Sale a subasta en Uruguay un hotel que perteneció al excomisario Villarejo y sobre el que aún tiene derechos de cobro

Uruguay es uno de los lugares, junto con Panamá y Suiza, donde el comisario José Manuel Villarejo ha intentado proteger su fortuna. En el país latino atesoró varias propiedades que han corrido una suerte desigual. Una de ellas fue el hotel  Hotel Saint-Pierre conocido anteriormente como Don Pepe. Ahora esta propiedad sale a subasta.

El próximo jueves, 8 de abril, a las 14:30, Pablo Ponce de León subastará judicialmente el famoso hotel que fue propiedad de José Manuel Villarejo ubicado en el barrio de Cantegril, en concreto en la Avenida General Artigas, con 6.583 metros cuadrados y salida a dos calles. El complejo consta de tres inmuebles. 

El 11 de septiembre de 2013 Villarejo se deshizo de este hotel vendiéndoselo al arquitecto argentino radicado en Valencia Adrián Beloso-Baker y a su esposa, la española Raquel Serna. El matrimonio adquirió el 100% de Topy S.A. empresa propietaria del complejo hotelero y Pierre S.L. encargada de la explotación de la misma. 

El precio fue 1.051.367 dólares americanos, además de entregar a Villarejo tres bienes raíces en España: un casa en Las Rozas (Madrid), una amplia oficina en el madrileño barrio de Chamartín y todo un edificio de pisos en la localidad malagueña de Benalmádena. Todo ello suma 2'5 millones de dólares americanos. El precio por el complejo hotelero que el matrimonio se decidía a explotar era elevado pero el lugar y las instalaciones lo justificaban, sobre todo teniendo en cuenta el volumen de negocio que podía generar.

José Manuel Villarejo. 

Para hacer frente al pago se firmó una hipoteca sobre el propio inmueble a favor de Cenyt Consultoría del que tendrían que pagar 130.000 euros. Sin embargo, el asunto acabó en los tribunales. Beloso-Baker consideró que había sido engañado por el hijo de Villarejo ya que la propiedad que se encontró estaba en ruinas y presentaba pérdidas. 

Por su lado, el excomisario cedió a otra sus sociedades, la panameña Eucalyptus Forest S.A.,   el cobro del dinero (1.051.367 dólares estadounidenses) y ésta promovió un procedimiento de ejecución que terminó ganando tras perder en primera instancia. La Corte Suprema de Justicia dio la razón a la empresa del excomisario español y reconocía la deuda con la empresa de más 800.000 euros de Beloso-Baker y Serna. 

Según la justicia uruguaya, en octubre de 2014, los compradores del hotel fueron informados de este cambio por lo que los tribunales no consideran el hecho un engaño de Villarejo. 

Otras propiedades en Uruguay

Según el libro Villarejo. La España inventada (2020) de Manuel Bravo Pérez y Francisco Marco, "en 1989 José Manuel Villarejo creó las sociedades Financiera Omerán y Financiera Uruplán en Uruguay, que entonces funcionaba como paraíso fiscal. Lo hizo con fondos de origen desconocido. A partir de ellas, constituyó una estructura en la que una sociedad protegía a otra hasta llegar a España". 

Esto le hizo contar con varios inmuebles en este país. El pasado mes de octubre, una resolución aprobada por las autoridades de Montevideo faculta al ayuntamiento de la capital uruguaya para "que expropie totalmente, con destino renovación urbana, dos padrones ubicados con frente a la Avenida Lezica esquina Iturbe, en donde se encuentra el Monumento Histórico Nacional conocido como Casa Quinta del expresidente Juan Idiarte Borda". Según la resolución, fueron los responsables municipales quienes pidieron que se hiciera la expropiación de los terrenos, "ya que se trata de una edificación única y es motivo de atracción turística y patrimonial".

Vista aérea del Castillo Idiarte Borda.

En la resolución se indica que "los padrones en cuestión son pasibles de ser expropiados al amparo de la Ley Nº 18.308, de fecha 18 de junio de 2008, pudiendo de esta manera el Gobierno Departamental adquirir el destacado bien patrimonial que se identifica como un espacio único de gran significación histórica para la zona y para el Departamento de Montevideo en su conjunto".

Hasta entonces, el castillo estaba gestionado por el Municipio, después de un convenio al que el Ministerio de Educación y Cultura llegó con Villarejo. El Ayuntamiento pagaba a los funcionarios que trabajaban allí, además de la luz, el agua y otros gastos de funcionamiento.

Ahora, el convenio con Villarejo ya ha caducado. Por este motivo, como el castillo es Monumento Histórico Nacional y, por tanto, declarado de interés departamental, una serie de leyes amparan a las autoridades uruguayas para expropiarlo una vez acordado un precio con el propietario, que todavía debe ser pactado con Villarejo, algo complicado porque el excomisario está en prisión desde hace casi tres años ya que fue encarcelado en noviembre de 2017. De no llegar a un acuerdo, comenzaría un largo proceso judicial. Mientras duran las negociaciones las autoridades del país pretenden prolongar el convenio y continuar dando el mismo uso al castillo.