25 de septiembre de 2021
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FIN DE SEMANA

La vicepresidenta tercera del Gobierno desecha las exigencias de Unidas Podemos y abre una brecha más en la coalición del Ejecutivo

Teresa Ribera bloquea la exigencia de sus socios de crear una eléctrica pública

Teresa Ribera.
Teresa Ribera.
Teresa Ribera no quiere ni oír hablar de la intervención gubernamental de la factura de la luz. La vicepresidenta tercera del Gobierno desecha la posibilidad de crear una empresa pública hidroeléctrica, tal y como desea Unidas Podemos.

El imparable crecimiento de la factura de la luz ha provocado el enfado en Unidas Podemos, que ve cómo las hemerotecas destrozan a sus principales líderes. El secretario de Estado, Enrique de Santiago (Unidas Podemos), apuesta por lanzar una empresa pública hidroeléctrica para contener las subidas.

El líder del PCE afirma que "mientras en otros países nadie se rasga las vestiduras por tener una compañía eléctrica pública, en España debemos enfrentarnos a los prejuicios, intoxicaciones y mentiras de la derecha y de su entorno empresarial que utiliza la subida del recibo de la luz solo en su beneficio y sin importarles los problemas que acarrean a la mayoría de la gente".

Santiago asegura que "estamos ante una propuesta razonada y factible que desde Izquierda Unida venimos planteando y que Unidas Podemos también ha defendido y expuesto públicamente de manera argumentada durante esta etapa de gobierno de coalición. No se puede perder ni un minuto más en realizar lo que en buena parte de los países de nuestro entorno es una realidad desde hace décadas, mucho antes incluso de que en España estallara esa inútil competencia para ver quién privatizaba más y más rápido que nos ha arrastrado hasta aquí".

Y explica que "no solo hablamos de que más de 30 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial son públicas o tienen una participación pública sino de que tenemos casos tan próximos como la italiana Enel o la francesa EDF, por poner dos ejemplos, que son mayoritariamente públicas y nadie se rasga allí las vestiduras, incluida su derecha o las compañías de la competencia".

El PSOE frena la posibilidad de lanzar una empresa estatal eléctrica

La vicepresidenta tercera Teresa Ribera asegura que "no son recomendables" este tipo de medidas proteccionistas "porque son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Hemos vivido las consecuencias de adoptar medidas contrarias al derecho y acaban siendo una bomba de relojería que te acaba explotando. Cuando eso ocurre, se espanta a los inversores y lo acaba pagando el consumidor. Como Gobierno responsable, nuestra obligación es advertir y defender el respeto al derecho de la UE y evitar un Brexit energético".

Teresa Ribera. Foto: Flickr. 

La socialista admite tener "muy buena relación con mis compañeros en el Gobierno. Sé que tienen una alta sensibilidad social. Pero yo también la tengo. Una transformación tan profunda no funciona si no viene acompañada de medidas sociales. Pero que ahora algunos compañeros insinúen que estás coaligada con no se sabe qué empresas del Ibex a las que estás poniendo en firme, hombre, muy agradable no es. O acusarme de falta de sensibilidad social tampoco es muy agradable. Quiero entender que lo hacen con buena intención y también que se sienten un poco atrapados por sus afirmaciones previas. Y luego hay cosas que son llamativas: es que me proponen lo mismo que el Foro Nuclear. Yo, de verdad, es que no trabajo así. Me parece que hay que respetar a las personas, a los equipos, que lo están pasando mal".

Preocupación

Ribera admite que la subida de la luz "para el Gobierno es un asunto de gran preocupación. El precio de la energía es muy importante para el bienestar de las familias y para la recuperación. Estamos muy pendientes. Con nuestro esfuerzo pasado, presente y futuro intentamos mitigar el efecto del mercado mayorista, pero no hay varitas mágicas. Es muy importante ser cuidadosos para no adoptar medidas que más tarde supongan condenas por incumplimientos de cosas que sabíamos que no podíamos hacer. Hay gente que lo está pasando mal y que tiene la impresión de que necesita una respuesta ya, pero no es fácil que una única medida surta efecto de un día para otro".

Y explica que en la prensa se ven comparaciones maniqueas porque "estamos comparando las facturas más bajas de nuestra historia, las de 2020, con las más altas, por lo cual la comparación está un poco distorsionada. La evolución al alza en los mercados la empezamos a vivir en abril, con el IVA al 21% y con el impuesto de generación del 7%. El primer semestre solo tiene el beneficio de un junio con menor fiscalidad, mientras el resto del año se va a beneficiar de menor fiscalidad".

Ribera admite que "si uno compara un año promedio como 2018, un consumidor en la tarifa libre pagaba algo menos de 50 euros al mes frente a algo menos de 55 euros este año. Esa diferencia es gestionable por muchas familias, pero no por otras. Por eso tenemos que acelerar la adopción de un consumo mínimo vital para que todas las familias tengan garantizado un confort elemental. Respecto a las clases medias, lo más relevante es mantener la suspensión de la fiscalidad".

Contra la derecha

Enrique Santiago (Unidas Podemos) ha arremetido contra el PP por marcar la agenda con la subida de la luz y dice que "son precisamente quienes ahora hacen más ruido desde la derecha, los mismos que llevan de perfil desde mucho antes para no respaldar medidas como la mejora del bono social que ayuda a los consumidores más vulnerables, los mismos que han ignorado el decreto ley para acabar con los denominados 'beneficios caídos del cielo' o los mismos que trataron de torpedear, incluso antes de conocer su contenido, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico".

El secretario de Estado de la Agenda 2030 recuerda que "ha sido también ese mismo Pablo Casado que se desgañita planteando pactos de Estado tramposos o exigiendo adelantos electorales irreales el que se negó a respaldar hace unas semanas la bajada del IVA del recibo de la luz, a pesar de haberlo pedido antes. Casado prefiere anteponer sus ambiciones, su inoperancia y su propio interés al del 97% de los consumidores domésticos, de los casi tres millones de empresas y autónomos o de los más de 600.000 hogares vulnerables que se benefician de esta medida".

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