‘Fiesta Funcionarios’: El Tribunal de Cuentas investiga los 100.000 euros públicos pagados a Dani Martín en el polémico acto de Canarias

Tras diversas denuncias por el gasto efectuado en el polémico congreso formativo para funcionarios habilitados nacionales celebrado entre el 16 al 19 de noviembre de 2022 en el sur de Gran Canaria, con un coste de 500.000 euros al erario público, que sufragó barra libre de copas, champán francés, suites de lujo en hoteles, peluquería y maquillaje, conciertos privados con fuegos artificiales en los que actuaron los artistas  Dani Martín —con un caché de 100.000 euros-—, Cristina Ramos y Benito Cabrera, el Tribunal de Cuentas ha acordado seguir investigando la financiación del evento por ayuntamientos grancanarios.

Según el auto de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas —tal como avanza en exclusiva El Cierre Digital—,  se estima continuar con averiguaciones sobre el pago del caché a estos tres artistas que participaron en la fiesta privada dirigida a los funcionarios. En concreto, este tribunal apunta al ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que en su día, bajo el mandato de la exalcaldesa socialista Concepción  Narváez,  aportó 400.000 euros, mientras que el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana contribuyó con 100.000 euros.

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas fue promovida por Grupo Político Municipal Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) en el citado ayuntamiento de San Bartolomé, en base a presuntas "irregularidades relacionadas con el pago de los gastos del congreso", como recogió nuestro diario.

Este encuentro —I Congreso de Administración Local y Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional Maspalomas Santa Lucía 2022— calificado de "despilfarro" por Coalición Canaria tras salir a la luz pública, fue asumido por el Consorcio Sur de Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre —una entidad dependiente del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana junto a otros cinco consistorios grancanarios—. En base a ello, el Tribunal de Cuentas indica en su auto el interés por ‘la inclusión del contrato celebrado en el objeto social del Consorcio, según lo dispuesto en sus estatutos’, en aras de dilucidar si esta institución debería o no sufragar la citada fiesta de lujo objeto de la denuncia.

Imagen de la sentencia de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

Además, este evento sumó otra polémica por la asistencia del entonces presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, quien respaldó la clausura del lujoso congreso junto a su compañera del PSOE, la exalcaldesa Narváez. Según declaran fuentes de esta formación, el acto supuso "un cisma político interno para el partido que acarreó una derrota electoral para el PSOE en San Bartolomé".

La Fiscalía cita a los alcaldes implicados 

La Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, bajo otras denuncias, instruye diligencias de investigación sobre esta fiesta para los habilitados nacionales y en una resolución del pasado 24 de octubre —al que ha tenido acceso El Cierre Digital— acordó tomar declaración, en calidad de denunciados, a los responsables municipales por San Bartolomé, Concepción Narváez, y al regidor del consistorio de Santa Lucía de Tirajana, Francisco Garcia (Nueva Canarias).

Según figura en el escrito judicial, el alcalde García junto a Manuel Lorenzo y Andrés Armas habría prestado declaración el 15 de noviembre, y la exregidora Narváez, junto a las interventoras municipales Tania y Noemí Noya Orgeira, declararó el día 16 también en sede judicial.

Imagen de la fiesta celebrada con motivo del Congreso Formativo para funcionarios habilitados nacionales/ Fotografía: elcierredigital.com.

Cabe recordar que en el expediente de contratación del Consorcio Sur para la Televisión Digital Terrestre —al que ha accedido este diario— consta que este congreso fue organizado bajo un "procedimiento de negociado sin publicidad mediante trámite de urgencia" al que sólo concurrió la mercantil adjudicataria Sonocom SL.

Según ha sabido este diario, esta licitación también ha sido denunciada ante la fiscalía. No obstante, hay que señalar que el resto de municipios integrantes de este Consorcio de Televisión no formaron parte de esta contratación pública.

