23 de junio de 2021
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FIN DE SEMANA

La familia de la vedette había interpuesto un recurso de reforma contra el cierre de la causa dictado el 15 de diciembre de 2020

La jueza desestima la reapertura de la investigación sobre la muerte de Cristina Ortiz "la Veneno"

Cristina Ortiz, La Veneno.
Cristina Ortiz, La Veneno.
La titular del juzgado de instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre de la Cuesta, ha desestimado el Recurso de Reforma interpuesto por la familia de Cristina Ortiz, "la Veneno", contra el cierre de la causa seguida por el fallecimiento de la vedette en 2016.

El Auto, dictado el 9 de febrero, se apoya en el informe de la Fiscalía de Madrid, que ya fue adelantado en una nota de prensa. La jueza comparte las mismas conclusiones de la Fiscalía apoyadas a su vez en el informe oficial de la autopsia que solo apreció un fatídico accidente en la muerte de Cristina Ortiz.

Esta resolución será recusada ante la Audiencia Provincial de Madrid "por cuanto a nuestro juicio existen testimonios y documentos que acreditan que Cristina tenía diferentes lesiones en su cuerpo compatibles con agresión previa, además de constar que el piso de Cristina había sido alterado a la llegada de los agentes policiales pues se les avisó con varias horas de retraso de lo ocurrido, tiempo durante el cual estuvo abierto", recuerda la familia de Cristina Ortiz.

Según explicó hace unas semanas la Fiscalía de Madrid en una nota de prensa, la Justicia cerró las actuaciones en 2016, una decisión que la familia de Ortiz recurrió y que la Audiencia Provincial rechazó porque consideró que del informe aportado "no se desprendía ningún indicio nuevo acerca de la presunta muerte violenta de la actriz que no hubiera sido valorado antes". 

Según el fiscal J. Salto, unas fotos del cadáver tomadas en el hospital señalan que tenía lesiones. Pero sostiene que "tanto el informe de la autopsia como la investigación policial ya descartaron la existencia de un presunto delito de homicidio" y recuerda que se concluyó que no existía en el cuerpo de la actriz "ninguna lesión de lucha o defensa que pudiera hacer pensar en una etiología violenta".

Para el fiscal, el informe de parte se basa en el análisis de unas fotos "tomadas sin consentimiento en el hospital" y señala que el cadáver tenía unas lesiones "que no son expuestas por el médico forense en su informe de autopsia".

Cristina Ortiz, en su casa donde falleció.

"Es más, apuntaba a que existían sospechas acerca de que el autor de dichas lesiones podría haber sido la pareja sentimental de la actriz", apunta el comunicado de la Fiscalía, que recuerda que la Audiencia Provincial consideró que esta hipótesis se basaba "esencialmente en una reinterpretación de datos ya existentes sobre un suceso acaecido hace más de cuatro años".

Termina el comunicado de la Fiscalía diciendo que "le llama "poderosamente" la atención el oficio policial recibido, "sin petición alguna del juzgado", en el que una funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía, "a título personal y cuatro años después de producirse los hechos" quería poner en conocimiento del juzgado diversos extremos, "oficio en que se basa el recurrente para señalar que debe reabrirse las presentes actuaciones".

Sin embargo, la familia de "La Veneno" no se quedó entonces en silencio y ha respondido a la nota de la Fiscalía con varias cuestiones:

"Estupor con que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid anticipe sus conclusiones a la prensa antes de que se nos haya dado traslado a los abogados de la familia del informe del ministerio fiscal actuante en el procedimiento". Se refieren los representantes legales de la familia a que supieron de este hecho por la Prensa.

La familia rechaza el "encabezamiento utilizado referido al fallecimiento de La Veneno", ya que esta causa "es por el fallecimiento de una persona con nombre y apellidos, que merece el mismo respeto que cualquier otra persona de este país sin discriminación alguna por cuestión de género o profesión".

"En cuanto a las fotografías "tomadas sin consentimiento del hospital" olvida la Fiscalía que las mismas se hacen por familiares directos de Cristina al ver el estado en que se encuentra en la cama del hospital, a fin de que sirviese como elemento de prueba de que Cristina tenía lesiones compatibles con una agresión. El "hospital" no tiene que autorizar nada, siempre que no se fotografíe a su personal o instalaciones, pues insistimos, la familia hace esas fotografías como prueba de lo que ellos consideran un hecho delictivo".

Respecto al nuevo testimonio aportado al Juzgado por una inspectora de policía dicen los representantes de la familia de Cristina Ortiz, que "todos los ciudadanos de este país tienen el deber de poner en conocimiento de los tribunales los delitos de los que tengan conocimiento (...) Si a la Fiscalía le llama "poderosamente" la atención el oficio policial recibido "sin petición alguna del juzgado", a nosotros nos produce enorme preocupación que a la fiscalía le sorprenda que no ya un ciudadano, sino un integrante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ponga en conocimiento de un juzgado un hecho que considera debe ser investigado".

El nombre del fiscal madrileño Julián Salto, que ha pedido no reabrir la causa de Cristina Ortiz, saltó a los medios de comunicación hace cuatro años al pedir dos años y medio prisión a dos periodistas del diario ABC, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, en abril de 2016, después de que estos publicasen información de interés público relativa al caso Bárcenas, en concreto el contenido de un pinchazo telefónico a presuntos miembros de la mafia italiana en el que se mencionaba al extesorero del PP.

La información de ABC fue publicada cuando los investigados ya estaban detenidos y en ningún caso puso en peligro las pesquisas. Sin embargo, el fiscal les atribuía un delito de revelación de secretos a ambos periodistas, a pesar de que esperaron a que la "operación Tarantela" hubiese concluido para no estorbar ni influir en las pesquisas policiales.

Según varios abogados penalistas consultados por elcierredigital.com, en la historia reciente de España posiblemente éste haya sido el único caso en el que se solicitase pena de prisión para dos periodistas por publicar una información que está bajo secreto de sumario.

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