04 de diciembre de 2022
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FIN DE SEMANA

Fuentes del Gabinete del presidente valenciano no niegan a Elcierredigital.com que la cita vaya a celebrarse en abril

Ximo Puig desmiente que adelantará elecciones a febrero para huir de la quema electoral de Sánchez en mayo

Exclusiva
/ Ximo Puig
El presidente valenciano Ximo Puig niega que vaya a adelantar las elecciones autonómicas a finales de febrero o principios de marzo. La hipótesis que corre por la capital del Turia señala que el dirigente socialista quiere huir de la quema electoral que se le presume a su partido en las municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.

"Las elecciones no serán en febrero de ninguna manera". Así lo afirman desde el Gabinete del presidente valenciano Ximo Puig a Elcierredigital.com después de que por la capital del Turia esté circulando la hipótesis de un adelanto electoral que tendría por objetivo huir del desgaste municipal y autonómico que se le presume al PSOE de Pedro Sánchez para el próximo mes de mayo. 

Aun así, fuentes del PSPV-PSOE no desmienten a este medio que el presidente autonómico baraje un adelanto electoral para abril, mes que ya fue escogido por Puig para adelantar la cita electoral de 2019

Eventos

Los socialistas quieren aprovechar la grave crisis interna que sufre Compromís después de que la sustituta de Mónica Oltra en la vicepresidencia valenciana, Aitana Mas, haya destituido a una consejera (Mireia Mollà) que es a su vez rival interna en una de las patas de la coalición nacionalista, Iniciativa. 

Puig también intentará rentabilizar electoralmente algunos eventos multitudinarios fechados para enero (la salida y llegada de la competición de vela The Ocean Race en Alicante y FITUR, en la que tendrá gran relevancia la Comunidad Valenciana)

El PSPV-PSOE, por lo pronto, ha intentado frenar el ascenso demoscópico del PP rebajando impuestos a las rentas menores de 60.000 euros para enfado de La Moncloa, que se encontraba en guerra contra las autonomías 'populares' que habían realizado rebajas fiscales. 

Los socialistas confían en la imagen de Puig y en el desconocimiento que tiene gran parte de la ciudadanía sobre el nuevo líder del PP, Carlos Mazón. El presidente de la Diputación de Alicante quiere dejar atrás la imagen del PP asociada a la corrupción y aprovechar el desgaste del Pacto del Botànic a cuenta de algunas polémicas que afectan al Govern. 

Limpieza interna

Puig se aleja de Sánchez a pesar de que este realizó un acercamiento al valenciano en 2021 al echar a José Luis Ábalos y nombrar como ministra a Diana Morant. Además, el presidente del Gobierno ha relevado este año a la 'abalista' Gloria Calero como delegada del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana. 

Gloria Calero era una de los principales apoyos a José Luis Ábalos que se mantenían en pie tras la fulminación del exministro de Transportes. La exdelegada del Gobierno en Valencia contaba con 11 asesores afines al 'abalismo', sector minoritario dentro del PSPV ante el sector oficialista controlado por el presidente autonómico Ximo Puig.

Puig ha conseguido que Sánchez sitúe como delegada del Gobierno en Valencia a una persona cercana a su corriente, Pilar Bernabé, que ha decidido relevar a ocho de los once asesores afines a Ábalos, cuyos partidarios finalmente decidieron no presentar a un candidato alternativo al presidente valenciano en las últimas primarias. 

Polémicas que afectan a la Generalitat Valenciana 

La Agencia Valenciana Antifraude le está complicando la vida a Puig, al que le han afeado que un contrato adjudicado a la Cadena SER contiene diez irregularidades. La adjudicación fue concedida por la Presidencia de la Generalitat de Valencia a la emisora a cuenta del patrocinio del evento 'Congreso del Bienestar', que se desarrolló en el Palau de les Arts de la capital valenciana en enero de 2020. 

Durante tres jornadas varios potentes reflexionaron sobre política, sexo, artes o comedia. Y la lista de invitados estuvo marcada por la afinidad ideológica con el PSOE: el propio Ximo Puig (que abrió el evento), el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Eduardo Madina, Manuela Carmena, Soledad Gallego-Díaz o Àngels Barceló. 

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Pedro Sánchez y Ximo Puig. 

Presidencia apostó por otorgar un contrato de patrocino negociado sin publicidad pro valor de 211.750 euros (IVA incluido). Y el pasado año volvió a adjudicar un patrocinio a un evento de similares características por la misma cuantía. 

La Agencia Antifraude señaló que "el contenido y los ponentes del congreso parecen apuntar hacia el patrocinio de la gestión de Gobierno" y que "en ningún caso consta el impacto y el objetivo obtenido", que supuestamente era la promoción de la Comunidad Valenciana. 

Este 2022 Prisa tampoco se ha ido con las manos vacías ya que Presidencia de la Generalitat patrocinó los Premios Ortega y Gasset de El País, que fueron entregados el pasado mes de mayo, con 193.000 euros. El expediente se resolvió con carácter urgente y por el procedimiento negociado sin publicidad. 

La memoria que justifica la inversión señala que este evento es "indirectamente una publicidad para la Generalitat Valenciana y por extensión de la ciudad y del recinto en el que se celebra, o dicho de otro modo, un retorno publicitario, tal como exige el tipo legal del contrato de patrocinio".

También la Agencia Valenciana Antifraude ha denunciado el pacto de precios de siete productoras valencianas que trabajan para la televisión autonómica À Punt. Entre ellas se encuentra la del hermano del president, Francisc Puig, máximo responsable de Comunicacion dels Ports. 

Otras productoras, Kriol Produccions y Canal Maestrat, fueron investigadas por Antifraude por un posible caso de falseamiento de proyectos y de gastos para llevarse una subvención de 23.000 euros. Casi 9.000 euros de esos gastos fueron a parar a los bolsillos de Comunicacions dels Ports por diversos conceptos técnicos. 
 
Ximo Puig también recibió críticas porque votó a favor de un decreto que permitió al Instituto Valenciano de Finanzas aprobar una quita de 1,3 millones de euros al Grupo Zeta para que se hiciese con Mediterráneo, diario castellonense del que el político es accionista minoritario. 
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