"Un instructor del TC esclarecerá los gastos destinados a los tres artistas contratados"

En el auto del Tribunal de Cuentas(TC), la Consejera de Cuentas Elena Hernáez, en las Diligencias Preliminares que se incoaron a instancias del Actor Público [Coalición Canaria] ha resuelto elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que ésta proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un Delegado Instructor para la práctica de las diligencias sobre "este congreso de lujo para determinado público, con fiestas privadas, comidas, fuegos artificiales y el concierto privado de Dani Martín con un coste de 100.000 euros, y todo ello, financiado con dinero público".

Tal como expone el auto del TC, se requiere un delegado instructor "a los solos efectos de procurar un mayor esclarecimiento de los hechos, y sin que ello suponga en absoluto prejuzgar ahora la existencia o inexistencia de responsabilidades contables". Es decir, el TC apunta a que "el Instructor lleve a la práctica las actuaciones previas, pero únicamente en relación con la procedencia del gasto relativo a las actuaciones de los tres cantantes identificados en la denuncia, y a la inclusión del contrato celebrado en el objeto social del Consorcio, según lo dispuesto en sus estatutos, al ser en dicha fase de actuaciones previas en la que, con todas las garantías, se procederá a la investigación de los hechos y a su provisional individualización, determinando si los mismos pueden ser o no generadores de responsabilidad contable". 

No obstante, el TC señala que el actor público solicitó el nombramiento de Delegado Instructor en mayo de 2023, sin embargo, en estas Diligencias de Ordenación los Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana solicitaron el rechazo de esta pretensión encaminado al archivo. Por su parte, el Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre, demarcación Telde, así como el Ministerio Fiscal también pidieron el archivo de las actuaciones. Sin embargo, el propio Tribunal de Cuentas, tras analizar  estas diligencias, ha decidido seguir con el procedimiento para "cumplir con todas las garantías". 

‘El consorcio de TV no debe sufragar fiestas'

Tal como pone de manifiesto la denuncia de Coalición Canaria recogida en el auto del TC, se tramitaron los correspondientes suplementos de crédito por los Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, 400.000 euros, y de Santa Lucía de Tirajana, 100.000 euros, que dieron lugar a dos transferencias corrientes en favor del ‘Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre, demarcación Telde’, con objeto de tramitar el correspondiente expediente de contratación, y de adjudicar el contrato para la celebración del I Congreso de Administración Local FHN (funcionarios con habilitación nacional).

Es más, dice el TC que el actor público especifica que "los estatutos del Consorcio de TV señalan que su objeto es prestar el servicio de televisión digital terrestre local, pero no estaría dentro del objeto de este ente público la formación general de funcionarios ni los eventos que se añaden a esa formación en el contrato. El Consorcio habría tramitado el expediente de contratación de referencia vulnerando lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, y habría adjudicado el contrato con una notable celeridad, ya que el 14 de noviembre de 2022 se celebró la mesa de contratación, se adjudicó el contrato y se formalizó, y dos días después, el 16 de noviembre de 2022, comenzó el congreso".

Imagen de la fiesta celebrada con motivo del Congreso Formativo para funcionarios habilitados nacionales/ Fotografía: elcierredigital.com.

Finalmente, la denuncia hace hincapié en que "no parece posible a precios de mercado propios de la contratación pública, adjudicar un congreso de formación por importe de 500.000,30 euros para sólo cuatro días, cuando en ningún caso se pagó a los ponentes del citado congreso por sus presentaciones". Y añade que "si las jornadas empezaban a las 9:00 horas y finalizaban antes de las 14:00, según figura en el programa del citado Congreso, no se puede financiar con dinero público, comidas, cenas de galas, cóctel de bienvenida, cóctel de despedida, fiesta con cantantes, fuegos artificiales, champán francés. ¿Dónde están los fines públicos fuera de la jornada formativa cuando además ese disfrute ha sido para un determinado público?’, apostillan los denunciantes.