06 de diciembre de 2021
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FIN DE SEMANA

El Sindicato Unificado de Policía califica el pacto entre PSOE y Unidas Podemos de "retahíla de propuestas irracionales" y piden que den marcha atrás

Los policías contra la derogación de la 'Ley Mordaza': "Coarta nuestra operatividad y nos pone en riesgo"

Policía Nacional.
Policía Nacional.
El acuerdo alcanzado entre Unidas Podemos y PSOE para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como 'Ley mordaza', ha provocado el malestar de diversos sectores de la Policía Nacional que califican el pacto de "retahíla de propuestas irracionales". La garantía del derecho a la manifestación o la limitación del uso de los materiales antidisturbios son algunos de los puntos que más recelo han suscitado entre agrupaciones policiales que piden que no se "desguace" la Ley actual.

Aumenta la preocupación de los sindicatos policiales tras el pacto entre PSOE y Unidas Podemos para derogar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en el año 2015 por el Partido Popular de Mariano Rajoy.  La reforma de la también conocida como 'Ley Mordaza' es, a juicio del Sindicato Unificado de Policía (SUP), "una retahíla de propuestas irracionales, algunas de imposible cumplimiento, que coartan la operatividad de la policía y ponen en riesgo a los agentes".

La agrupación policial cree que la derogación de esta norma llega en un momento especialmente complicado, en una situación de excepcionalidad sanitaria y con un incremento de agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello sostienen que el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición "deja vendidos a los policías" y piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que dé marcha atrás "en sus intenciones de desguazar" una ley que durante la etapa más dura del confinamiento se utilizó para proponer más de un millón de multas.  

Manifestaciones espontáneas

Entre los puntos que pretende abordar el pacto acordado por los socios de Gobierno consta la garantía del derecho de manifestación, debiendo comunicarse únicamente aquellas "de eventos previstos y previsibles". La no comunicación de este tipo de manifestaciones serán sancionadas como falta leve, mientras que no será necesario informar sobre aquellas que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez. 

Policía Nacional. 

Para el SUP, permitir que se celebren "manifestaciones espontáneas", sin comunicarlas previamente ni advertir sus recorridos, "atenta contra las libertades del resto de ciudadanos y pone en peligro a los policías obligados a intervenir". Asimismo, advierten que la limitación del uso de material antidisturbios, como el de las pelotas de goma, "anula su función disuasoria frente a los violentos y deja indefensos a los policías y de paso a los ciudadanos".

Reducción de las infracciones

Desde que se hiciera público el acuerdo alcanzado, las organizaciones ven con preocupación los detalles que se van adelantando sobre una norma que el Gobierno de coalición se ha comprometido a derogar. "La reducción de infracción grave a leve de la posesión de sustancias estupefacientes es una decisión poco acertada que probablemente sirva de efecto llamada al consumo de drogas" señalan desde el Sindicato Unificado de Policía.

Pero, además, sostienen, "la novedad de multar a los infractores según la capacidad económica del mismo, no sólo es discriminatorio para los ciudadanos sino que acaba con la capacidad coercitiva de las multas y otorga impunidad a los infractores que hallen la  manera de justificar una situación económica menos holgada que otros".

Igualmente, el nuevo proyecto del Gobierno reduce el tiempo de detención sin justificación de seis a dos horas, algo que los policías consideran que es "realizar labores de taxistas". "Es una propuesta inviable, que no tiene en cuenta la carga de trabajo y los policías disponibles en comisaría para atender esas tareas administrativas. Además de no disponer de tiempo material para cumplirlo, obligará a retirar a policías destinados a tareas más relevantes para que hagan de taxistas para los indocumentados".

Por todo ello señalan que la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno con la ayuda de sus socios "perjudicará el trabajo policial creando inseguridad jurídica en los agentes, además de abrirle las puertas del campo a los violentos".

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