Nueva crisis sanitaria en las cárceles españolas: Un brote de Covid-19 afecta a la estratégica prisión de Ocaña

El primer caso de coronavirus en el Centro Penitenciario de Ocaña I fue detectado el pasado 2 de marzo en un interno que presentaba síntomas relacionados con Covid-19 en el momento en que iba a salir en libertad. Tras realizarle una prueba diagnóstica dio positivo y tras la noticia, se realizaron test a varios internos del mismo módulo, denominado Patio General, dando un resultado de 17 nuevos casos positivos, según informan desde el sindicato ACAIP.  

Cinco días después, un interno de un módulo diferente empezó a tener síntomas, y un test de antígenos confirmó el nuevo positivo por coronavirus. Los reclusos de este módulo no estaban confinados y habían estado realizando actividades, como la salida a los talleres productivos.  A consecuencia de ese positivo, se efectuaron más pruebas que dieron lugar a otros cinco nuevos casos. Desde la prisión, informan que, dada la estructura arquitectónica del centro, se prevé que aparezcan nuevos casos a lo largo de las próximas horas.   

"Nadie se hace responsable de los trabajadores" 

MUFACE, encargada de la asistencia sanitaria de los funcionarios públicos "no se ocupa de hacer pruebas diagnósticas a los trabajadores que han estado en contacto con los internos contagiados. Ellos señalan que es responsabilidad de la sanidad pública, y que solo es competencia suya en el caso de que se presenten síntomas. Por otro lado, la sanidad se despreocupa del brote porque los funcionarios públicos no forman parte de su ámbito de cobertura", añaden desde ACAIP.  

Según declaraciones de los trabajadores, ven "indignante" que ellos mismos tengan que "buscarse la vida" para saber si están contagiados a pesar de la gravedad del brote. Los funcionarios se ven atrapados en un "limbo administrativo" del que ningún organismo se hace responsable, teniendo que abonar ellos mismos, en muchos casos, el coste de las pruebas.  

La empresa ASPY, contratada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el seguimiento de contactos, ha levantado la cuarentena de los ocho trabajadores que podrían haber estado en contacto con los primeros casos de internos positivos. El confinamiento ha sido levantado por la empresa al no ser contactos estrechos de los internos contagiados y por tanto, les "obligan a trabajar sin haberles realizado previamente ninguna prueba de detención del coronavirus y sin realizar un informe por escrito", denuncian desde ACAIP.  

La empresa ASPY "no se ha hecho tampoco responsable en ningún momento del brote y los funcionarios no han recibido ninguna llamada por parte de ellos para estudiar el contacto que han tenido con los internos, a pesar del elevado número de casos y la elevada exposición a la que han sido sometidos, poniendo en riesgo su salud. Además, los trabajadores resaltan que solo se les proporcionaban 4 mascarillas quirúrgicas para 40 horas de trabajo, cuando la normativa señala que el máximo de duración de este tipo de mascarillas es de 4 horas", según ACAIP.   

Dos brotes anteriores en el centro 

El servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha ya se ocupó de realizar PCR a los internos y trabajadores que habían estado en contacto con los reclusos que dieron positivo por coronavirus. Gracias a esta acción, se pudo evitar la transmisión y acabar con el brote en pocos días. Los funcionarios no entienden cómo no se les hacen pruebas PCR cuando la provincia tiene una incidencia acumulada menor y ha bajado la saturación sanitaria.  

Plan de vacunación `suspendido´  

Sanidad de Toledo ha suspendido la administración de la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca que se iba a realizar el pasado viernes 5 de marzo a los trabajadores del centro menores de 55 años y que suponen casi un tercio de la plantilla. El motivo de la suspensión es que no saben con exactitud la magnitud del brote y hasta dónde puede llegar.  

Exterior del Centro Penitenciario Ocaña I

Desde ACAIP destacan "la gran profesionalidad, implicación y buen hacer" de todos los trabajadores penitenciarios durante el año de la pandemia, asimismo defienden que si desde algún organismo "dejaran de pasarse la pelota unos a otros" y velasen por la salud de los funcionarios, sabrían cuántos casos hay de Covid-19 en el centro penitenciario Ocaña I y podrían reanudar el plan de vacunación.  

Andalucía pide también vacunas

Desde el sindicato ACAIP de Andalucía también han pedido que se vacune a los funcionarios mayores de 55 años. "Hemos solicitado tanto al Ministerio, como a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que se prevea esta circunstancia y se programe, con las otras vacunas disponibles, una estrategia de vacunación simultánea para que todos los trabajadores penitenciarios puedan quedar protegidos ante la COVID 19", dicen desde ACAIP.

"Hay que destacar que uno de los principales vectores de contagio en un entorno cerrado como es una prisión, es el personal que accede desde el exterior por lo que, no tener en cuenta la media de edad de los trabajadores penitenciarios, así como las patologías previas que los integrantes de la plantilla y aquellos que ya han padecido la Covid-19, y la vacunación completa de todos ellos, podría suponer que no se cumpliera el objetivo de preservar la salud de internos y trabajadores al quedar más de un cuarto de los trabajadores sin poder acceder a la vacuna de AstraZeneca", añade ACAIP.

Según manifiestan las fuentes sindicales, "la media de edad en la provincia de Huelva  de los trabajadores penitenciarios se sitúa por encima de los 46 años, siendo la media nacional de 49 años. Pero si tenemos en cuenta el género, nos encontramos que la media masculina en cada centro es más alta que la media provincial: En el centro penitenciario de Huelva es de 47 años y en el Centro de Inserción Social David Beltrán es de 51 años. Frente a la media de las funcionarias de prisiones que se sitúa en 43 años en la Ribera y en 44 años en el Centro de Inserción Social".

Estos datos "evidencian la necesidad urgente de completar las más de 2.500 vacantes que existen en Instituciones Penitenciarias para, por un lado, reducir esta media de edad con las nuevas incorporaciones, y por otro, adelantarnos a las jubilaciones que se prevén en los próximos años y suplir a los compañeros que pasen a segunda actividad", concluyen desde ACAIP Andalucía.