28 de septiembre de 2020
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FIN DE SEMANA

La oposición de Macri ha denunciado en los Juzgados el intento del Gobierno de Alberto Fernández de quedarse con esta compañía

Pelea por la expropiación de la empresa agroalimentaria Vicentin, pilar de la precaria economía de Argentina

La empresa agroalimentaria Vicentin.
La empresa agroalimentaria Vicentin.
La expropiación de la empresa Vicentin en Argentina ha desatado una pelea política entre Gobierno y oposición de aquel país que ha llegado incluso a los tribunales, cuando la oposición de Mauricio Macri ha denunciado las maniobras del Gobierno de Alberto Fernández para adquirir por Decreto el 51 por ciento de la multinacional.

Desde que comenzó la crisis económica han sido varias las propuestas para decidir el futuro de la empresa agroexportadora, Vicentin, en Argentina. Entre ellas, el presidente peronista, Alberto Fernández, propuso la intervención estatal y expropiación del Grupo Vicentín. Sin embargo, el gobernador de Santa Fe, donde tiene base la compañía, Omar Perotti, declaró que el Presidente “está dispuesto a escuchar alternativas superadoras a la expropiación”.

Vicentin SAIC es una de las empresas más importantes del país. A pesar del déficit es la compañía agroexportadora más grande de Argentina, junto con Capital Argentino, de dueños extranjeros. Vicentin se ubicó en la primera posición de subproductos y aceites. Domina el negocio de las oleaginosas, con una capacidad de 20.500 toneladas diarias y ventas de 300 millones de dólares USA, según datos ofrecidos por parte del Gobierno argentino.

Declaraciones de Alberto Fernández.

El fondo del problema es la deuda del consorcio alimentario, que debe a la banca pública y privada aproximadamente 1.350 millones de dólares. Es por ello que, la intervención por parte del Gobierno será de 60 días y ya fue enviado al Parlamento un proyecto de ley para la expropiación. La decisión por parte del presidente surge en un contexto frágil económico a raíz de la pandemia provocada por el Covid 19.

Para proceder a la expropiación el presidente Fernández publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 que lleva su firma y establece una intervención transitoria,” con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”.

Si el proyecto de Ley fuese aprobado, el Estado pasaría a posee el 51% de las acciones de la empresa Vicentin, y funcionaría como una sociedad mixta junto a la empresa YPF Agro. Este ente agroindustrial se convertiría en receptora de capitales mixtos, de la firma energética YPF controlada por el Estado.

"En el Congreso tendrán oportunidad de compararnos con Venezuela o con el infierno", dijo el presidente Alberto Fernández, anticipándose a la reacción opositora.  Por otro lado, Juntos por el Cambio (JxC), el partido de Mauricio Macri, expresidente de Argentina ahora en la oposición, acudió a los tribunales en defensa de la empresa Vicentin.

"El anuncio es peligroso, ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares", dijo el diputado Mario Negri, de la coalición de derechas Juntos por el Cambio que lidera el expresidente Mauricio Macri.

El expresidente Mauricio Macri.

De momento, la empresa también está investigada por fraude al Estado por créditos millonarios por el Banco Nación. Además, la empresa Vicentin fue uno de los principales benefactores de la campaña presidencial de Macri (2015-2019).

Con una economía devastada, la decisión del presidente Alberto Fernández crea incertidumbre para los trabajadores de la empresa. Asimismo, para el resto de negocios susceptibles a la quiebra. Segun la fundación Observatorio Pyme, 143.000 pequeñas y medianas empresas no podrán pagar los salarios y gastos fijos. De hecho, unas 35.000 empresas están considerando cerrar su negocio.

La declaración del presidente de la República, “no está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas”, dijo, viene a ratificar que el Estado no puede hacerse cargo de la economía privada.

La Constitución argentina "prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de personas o gobierno alguno". Los opositores de JxC se animaron, incluso, a decir que quienes tomen una decisión como la de expropiar a una empresa, que según ellos es inconstitucional, “serán considerados infames traidores a la patria”.

Para los denunciantes no hay motivos que “justifiquen la intromisión del Poder Ejecutivo en un procedimiento concursal, más que como parte, si tuviera un interés legítimo”. El Presidente Alberto Fernández se defendió en las últimas horas declarando que ese argumento “es un disparate” jurídico. Para mayor relevancia la denuncia del partido de Macri cayó en el juzgado de la conocida jueza María Servini.

Todo comenzó el pasado 14 de diciembre cuando la empresa anunció públicamente a sus acreedores el cese de pagos. Los pasivos totales de la firma ascendían entonces a unos 1.500 millones de dólares USA. El principal acreedor es el Banco de la Nación Argentina.

La compañía mantiene una deuda comercial por adquisición de granos, siendo el principal acreedor en este grupo es la Asociación de Cooperativas Argentinas, con casi el 20% de la deuda comercial por adquisición de granos. 

Según los informes oficiales, la facturación de Vicentin S.A.I.C excedía hasta 2019 los 4.200 millones de dólares USA anuales. La empresa emplea alrededor de 6.000 trabajadores. De ellos, 2.195 corresponden a la industria aceitera (1.283 a Vicentín SAIC, 806 a Renova SA, 58 a Renopack SA y 48 a Patagonia Bioenergía SA); 920 de la algodonera; 376 de la vitivinícola y 2.057 de la frigorífica.  Los 1.300 empleos directos de Vicentin peligran ahora por el concurso de acreedores.

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