Fraude discapacitados: Ex trabajadores denuncian malas prácticas laborales en la OID

Después de que de que este medio desvelara la deuda de 86,2 millones de euros que la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) tiene contraída con la Agencia Tributaria y se descubrieran otros impagos que la sociedad que trabaja por la caridad tenía con otras entidades, como era el caso del la Tesorería de la Seguridad Social de las Islas Baleares, al CierreDigital.com han llegado un gran número de testimonios que quieren contar lo que sucedía en el seno de esta empresa “sin ánimo de lucro”.

Una organización en la que su ex fundador, Dionisio González Otero había logrado administrar una docena de sociedades. En algunas de estas también tenían parte su mujer Victoria Salas Sainz y el hermano de esta. Las empresas, como en la OID, la familia de Dionisio tenían una presencia y una participación activa.

Actualmente la Organización de Impulsora de Discapacitados se encuentra liquidada tras lo dictaminado por el Juzgado de lo Mercantil de Toledo el pasado septiembre. La jueza Lorena África Sánchez ordenó la suspensión administrativa de la OID por las deudas que acumulaba, expuestas anteriormente. Ya en 2017 el mismo juzgado dictaminó la misma medida que ahora se ha llevado a cabo.

OID ofreció más de 50 puestos de trabajo en la localidad de Alcañiz.

Antes de ser liquidada la organización benéfica llegó a contar con más de 4.000 trabajadores repartidos en diferentes puntos de la geografía española. Los aspirantes a vendedores llegaban hasta la OID a través de una oferta de empleo que se publicaba en un famoso medio de anuncios de todo tipo. En este anuncio se especificaba que el candidato debería ser discapacitado, tal y como reconocen varios testigos. Aunque, como se mostrará más adelante, se acabó aceptando a jóvenes con discapacidad y sin ella.

El siguiente paso para la acceder al puesto de vendedor es una reunión, donde se hacen unas preguntas muy generales, como ha explicado un testigo a ElCierreDigital.com Tras esto, se les hace firmar un documento que es un compromiso de voluntariado, con lo cual la empresa no está sujeta a pagarle al trabajador la Seguridad Social.

Un caso que llegó a ser denunciado en un juzgado

El salario del empleo consiste en un porcentaje de la venta del boleto de lotería, principalmente un 30% del precio total del coste del billete.

“En ningún momento te avisan que no estás dado de alta en la Seguridad Social y como la mayoría de personas que vamos allí no conocemos nuestros derechos no conocíamos ni tan siquiera que estábamos sin asegurar. Te hacen trabajar por ejemplo más de 12 horas para luego percibir 6 euros.”, así lo relata Diego Nevado, ex trabajador de Valencia de la OID.

“Yo fui elegido sin tener ningún tipo de discapacidad. Únicamente estaba desempleado, lo que ellos consideran un discapacitado social. Mi relación con la OID se rompe a raíz del trato inadecuado que recibo por parte de la delegada en Valencia y por la precariedad con la que tengo que hacer mi trabajo.”, afirma Diego.

Diego vendiendo lotería de la OID.

“Después de estar trabajando mucho tiempo y tras pedir la vida laboral descubro que desde abril de 2014 hasta agosto de 2015, el periodo en el que trabajo en la Organización, no tengo ni un día cotizado en la Seguridad Social. Por ende, presento una demanda de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SCAM).

La empresa no comparece en la citación y me veo obligado a solicitar un abogado de oficio. Con él redacto una demanda laboral por cotizaciones. La demanda se admite. Pasan años y se celebra el juicio. Este día el abogado de la empresa decide reunirse con mi letrada para ver si hay un acuerdo. Finalmente, me pagan 800 euros a modo de indemnización”, narra David, un ex empleado de OID.

“Un día decido marcharme de la organización y escribo un post en una red social contando mis pretensiones y que quiero ir a la televisión a declarar todo lo que he vivido dentro de la OID. Este mensaje llega a manos de la ex presidenta, María Victoria Salas, la cual me responde de la siguiente forma: Eres un ignorante, atrevido, desagradecido, vago que solo te mereces estar en la calle. Espero que la ONCE coja a todos los que son como tú porque en dos días la desacreditaréis y hundiréis el monopolio. Y todos los tragones que comen en manos de la ONCE desaparecerán. Que Dios se apiade de la discapacidad cerebral que tienes”, relata con dolor todavía Diego.

Por estas afirmaciones el Jugado de primera instancia número 4 de Valencia condeno a la señora Salas a una indemnización de 600 euros. Aún así la sentencia no es firme porque la acusada y el demandante han recurrido. Según ha contado este trabajador a este medio.

Una silla de ruedas que nunca llegó

Otro de los agravados por la Organización Impulsora del Discapacitado es el caso de otro ex trabajador de Orihuela, Samuel Grau. Samuel acudió a la entidad sin “ánimo de lucro” para ayudar económicamente a su familia. Y contacta con la OID a través del mismo anuncio de empleo al que accede Diego. Pero en este caso Samuel si es discapacitado. Padece una enfermedad que le lleva a moverse ayudado por una silla de ruedas eléctrica.

Esta organización le ofreció a Samuel comprarle una silla de ruedas nueva si reunía 500.000 cupones no premiados pero nunca cumplieron su promesa. “Nos dieron largas. Nos decían que estaban en ello. Hasta que ya desesperados no pusimos en contacto con la sede en Talavera de la Reina y nos comunicaron que era imposible lo de la silla de ruedas porque nosotros exigíamos un modelo muy caro. Cosa que es incierta. En ningún momento hablamos de modelos de sillas de ruedas. Solo queríamos lo que nos prometieron.”, asevera la madre de Samuel.

Samuel, ex trabajador de la OID.

“Se aprovecharon de nuestro esfuerzo. Implicamos a toda la familia y a todos los amigos en esto para conseguir la silla a Samuel. Hasta iba a otras localidades para recoger lo boletos. E incluso un periódico local de Callosa del Segura pusimos un cartel con la foto de mi hijo para poder recoger todos los boletos”, recuerda la madre.

“Solamente recibimos de ellos malas palabras a través de un comentario que la empresa hizo en un periódico.”, afirma la madre del ex trabajador. Todos los jóvenes que acudían a la organización a buscar trabajo se encontraban en una situación de extrema vulneración económica.