La alcaldesa del caso de los 'falsos arquitectos' de la proveedora de jamón de Mercadona fue investigada por prevaricación en 2015

Juliana Fernández Cueva, que en 2015 también era senadora, fue imputada en 2015 por el Tribunal Supremo de un delito de prevaricación administrativa, por, supuestamente, haber archivado cuatro multas a otros tantos vecinos de la localidad, que acarreaban la pérdida de puntos en el carnet de conducir. La entonces alcaldesa declaró por este hecho ante el juez José de la Mata, que instruía la causa para el Supremo. La Fiscalía Anticorrupción había acusado de estos delitos a la alcaldesa ante el alto Tribunal.

Poco después, el 9 de febrero de 2016, el mismo Tribunal Supremo acordó "declarar la no competencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo por carecer en ese momento Dª Juliana Fernandez-Cueva Lominchar de la condición de Diputada o Senadora que en su día determinó la competencia de esta Sala, debiendo remitirse las presentes actuaciones al Juzgado de Instrucción Decano de los de Quintanar de la Orden (Toledo)".

La senadora había renunciado poco antes a su condición de parlamentaria y por tanto, la causa fue derivada a la justicia ordinaria, recayendo en un juzgado de Quintanar de la Orden en 2016, donde duerme desde entonces "el sueño de los justos", ya que la instrucción no ha avanzado en tres años.

El juzgado de instrucción de Quintanar de la Orden siguió conociendo de las actuaciones contra la alcaldesa de Corral de Almaguer, pero actualmente el caso se encuentra en la sección 2 de la Audiencia Provincial de Toledo, pendiente de señalamiento de juicio. Esta alcaldesa es la misma que ahora estaría involucrada en la denuncia por presunta corrupción urbanística presentada hace unos días por la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), liderada por el juez Fernando Presencia, en relación con los problemas causados a un proveedor de Mercadona, la empresa presidida por Juan Roig Alfonso, como consecuencia de la actuación de los “falsos” arquitectos contratados por ese municipio toledano. Un caso del que ya informó elcierredigital.com.

El juez Presencia cuando estaba en activo.

Los jamones de Mercadona

Incarlopsa es uno de los principales proveedores de corte y envasado de carne de cerdo de Mercadona, que cuenta con una fábrica especializada en jamón serrano en Tarancón (Cuenca) y opera con dos secaderos en las localidades toledanas de Olías del Rey y Corral de Almaguer. En esta última nave es donde podría tener problemas por una presunta irregularidad en sus licencias urbanísticas, que podría abocar a su cierre o derribo. Según ha denunciado Acodap, los informes que se utilizaron para la concesión de los permisos fueron firmados por "falsos arquitectos", lo que podría invalidarlos, al no ser los técnicos de la Diputación toledana los firmantes.

La alcaldesa de Corral de Almaguer durante la toma de posesión.

El problema denunciado puede acabar con la demolición de las naves de esta empresa, con el consiguiente perjuicio a los puestos de trabajo, además de acusar a varios arquitectos municipales y políticos de la localidad de haber aprobado provisionalmente la licencia de ampliación de manera irregular. Está por evaluarse la capacidad de reacción de esta empresa ante esos posibles acontecimientos y de qué modo afectaría al abastecimiento que hace a Mercadona.

Este asunto puede dar al traste con la empresa constituida por Incarlopsa en Corral de Almaguer que comenzó en el año 2013 cuando la Comisión Provincial de Urbanismo concedió a Secaderos De Almaguer, SA (SECALSA) una autorización “provisional” para la licencia de obras para la ampliación de la fábrica de jamones curados, que se condicionaba a la finalización de la “ejecución y recepción de las obras de urbanización, momento en el cual se podría conceder licencia para su puesta en funcionamiento.”

Según Adocap, “las obras del PAU nunca se iniciaron, y en ese suelo no urbanizado del Polígono se encuentran parte de las instalaciones de SECALSA, que actualmente está en completa actividad y que por las razones ya dichas podría ser tachada sin embargo de “ilegal”, quedando afectas al posible cierre de la actividad y a la demolición de lo edificado nada menos que el próximo 8 de junio de este mismo año”.

La denuncia de la asociación presidida por el juez Fernando Presencia, recoge que “las obras del PAU y las realizadas por SECALSA las autorizó el Ayuntamiento con informes técnicos y jurídicos de personas con contrato laboral, lo que está absolutamente prohibido toda vez que la competencia es exclusiva de los técnicos habilitados de la Diputación de Toledo”.

El ayuntamiento toledano de Corral de Almaguer está gobernado desde hace tres legislaturas por la alcaldesa Juliana Fernández de la Cueva Lominchar y no ha respondido a las preguntas de elcierredigital.com sobre este asunto.

Acodap, asociación liderada por el juez Fernando Presencia, también argumenta en su denuncia que “no se puede entender que ante la previsión razonable de la no realización de las obras del PAU se otorgaran las licencias en un suelo no urbanizado del Polígono” aunque fuera con carácter provisional, tampoco queda aclarado que la licenciataria “no se percatara de las escasas posibilidades de que las obras de urbanización del Polígono, nunca iniciadas, se acabaran en plazo”, todo lo cual según los denunciantes, “deja en el aire parte de la actividad de SECALSA y compromete el futuro de cientos de vecinos”.

Este mismo escrito añade que si “el Secretario del Ayuntamiento no advirtiera de la inexistencia del informe preceptivo o de la ausencia de inspección obligatoria sería presunto sujeto responsable de infracción urbanística, como los miembros de la corporación, que por aprobar la plantilla anualmente, con el presupuesto, conocieran la inexistencia de funcionario competente para informar e inspeccionar en la tramitación de las licencias”.

Según explicó Presencia a elcierredigital.com, "el problema de los falsos arquitectos es bastante recurrente en los ayuntamientos, que usan arquitectos de fuera cuando la ley obliga a usar arquitectos de la Diputación, el problema es que en este caso el consistorio ha mantenido y defendido la validez de estas firmas y eso es un delito evidente".

Por esa razón, la asociación presentó esta denuncia ante el propio Ayuntamiento de Corral de Almaguer, solicitando la incoación e instrucción de expedientes para “la restauración de la legalidad urbanística y también el simultáneo sancionador por la comisión presunta de infracciones urbanísticas, a los citados secretario o secretarios y a los miembros de la corporación que votaran a favor del otorgamiento de la licencia o licencias y a cualquier otra persona física o jurídica que pudiera ser identificados como autores, inductores o cooperadores de infracciones urbanísticas, según el curso de la instrucción de dichos expedientes”.

Secadero de jamones de Incarlopsa en Corral de Almaguer.

Industrias Cárnicas Loriente Piqueras (Incarlopsa) es una empresa cárnica valorada en unos 1.000 millones de euros, según la agencia Reuters. Incarlopsa facturó 678 millones de euros en 2017 y ganó 38 millones de euros con jamones, ibérico y porcino, como principales líneas de negocio. Contaba con más de 1.700 empleados a cierre del año pasado, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. En esta planta de Corral de Almaguer, Incarlopsa produce 4.250.000 jamones al año, fue construida en 1999 y ampliada en 2012, según los datos de la propia empresa.