09 de julio de 2020
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FIN DE SEMANA

Lo hizó el 24 de marzo, pero Sanidad había establecido ya todos los protocolos necesarios y dado órdenes para recluir a los ancianos en estos centros

Pablo Iglesias intentó culpar del caos sanitario en las residencias a las Autonomías usando el BOE

El vicepresidente Pablo Iglesias.
El vicepresidente Pablo Iglesias.
La Fiscalía Anticorrupción recibió el pasado lunes una solicitud de ampliación de la denuncia presentada en su sede hace escasos días contra el Gobierno por la gestión en las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus. En la ampliación se recoge como la responsabilidad de la Administración en las residencias fue eludida, aunque tarde, por el vicepresidente Pablo Iglesias para que y le echó la patata caliente a las Comunidades Autónomas. Así lo recoge el BOE del 24 de marzo.

El Ministerio de Sanidad a instancias del Vicepresidente Segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ideó y maquinó una supuesta protección legal del Gobierno, trasladando las competencias a las Autonomías en una orden ministerial publicada en el BOE del 24 de marzo. 

Estos nuevos documentos se han puesto ya a disposición de la Fiscalía Anticorrupción para ampliar la demanda interpuesta hace escasos días contra la gestión del Gobierno, sin especificar cargos ni ministros. "Las residencias se convirtieron en auténticos centros de la muerte, a modo de centros de exterminio geriátricos; pero si lo anterior es gravísimo, no lo es menos conocer que quienes redactaron tal gu

La orden del BOE de 19 de marzo.

ía de actuación, que se escudan en el anonimato, eran conocedores del destino final de muchos de los ancianos infectados por COVID-19, ¡LA MUERTE'", se puede leer en la misma.

La mayoría de las víctimas del coronavirus en España han sido personas mayores que estaban acogidas en residencias. El Gobierno y los responsables del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias podrían ser responsables, según esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, de cómo se han gestionado estos centros de mayores durante  esta grave crisis sanitaria con más de 17.000 ancianos fallecidos.

El 5 de marzo de 2020 el ministerio de Sanidad que ya conocía la peligrosidad del coronavirus, sobre todo, entre la población que tenía más de 65 años, publicó un plan oficial de contingencia para "recluir" a los ancianos que estaban en internos en las residencias españolas ante el posible rebrote del Covid-19. En el período entre el 5 de marzo y el 14 de marzo, se llevaron a cabo diversos eventos públicos cuando el coronavirus ya estaba llamando a las puertas de las residencias de España y ya se había elaborado un plan para "recluir" a los ancianos en sus habitaciones de estos centros socialsanitarios.

Tal y como publicó en su día Elcierredigital.com el primer informe elaborado por Sanidad fue fechado el día 5 de marzo y fue titulado como "Documento Técnico. Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el Covid-19". A lo largo de nueve páginas explicaba que “al tratarse de una enfermedad transmisible se deben extremar las medidas de precaución”.

Ese plan se plasmó en el BOE del 19 de marzo en su Apartado Segundo, donde se disponían “medidas relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes Covid-19 en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios”. Las personas afectadas por esta regulación se clasificaban de la siguiente manera:

“a) Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19.

  1. b) Residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19.
  2. c) Residentes con síntomas compatibles con el COVID-19
  3. d) Casos confirmados de COVID-19. Esta clasificación debe realizarse en cada centro con carácter urgente, y a más tardar en el plazo de un día desde que se publique esta orden”.

Además, se preveía que “en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve, debe ser aislado del resto de residentes”.

Orden del 24 de marzo.

También se recogían los siguientes supuestos: En el caso de que haya más un residente con infección respiratoria aguda leve, y no sea posible el aislamiento individual, puede recurrirse al aislamiento por cohorte.

  1. En el caso de residentes con diagnostico COVID-19 confirmado, debe ser aislado del resto de residentes.
  2. En el caso de que haya más de un residente con infección confirmada por COVID-19, puede recurrirse al aislamiento por cohortes.
  3. En cualquier caso, estos residentes, casos posibles o casos confirmados de COVID-19, deben mantenerse aislados del resto de residentes.
  4. En el caso de que las condiciones del centro lo permitan, es preferible el aislamiento vertical o por plantas, como criterio de agrupación preferible para cada uno de los grupos de residentes señalados en punto 1. El centro debe utilizar la sectorización de incendios ya definida como área de ubicación de cada uno de los grupos señalados, salvo que esto no sea posible por el tamaño de la residencia.
  5. El centro deberá atender especialmente, el mantenimiento en la zona de aislamiento que le corresponda a aquellas personas deambulantes o errantes, con trastorno neurocognitivo, de manera que se le permita deambular sin que le resulte posible salir de esa zona de aislamiento, evitando la utilización de sujeción mecánica o química”.

Competencias a las autonomías

Pero el BOE del 24 de marzo se publicó una nueva orden del Ministro de Sanidad a propuesta del Vicepresidente Segundo y ministro de Derechos Sociales del Gobierno, Pablo Iglesias. En ella se dejaba ya claro que las competencias se transferían en su totalidad a las diferentes Comunidades Autónomas.

El su apartado Tercero, esta orden ministerial señala a los consejeros de salud autonómicos las intervenciones que pueden realizar de manera delegada. Entre ellas no está el traslado de ancianos a hospitales:

“Se faculta a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales objeto de esta Orden. Entre otras actuaciones, esta intervención podrá conllevar:

  1. a) Ordenar por motivos de salud pública justificados el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial de su territorio, con independencia de su carácter público o privado.
  2. b) Establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes.
  3. c) En los casos en los que un centro residencial cuente con pacientes clasificados en los grupos b), c) y d) del apartado segundo.1 de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, designar a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros.

A estos efectos, dicho empleado público dispondrá de los recursos materiales y humanos disponibles en el centro residencial intervenido, así como de los recursos vinculados con la actividad sanitaria asistencial que se presta de forma habitual a los residentes en el mismo.

De esta forma, el Gobierno de Pedro Sánchez, bajo la dirección del ministro de Derechos Sociales Pablo Iglesias, pasaba una incómoda patata caliente a las Comunidades Autónomas: La responsabilidad en la gestión de las residencias de mayores, lugares donde se han concentrado elmayor número de víctimas mortales por el Covid-19.

Esta decisión oficial obra ya en documentos en poder de la Fiscalía Anticorrupción, que ha recibido por ello una solicitud de ampliación de la denuncia que se presentó en su sede hace escasos días contra los gestores del Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión realizada en las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus.

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