Familiares de presos denuncian que Instituciones Penitenciarias vuelve a vulnerar el derecho de comunicación

Los presos de las cárceles de España han sido privados de su derecho de comunicación, así lo afirman dieciocho organizaciones españolas que se han movilizado para que los reos no sean privados de un derecho fundamental de la Constitución Española.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Sare Herritarra, Esculca, Iridia, Oteando, Salhaketa Araba, Caxpou, ICA Ourense, Asociación Libre de Abogadxs de Zaragoza,  Marcha Contra la Macrocárcel de Zuera, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón , Federación Andaluza Enlace, Asociación Libre Abogadxs de Madrid, Federación Provincial de Drogodependencias Liberación, Comisión Legal Sol  y AVV Arrebato son las dieciocho asociaciones que han mostrado públicamente su preocupación y alertan de la “vulneración de derechos que se está llevando a cabo en las cárceles españolas”. Aseguran que en este momento las Instituciones Penitenciarias han aplicado una “medida drástica” que consiste en suspender las comunicaciones de los presos y sus familias y que es desproporcionada al resto de medidas que se están tomando en el país.

El colectivo explica que la vulneración de derechos comenzó el pasado 2 de febrero cuando la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias recomendó “blindar las prisiones contra la COVID-19 hasta al menos el próximo 18 de febrero”. Bajo esta recomendación, las asociaciones aseguran que “días más tarde, la mayoría de las cárceles dependientes del Ministerio del Interior habían suspendido las comunicaciones”. Esta medida supone “eliminar el único contacto cercano a lo físico que les quedaba a las personas presas desde hace casi un año”.

Las comunicaciones de los reos ya se suspendieron el pasado marzo. En plena primera ola del coronavirus en 2020 se anularon todos los vis a vis íntimos y familiares. A cambio, se les ofreció a los presos más tiempo para las llamadas telefónicas —que se realizan mediante pago— y un nuevo sistema de vídeollamadas. Sin embargo, desde la Asociación Libre de Abogadas y Abogados aseguran que los presos tuvieron el acceso a “una vídeollamada y media en dos meses”.

Cubículos de visita de una cárcel española. 

Desde la Asociación se hacen la siguiente pregunta: “¿Qué riesgo real de contagio suponen las comunicaciones mediante cristales en los que en ningún momento hay un contacto directo entre las personas que van a visitar y las personas presas?”. Además, ven incoherente cómo se prohíbe la entrada de allegados, pero sí que los funcionarios de prisiones “entran y salen diariamente a trabajar en las cárceles de todo el estado”.

Vulneración de un derecho fundamental

Para la Asociación Libre de Abogadas y Abogados la medida de suspender las comunicaciones “supone un ataque directo y brutal contra los derechos de las personas presas”. Y esta medida se encuentra en “oposición” al artículo 18.3 de la Constitución Española y al artículo 25.2 de la misma, específico para los derechos fundamentales de las personas presas.  

Para las dieciocho organizaciones, el corte de las comunicaciones va más allá e “incide directamente en la salud mental de estas personas, así como dificultando su reinserción”. Gracias a la comunicación de los presos con sus familiares estos “no quedan reducidos únicamente al mundo carcelario y se les permite relacionarse con el exterior” para que, en un futuro, puedan retomar la vida que dejaron y sea más fácil su reinserción en la sociedad.