De hecho, el juez de Instrucción nº 9 de Sevilla procesaba en diciembre al exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otras actorce personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. El ex secretario general de UGT, Manuel Pastrana, no fue procesado por razones de salud y otras siete personas también fueron exculpadsa por no encontrar en ellos indicios de delito.

El exsecretario de UGT Francisco Fernández Sevilla fue procesado por fraude

Desde el año 2013 en UGT Andalucía se han cometido un gran número de presuntas irregularidades perpetradas por sus dirigentes. En su resolución, el juez concluye que "el cómputo global de las cantidades defraudadas" en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical, en los que se ha contado con la información documental necesaria, asciende a 40.750.047,74 euros”.

Por su parte, significativamente, la Fiscalía Anticorrupción que investiga este caso de corrupción en el sindicato solicitó en paralelo una pena tres años de prisión para el denunciante Roberto Macías. Le acusa de copiar del servidor informático de la central sindical unos 22.500 archivos de la carpeta “compras-confidencial”, el 7 de noviembre de 2012, entre los que había facturas de diversos proveedores. Por eso, el caso de corrupción de UGT puede quedar en nada sino se aplica a este denunciante la reciente Ley de Protección de Testigos para estos casos de corrupción.