22 de septiembre de 2020
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FIN DE SEMANA

Enrique Hormigo, presidente de la Asociación de Detectives, asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez “da la callada por respuesta"

Los detectives privados piden ser servicio esencial ante el aumento de fraudes y delitos en España

La Asociación de Detectives Privados de España (APDPE) han pedido al Gobierno ser considerados servicio esencial para paliar las múltiples irregularidades y fraudes que están teniendo lugar ahora mismo en nuestro país por las especiales circunstancias, sociales y jurídicas, que se están produciendo con motivo de la pandemia de COVID-19.

Alzamientos de bienes, fugas de información confidencial, robos de material, bajas médicas falsas, solicitudes fraudulentas de ERTE, estafas al seguro, conductas irresponsables en el ámbito familiar… se están multiplicando al amparo de la situación extraordinaria creada por el Covid-19 y por el Estado de Alarma, según denuncian todos los colegios y asociaciones profesionales de detectives privados de España. “El impacto económico y social es incalculable y pone en riesgo los objetivos de recuperación tras la pandemia”, avisan.

 “Despachos de detectives privados de toda España están recibiendo peticiones de ayuda de ciudadanos y empresas que se ven impotentes para frenar conductas y actuaciones, tanto de personal interno como externo, constitutivas de delitos perseguibles a instancia de parte. La repercusión económica de estas prácticas irregulares puede provocar el cierre irreversible de industrias y comercios. Además, afecta ya a las arcas del Estado, como se ha visto en varios casos recientes de compras millonarias de material sanitario a través de empresas sin garantías”, explica en un comunicado la Asociación de Detectives de España.

 

Para Enrique Hormigo, Presidente de la Asociación de Detectives de España, que ha hablado con Elcierredigital.com lo peor de esta situación es la incertidumbre: “En el Real Decreto del 14 de marzo, no está expresamente prohibido que sigamos con nuestra actividad que está regulada por la Ley 5/2014 del 4 de abril de Seguridad Privada”.  “Según el Real Decreto del personal de seguridad privada sí se podría hacer uso acogido a esta norma, pero no hay una mención expresa a si no podíamos o no”, añade. “Solicitamos una consulta al gobierno, pero sólo nos han respondido de forma verbal. No se atreven a decirlo por escrito. Se remiten al Real Decreto. Podemos ir al despacho, pero eso no sirve de nada ya que la mayoría de nuestras actividades se realizan en l calle”, explica.

Asegura también que el Ministerio de Interior, “da la callada por respuesta. Ni siquiera un recibí”. “El último requerimiento que hemos enviado es para presentarnos de forma altruista para colaborar con los Cuerpos de Seguridad del Estado, dado que somos seguridad privada y en el preámbulo y el artículo 4 de la ley que nos regula recuerda que somos parte integrante de la seguridad pública”, añade.  

Además, clientes particulares y abogados de familia les han mostrado también su preocupación por la falta de control en las custodias de los menores y sobre las condiciones en las que están pasando su confinamiento, a menudo al cuidado de personas de grupos de riesgo, como los abuelos. Preocupación que se ha agravado en los últimos días como consecuencia de la vuelta al trabajo de nuevos sectores económicos y la salida a la calle de los menores de catorce años.

 Aunque los detectives privados son los únicos facultados para la investigación de estos asuntos, “la lectura restrictiva del Estado de Alarma, por parte de los responsables de Interior, los mantiene confinados en sus domicilios al no considerarlos un servicio esencial, e impide los imprescindibles trabajos de campo, multiplicando la sensación de impunidad de los infractores”.

Enrique Hormigo, Presidente de la Asociación de Detectives de España.

Todos los colegios y asociaciones profesionales de España han presentado de forma conjunta un escrito ante los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia para que se considere a los detectives privados como un servicio esencial y puedan regresar a las calles con todas las garantías jurídicas. De esta manera, según los firmantes, se podrán cumplir los objetivos de servicio a la ciudadanía y de apoyo a las autoridades.

 Los detectives sostienen que “solo así se garantiza el derecho fundamental de defensa de sus clientes”. En la actualidad, se ven imposibilitados para reunir pruebas válidas ante la Justicia sobre delitos e infracciones en los ámbitos económico, laboral, mercantil, financiero, social, personal y familiar, como recoge el artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada. Situación que causa indefensión y que puede complicar la saturación de los juzgados en los próximos meses.

Además, y como ya se ha indicado, la labor de vigilancia y seguimiento de los detectives podría suponer una ayuda valiosísima para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el control de las actuaciones contrarias al estado de alarma. En algunos países europeos se está dando ya esta colaboración con muy buenos resultados.

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