Los aristócratas manchados por la corrupción en España: El caso de Luis Medina reabre la veda

La semana pasada saltó un nuevo escándalo sobre la compra de material sanitario. Aunque si bien estamos acostumbrados a que estos escándalos salpiquen únicamente a los políticos encargados de adquirir estos artículos, esta vez lo hacía con un miembro de la aristocracia española: Luis Medina, marqués de Villalba e hijo de Naty Abascal y Rafael Medina y Fernández de Córdoba.

El reciente descubrimiento de la comisión que Medina se llevó por la venta de estos materiales ha llevado a pensar en algunos de los grandes casos de la corrupción española en los que ha estado involucrada la aristocracia. Desde los Medinaceli hasta la Familia Real, elcierredigital.com destaca los más relevantes.

Luis Medina y su padre, el duque de Feria

El caso más reciente es el que involucra a Luis Medina. Al marqués se le acusaba, junto con el empresario Alberto Luceño, de vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid (presidido por José Luis Martínez-Almeida) por valor de 15 millones de euros que, según Anticorrupción, tuvo un sobrecoste de hasta un 80% en algunos casos. Los productos que se vendieron fueron, principalmente, mascarillas, guantes y test de detección de Covid.

Debido a estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Luis Medina y a su socio, Alberto Luceño, por delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales por tres contratos de emergencia municipales (6,6 millones para 1 millón de mascarillas; 4,2 millones para comprar 250.000 test rápidos y 5 millones para 2,5 millones de pares de guantes) por un valor de unos 12 millones de dólares concedidos a la empresa Leno. Medina habría obtenido de esta venta, según la Fiscalía, una comisión de un millón de euros, con la que adquirió un yate Eagle 44 al que bautizó ‘Feria’, como el ducado de su padre.

Luis Medina.

Medina tendrá que declarar el próximo 25 de abril ante el juez y, por el momento, sus bienes han sido embargados para garantizar su responsabilidad civil en caso de condena.

Sin embargo, Luis Medina no ha sido el único miembro de la familia que se ha visto ante la Justicia. Su padre, Rafael Medina Fernández de Córdoba, conocido como el duque de Feria, fue condenado en diversas ocasiones por drogas y problemas con menores.

En 1993 ingresó a prisión por tráfico de drogas y por raptar a una menor de cinco años. Ese mismo año se publicó en la revista Interviú un reportaje con fotografías del duque y niñas menores de 12 años semidesnudas, lo que le llevó a ser acusado de delitos de abusos sexuales y corrupción de menores, por lo que tenía que pagar con 18 años de prisión.

Sin embargo, en 1995 esta pena fue rebajada por drogadicción y problemas derivados de la salud mental. Según explicaba la sentencia que recogía El País en un artículo de 1998, el duque sufría “trastornos que afectaban a su personalidad, produciéndole placer desnudar y bañar a niñas de corta edad, y fotografiar y contemplar fotografías de mujeres y de niñas desnudas o semidesnudas”. Debido a todos estos escándalos, fue suspendida su inscripción nobiliaria en el Libro de la Grandeza.

La Familia Real: Juan Carlos I y Urdangarin

Otra de las familias más vinculadas a escándalos de corrupción son los borbones. Concretamente, la figura del rey emérito Juan Carlos I acumula numerosos escándalos. La caída en Botsuana en 2012 destapó su relación con Corinna Larsen y, dos años después, el monarca tuvo que abdicar, perdiendo la inviolabilidad que tenía como rey de España, lo que hizo que se abrieran tres causas judiciales.

La primera de ellas se inició a finales de 2019 y pertenecía a gastos que, tanto el emérito como algunos miembros de la Familia Real, realizaron presuntamente entre 2016 y 2018 con tarjetas opacas nutridas con dinero del empresario mexicano Sanginés-Krause. La segunda, de junio de 2020, tenía que ver con el cobro de una comisión de 65 millones de euros por la adjudicación a doce empresas españolas de la construcción del AVE a la Meca en 2012. La tercera y última, de noviembre de 2020, denunciaba una posible fortuna oculta en la isla de Jersey.

Sin embargo, el emérito vio cómo todas ellas se archivaban por falta de indicios de delito, así como por la prescripción de algunos de los hechos de los que estaba acusado. Estos escándalos fueron los principales causantes de que el rey se marchara de España en 2020 para no enturbiar la imagen de la corona y, actualmente, tendría planteado regresar ocasionalmente.

Juan Carlos I, rey emérito de España.

Antes de estas tres causas, tuvo lugar uno de los mayores escándalos que salpicaron a la Corona: el caso Nóos, protagonizado por Iñaki Urdangarin, marido de la Infanta Cristina. La trama consistía en el desvío de fondos públicos  de instituciones de Baleares, Valencia y Madrid a través del Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro dirigida por Urdangarin junto a la Infanta Cristina y Diego Torres. Fue destapada en 2010 y, junto a los escándalos que protagonizó el rey dos años después, causó grandes estragos en la monarquía española.

