La saga de los Valdés: 'La gran familia' con cargos públicos bajo la investigación de la Justicia

En los últimos tiempos el apellido Valdés, ligado a las funciones públicas, parece que se encuentra maldito, pues el cognombre está en el punto de mira de la Justicia española. Hace unos días se hacía pública la renuncia a su función del magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés Dal-Ré. Una dimisión que estuvo motivada por la causa judicial que Valdés Dal-Ré tiene abierta en el Tribunal Supremo por un presunto delito de violencia de género hacia su mujer.

El presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, aceptó su renuncia y ya solamente queda que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoja en los próximos días su dimisión. Asimismo, se le comunicó la renuncia a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ya que este magistrado pertenecía al turno propuesto por la Cámara Baja.

Fernando Valdés Dal-Ré, ex magistrado Constitucional.

Este procedimiento judicial se ha hecho posible debido a que tras presentar la dimisión Valdés Dal-Ré pierde su condición de aforado. La causa judicial, por tanto, volverá a la justicia ordinaria, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid), especializado en Violencia Sobre la Mujer, que se había inhibido para que fuera investigado en el Supremo.

La renuncia de Valdés Dal-Ré también significa un golpe al ala más progresista del Tribunal Constitucional. Con su salida este sector se queda con una representación más mermada. Únicamente contará con las voces y los votos de tres miembros de los 12 que integran el alto tribunal: Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.

Los hechos que han producido la renuncia

El asunto por el que se le ha abierto una causa judicial al ex magistrado se remonta al pasado 10 de agosto. En plena temporada estival fue detenido tras una llamada de unos vecinos que habían oído gritar desde el balcón a su esposa pidiendo socorro.

Después de tomar declaración a Valdés Dal-Ré, de 75 años de edad, fue puesto es libertad por su delicado estado de salud y por la situación de alerta sanitaria producida por la pandemia del coronavirus.

La juez que asumió el caso tomó declaración a los implicados y después remitió una exposición razonada al Tribunal Supremo, ante la existencia de indicios de un delito de mal trato en el ámbito familiar. Pero la semana pasada tanto él como su mujer negaron ante el juez la existencia de cualquier maltrato, tanto físico como psicológico. Una versión reforzada por la declaración de sus hija que ha exculpado a su padre de estas acusaciones.

No obstante, el juez instructor del caso ha emitido un auto a la Fiscalía para que en el plazo de diez días informe sobre si solicita la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa contra Valdés Dal-Ré.

Valdés Verelst y la querella de Anticorrupción

Por su parte, el hijo del ex magistrado, Fernando Valdés Verelst también tendrá que verse las caras con un juez en calidad de investigado.

La Fiscalía Anticorrupción presentó el 20 de julio, pocos días después de su nombramiento, una querella contra Valdés y el embajador de España en México, Juan Antonio López Doriga, por la gestión de fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), dependiente del Ministerio de Exteriores en 2011.

Por entonces, el secretario de Turismo ejercía como subdirector general y jefe de contratación de la Aecid. También están siendo investigados Jesús Moza Zapatero, ex director de la Aecid, y más de una decena de cargos y empresarios.

Fernando Valdés Verelst, secretario Estado Turismo.

Fue la Intervención General de la Administración del Estado la que detectó presuntas irregularidades y denunció el caso. La entidad cuestiona si ciertos contratos adjudicados terminaron en una prestación de servicios real o ficticia así como la existencia de contratos duplicados e incluso triplicados bajo el mismo nombre.

La jueza instructora del caso del hijo del ex magistrado acordó citar como investigados al secretario de Estado, al embajador y a otra docena de altos cargos y empresarios, según se informó el pasado 22 de septiembre. La Intervención General de la Administración del Estado había revisado previamente las cuentas de la Aecid y determinó presuntas irregularidades en la época en la que Valdés era subdirector general de la Agencia y jefe de contratación.

La querella de la Fiscalía se presentó unos días después de que el BOE publicara el nombramiento de Valdés hijo como secretario de Estado, al reorganizar la profesora universitaria y ministra Reyes Maroto su equipo de Turismo en plena crisis del sector por la covid-19, para “abordar los retos de la recuperación”, en sustitución de Isabel Oliver, que se incorporó a la Organización Mundial de Turismo (OMT).

El Ministerio de Turismo da la cara por Valdés

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo defendió a su secretario de Estado cuando se hizo publica la información de su investigación. “No tenía capacidad de decisión”, con estas palabras mostraron su respaldo.

Fernando Valdés junto a la Ministra de Turismo, Reyes Maroto.

Además el Ministerio añadió que “como jefe de departamento no firmó ninguno de los actos administrativos que son parte de la causa” y que la querella va “en sentido amplio, dirigida contra todos los que estaban en ese momento en la Aecid, incluidos funcionarios que han ejercido la función de alto cargo con gobiernos de distinto signo político”.

Un discurso que va en consonancia con la estrategia socialista de defender la presunción de inocencia de cualquier acusado por cualquier tribunal de Justicia.

El Instituto de Comercio Exterior señalado

Esta investigación a Valdés hijo afecta también al Instituto de Comercio Exterior (ICEX), del que dependen los responsables de la promoción del comercio español en todo el mundo. Anticorrupción lo cita como responsable civil por haber, presuntamente, colaborado con la Aecid para que un contrato informático acabase en manos de una empresa sin cumplir las reglas de transparencia. Según la Fiscalía, “fueron orquestadas por los entonces máximos responsables en la estructura orgánica de la Aecid y el ICEX”.

El 31 de enero de 2018, cinco meses antes de que Pedro Sánchez llegara al Gobierno, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) denunció en Anticorrupción las presuntas irregularidades que había detectado la Intervención General del Estado en las cuentas entre 2010 y 2012 en ese organismo, como informaba El Confidencial.