04 de junio de 2020
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FIN DE SEMANA

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso no publicó las penalizaciones hasta que se lo exigió el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Drama en las Residencias: Más de cien centros en la Comunidad de Madrid fueron sancionados en los últimos 5 años

Desde 2014 a 2019 más de 100 residencias fueron sancionadas por incumplir la ley
Desde 2014 a 2019 más de 100 residencias fueron sancionadas por incumplir la ley
El drama en las residencias de ancianos continúa. Casi 1 de cada 4 fallecidos por coronavirus en España eran usuarios de residencias en la Madrid. El año pasado la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas, hizo público que más de cien centros fueron sancionados por incumplir con la higiene, la escasez de personal y descuidar a los ancianos desde 2014. Los datos no fueron publicados hasta que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se lo exigió al gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La Fiscalía General del Estado investiga 110 residencias en toda España por las muertes en sus instalaciones de ancianos infectados por el COVID-19. La mayoría, la mitad aproximadamente, de estos centros se encuentrasn en la Comunidad de Madrid, donde el número de fallecidos en residencias de mayores a causa del coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad desde el 8 de marzo hasta hoy ronda los 6.000. Casi 1 de cada 4 fallecidos por coronavirus en España eran usuarios de residencias en la región. 

Pero la mala gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid, que ha provocado este drama viene de lejos, pues desde 2014 a 2019 más de un centenar de residencias de ancianos en la región fueron sancionadas por incumplir la ley. Hasta 130 centros sociales fueron penalizados, de los cuales 96 eran residencias y centros de día, 22 centros de personas con discapacidad y 12 residencias clandestinas. 

La infracción más grave fue la de la residencia 'Las Mercedes', que fue cerrada y sancionada con 353.000 euros tras arder por un colchón, mientras que otras residencias que también acumulaban sanciones siguieron abiertas.

Las sanciones fueron por falta de higiene, escasez de personal y por descuidar la asistencia a los mayores, una situación dramática que ya alertaba de la gravedad del asunto. Sin embargo, no se supo de estas irregularidades hasta que en julio de 2019 el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se vio obligado a abrir una actuación de oficio ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para que informase sobre estos expedientes sancionadores a residencias en la región.

A través de esta actuación la institución exigía conocer, además, los recursos y personal puestos a disposición de los usuarios y sus familiares para el desalojo de determinados centros. Por aquel entonces, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso trató de ocultar los datos sin éxito. 

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Las residencias de ancianos sancionadas en la región eran algo más de una quinta parte de los centros existentes

Asimismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado por la ley de transparencia, también instó en septiembre de 2019 a la Comunidad a facilitar otro tipo de datos relacionados con las residencias. Esta intervención acabó destapando que las residencias de ancianos sancionadas en la región eran algo más de una quinta parte de los centros existentes. 

Cabe recordar que anteriormente, el 16 de septiembre de 2016, los propios trabajadores de residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid se presentaron en la Asamblea de Madrid para denunciar la falta de higiene, el descuido en la asistencia, la escasez de personal o el hacinamiento en los centros que se estaba produciendo ante la pasividad de las autoridades.

La respuesta  del entonces consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo (PP), fue la siguiente: "Ladran, luego cabalgamos", para despreciar la denuncia de los trabajadores, unas palabras que fueron aplaudidas por la bancada de su partido.

El Defensor del Paciente denuncia "genocidio"

La semana pasada, la Asociación El Defensor del Paciente pidió al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, a través de una carta que, "de forma inmediata", se retiraran las competencias en asuntos sociales a aquellas comunidades autónomas con mayor número de usuarios de residencias de mayores muertos durante la pandemia del coronavirus, como Madrid, Cataluña o Castilla y León.

Su presidenta, Carmen Flores, se refirió a la situación con los ancianos de España como un "genocidio", destacando "especialmente en la Comunidad de Madrid". Según denuncia la Asociación El Defensor del Paciente, el coronavirus ha demostrado la "inacción" y "dejación" de funciones en materia de protección de los mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid.

En la carta, la asociación señala que se han producido "muchas muertes que ni queremos ni podemos obviar. Ustedes menos porque son los que tienen que poner orden y concierto. Y no vale lo de las transferencias están pasadas porque, por esa regla de tres, como están pasadas que nos vayan matando y ustedes mirando", subraya.

En este sentido, indican que "si alguien merece cuidado y mimo" son las personas mayores usuarias de centros residenciales, "porque además se paga y bien por cuidarlos y no dejarlos morir". Por ello, aseguran que "esperamos que tomen medidas inmediatas para acabar con esto, una sinrazón que se habría podido evitar en gran medida porque los ancianos no salen".

Enfrentamiento entre Cs Y PP

Isabel Díaz Ayuso ha reconocido recientemente que el modelo de residencias actual "hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias y humanizarlo, para garantizar así la mejor asistencia". La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura están trabajando en un ambicioso Plan de Atención Integral de Longevidad, Fragilidad y Soledad enfocado a los ancianos.

Pero la situación a día de hoy sigue siendo la misma y Madrid sigue sin atender las necesidades sanitarias más urgentes en las residencias de ancianos, algo que le han echado en cara a Ayuso sus propios socios de Gobierno de Ciudadanos. Así, Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, ha llegado a manifestar que “hemos reclamado desde el inicio un mayor apoyo sanitario en las residencias, y así se lo he transmitido al consejero y a la presidenta. No entiendo que el SAMUR vaya a Castilla y León y no se utilice para reforzar nuestro personal sanitario en las residencias”.

 

 

 

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