Urdangarin fue condenado por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y tráfico de influencias. La pena fue de cinco años y diez meses de prisión. Cristina de Borbón quedó absuelta y solo tuvo que abonar poco más de 130.000 euros a la Hacienda Pública. Sin embargo, el rey Felipe VI cortó todas las relaciones de la infanta con la Familia Real, despojándola del título de duquesa de Palma.

Inés de Borbón, el marqués de Villar Mir y la trama Púnica

La Operación Púnica montada por el constructor David Marjaliza y Francisco Granados, número dos del PP en la etapa de Esperanza Aguirre, ha sido otro de los grandes casos de corrupción en España que también salpicó a aristócratas. Una de ellas fue la princesa Inés de Borbón, que tuvo que acudir a declarar a la Audiencia Nacional por ingresos que ascendían a 69.000 euros y que tenía en su cuenta de Suiza entre 2008 y 2011. La prima de Juan Carlos I se acogió a la amnistía fiscal y negó haber blanqueado dinero, respondiendo que no tenía “ni torta idea”, según recogía Efe.

También se vio afectado por la Púnica Juan Miguel Villar Mir, nombrado marqués de Villar Mir en 2011 por Juan Carlos I debido a su trayectoria “al servicio de España y de la Corona”. Esta trama fue solo una de las que fue vinculada a la empresa del marqués, OHL (Obrascón, Huarte y Laín), con la que también se relacionan los casos Lezo o Bárcenas. Sobre este último, Villar Mir negó haber tenido reuniones con Luis Bárcenas. Además, en 2019 la Audiencia Nacional comenzó a investigar unas presuntas comisiones ilegales que pagaban directivos de OHL a ayuntamientos y comunidades autónomas para obtener a cambio adjudicaciones de obras públicas.

La Operación Emperador y las subvenciones agrarias de la duquesa de Alba

Al referirnos a corrupción aristocrática la familia Borbón aparece en numerosas ocasiones. Otras de las implicadas en tramas fraudulentas fueron las tías de Juan Carlos I María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias Lubomirska y su hermana Margarita de Borbón, cuyos nombres se vieron relacionados con la Operación Emperador del chino Gao Ping. Mediante la red que el empresario formó, numerosos empresarios y aristócratas introdujeron dinero en España desde sus cuentas en Suiza sin pagar a Hacienda.

Las dos implicadas, debido a su avanzada edad y estado de salud (murieron en 2020 y 2014 respectivamente) fueron dispensadas de dar declaración ante el juzgado. Sin embargo, la hija de María Inmaculada confirmó ante la justicia la implicación de su madre en esta red de blanqueo.

Otra de las grandes aristócratas de España que vio enturbiada su imagen fue la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, que en el año 2011 recibió una denuncia por “fraudes contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social” debido a la presunta contratación de inmigrantes ilegales en sus fincas, así como por irregularidades en el cobro de subvenciones agrarias procedentes de la Unión Europea.

Los encargados de denunciar la situación fueron el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) y el SOC (Sindicato de Obreros del Campo), que ya presentaron quejas contra la aristócrata desde el año 2006, cuando fue galardonada como Hija Predilecta de Andalucía.

Siglo XVII: del cuadro de Cristina Ordovás al Duque de Lerma

Cristina de Ordovás Gómez-Jordana, conocida como la condesa de Ruiz Castilla, también tuvo que enfrentarse en 2019 a los tribunales por la apropiación indebida del cuadro 'Anna Sofía, condesa de Carnarvon', de Anton Van Dyck. El cuadro del siglo XVII (cuya fecha oscila entre 1633 y 1641) fue entregado a la condesa por dos británicos, propietarios de la obra, que se lo cedieron para que decidiera si quería comprarlo o no.

'Anna Sofía, condesa de Carnarvon', de Anton Van Dyck.

Aunque Ordovás dijo en el juicio que el cuadro le pareció “horroroso”, se lo quedó como si fuera suyo sin pagar a los legítimos propietarios de la obra. La condesa, de este modo, acabó entregándoselo a la sociedad Globomas junto a otros 32 cuadros en un lote que tendría un valor de 200 millones de euros. Los propietarios británicos le pidieron a Ordovás el dinero a cambio del cuadro o bien, la restitución del mismo, pero pese a las promesas de la condesa, nunca llegó.

Finalmente, en 2019 la Audiencia Provincial de Madrid la condenó a dos años de cárcel además del pago de una multa diaria de 12 euros durante 9 meses, según informó El País. El cuadro tenía un valor de 165.000 euros.

El cuadro del siglo XVII hace recordar que la corrupción no es un invento de la sociedad más moderna. Ya en este siglo la figura del Duque de Lerma se convirtió en una de las caras más conocidas de la época, debido a una trama fraudulenta.

Aunque antes de él ya había corrupción, el duque protagonizó en el año 1601 toda una trama urbanística que tenía como objetivo enriquecerse. Para ello, convenció al rey Felipe III (considerado “el más vago de la Historia de España”, según John Lynch) para trasladar la corte de Madrid a Valladolid. Meses antes de esta propuesta, el duque había comprado diversas propiedades en Valladolid a un precio muy asequible para luego poder vendérselas a la corona a uno mucho más elevado debido a que los precios se dispararon allí. Cinco años después, repitió la operación para llevar la corte de vuelta a Madrid.