04 de junio de 2020
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FIN DE SEMANA

Este colectivo de 16 asociaciones presenta siete vídeos probatorios donde las fuerzas del orden se extralimitan presuntamente en sus funciones

La plataforma "Defender a quien defiende" se queja al Defensor del Pueblo por supuestos abusos policiales

Un control policial ahora durante el coronavirus.
Un control policial ahora durante el coronavirus.
La Plataforma "Defender a quien Defiende" integrada por 16 asociaciones defensoras de los derechos humanos ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska relativo a los supuestos abusos de las fuerzas de seguridad del Estado durante el Estado de Alarma. Al Defensor del Pueblo también le preocupa la situación y ha pedido datos a Interior sobre este asunto y las numerosas detenciones producidas.

Anaïs Franquesa Griso, representante legal de Irídia -Centro por la Defensa de los Derechos Humanos- y Luca Gervasoni, representante legal de Novact -Instituto Internacional para la Acción Noviolenta-, como entidades integrantes de la "Plataforma Defender a quien Defiende" y en representación de SOS Racismo, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, la Cooperativa Red Jurídica, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Confederación Ecologistas en Acción, el colectivo de abogadas Legal Sol, el Institut de Drets Humans de Catalunya, la Asociación Catalana de Defensa de los Derechos Humanos, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, el Grupo Motor de No Somos Delito, el Fondo de Mujeres Calala, el Grupo de Estudios Internacionales GERI de la Universidad Autónoma de Madrid y el Grupo de Investigación Burorresistiendo, han presentado una queja ante del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en la que se recogen todos los excesos en el abuso de autoridad cometidos supuestamente por agentes de la ley con motivo del Decreto de Estado de Alarma.

Ana Franquesa, una de las denunciantes.

El escrito que también ha sido enviado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska expone que "la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19 prevé la limitación de la libertad de circulación de las personas, exceptuando en los casos previstos en el artículo 7 del Real Decreto. Asimismo, en su artículo 20 se prevé que “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio”.

El 25 de marzo de este año los firmantes ya presentaron ante el defensor del Pueblo una relación de estos posibles excesos de celo de las fuerzas de seguridad, pero a fecha de 13 de abril "desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, en todo el territorio del Estado españl 4.759 personas habrían sido detenidas y se habrían formulado más de 550.545 propuestas de sanciones administrativas por incumplir las restricciones impuestas. Mostramos nuestra preocupación ante el número de propuestas de sanción y detenciones que se han producido. Insistimos en que es necesario que los cuerpos policiales tengan instrucciones claras de mediación ante las intervenciones que se produzcan en el contexto de estado de alarma", explican en esta nueva queja.

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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

El Defensor del Pueblo, en un escrito del 7 de Abril de 2020, en respuesta al escrito de 25 de Marzo, reconoció que “está recibiendo el testimonio de muchas personas que se enfrentan a una situación muy angustiosa” a causa de “expresiones de desacuerdo con algunas medidas adoptadas o con comportamientos puntuales de las autoridades y administraciones competentes”, en el marco del legítimo ejercicio de su libertad.
 
Asimismo, Fernández Marugán, manifestó que se había dirigido al Ministerio del Interior para solicitar una aclaración respecto de determinadas limitaciones a la circulación, al mostrar su preocupación por que “en algún caso se hayan producido extralimitaciones, como se constata en algún vídeo de amplia difusión”. En ese sentido, recordó que, como dispone la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “el trato al ciudadano ha de ser siempre "correcto y esmerado" y el uso de la fuerza "proporcional a la situación”.
 

Luca Gervasoni.

El 7 de abril la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía –APDHA- denunció mediante escrito al Defensor del Pueblo la inseguridad jurídica de la ciudadanía a causa de las autorizaciones de circulación previstas en el Artículo 7 del Real Decreto 463/2020, al considerar que “son tan ambiguas e imprecisas, que propician que los agentes de la autoridad adopten criterios subjetivos y arbitrarios altamente cuestionables en su valoración sobre si una persona está saliendo legítimamente o no de su domicilio, y por tanto en la interposición de una sanción”.
 

Un día más tarde el Defensor del Pueblo instó a la Secretaría de Estado de Seguridad a elaborar instrucciones internas dirigidas a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de la Guardia Civil, que clarifiquen “los supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas actividades ciudadanas que sí están amparadas por las excepciones del artículo 7 del Real Decreto 463/2020”; y comunicó la necesidad de “eliminar cualquier tipo de bando o comunicado en el que se recojan mayores restricciones a las ya contempladas en el Real Decreto 463/2020, en aras a garantizar la igualdad de trato a la ciudadanía en todo el territorio nacional”.

La queja de las 16 organizaciones defensoras de los derechos civiles recuerda que "distintos expertos y expertas de Naciones Unidas, en comunicados emitidos el pasado 16 de marzo de 2020 y el 14 de Abril de 2020, han hecho un llamado a los Estados para que pongan el enfoque de derechos humanos en el centro de la gestión de la pandemia de COVID-19, recordando que "las declaraciones de estados de emergencia, ya sea por razones de salud o seguridad, tienen una guía clara del derecho internacional", de modo que "cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria".

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Ángeles Chimarro, presidenta de ALA.

Concretamente, han manifestado que: "Las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID -19 no deben usarse como base para atacar a grupos particulares, minorías o individuos. No debe funcionarcomo una excusa para la acción represiva bajo pretexto de proteger la salud, ni debe usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos".

Casos registrados en vídeo

Las asociaciones firmantes de la queja han documentado varios casos ocurridos entre el miércoles 25 de marzo de 2020 y el miércoles 15 de abril de 2020, en concreto "siete situaciones que podrían ser indiciariamente delictivas por parte de agentes de la autoridad de distintos cuerpos policiales" y describen hechos ocurrido en Palma de Mallorca, en Bilbao, en Valdemoro (Madrid), en Santa Cruz de Tenerife, en Barcelona, en Santa Pola (Alicante) y en Murcia. Asimismo, "desde las organizaciones que formamos parte de la Plataforma Defender a Quien Defiende consideramos que desde el Ministerio de Interior no se han dado indicaciones claras a la ciudadanía y a los cuerpos policiales sobre cuál es el mecanismo adecuado de probar o justificar un desplazamiento en el espacio público ante una identificación". La Plataforma también recoge sucesos concretos que afectan a personas sin techo.

Las asociaciones firmantes han solicitado que"se garantice la correcta aplicación de la legalidad en base a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, así como dicte instrucciones claras para que la mediación y el diálogo sean el principal instrumento de trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". También han pedido que "el Ministerio de Interior genere los canales adecuados para que las entidades de defensa de derechos humanos firmantes podamos remitir con carácter urgente situaciones indiciariamente delictivas o de mala praxis policial detectadas" y exigen responsabilidades sobre los casos aportados de supuesta mala práctica policial  para que "se activen de manera urgente los mecanismos internos de depuración de responsabilidades, informando semanalmente a la opinión pública de las actuaciones que se hayan podido producir por casos de mala praxis o indiciariamente delictivos por parte de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la vigencia del estado de alarma".

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