22 de enero de 2022
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FIN DE SEMANA

En estos meses se ha destapado la trama de jóvenes en Mallorca, el caso '18 Lovas' en Gran Canaria y ahora el negocio de su explotación en Madrid

La captación de menores en centros de acogida para ejercer la prostitución, en auge

El caso que se ha destapado en los últimos días en Madrid, donde han sido detenidas 37 personas por explotar sexualmente a diez menores que eran prostituidas y obligadas a vender droga, y la similitud de este con los casos recientes de trata de menores en Mallorca y el de las '18 lovas' en Gran Canaria ha puesto de manifiesto que la captación de menores en centros de acogida para ejercer la prostitución es un problema muy a tener en cuenta y que está en auge en España.

En los últimos tiempos parece que los casos de captación menores para que ejerzan la prostitución se multiplican en nuestro país. Cuando salió a la luz la trama de explotación sexual de menores en Mallorca, se le otorgó una gran responsabilidad a los problemas del sistema de tutela de menores, un servicio público esencial muy desconocido donde se hace un trabajo muy necesario.

Asimismo, el miércoles la Consejería de Políticas Sociales informó que tres de las niñas que fueron explotadas sexualmente, violadas y enganchadas al crack por medio de una mafia en Madrid sí que estaban tuteladas en centros especiales de la Comunidad. Esto había sido desmentido por la Comunidad antes, pero finalmente se confirmó.

Un informe de Unicef, con más de 300 entrevistas a responsables, educadores y menores, alertaba en 2017 de que había explotación sexual en centros de acogida de siete de las nueve comunidades autónomas que estudió. Sin decir cuáles. Y advertía que: “en algunos casos, podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos que, además, les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro”.

Noemí Pereda, especialista en violencia infantil de la Universidad de Barcelona, hizo un estudio en 2016 en centros de Cataluña y se llevó una sorpresa: muchos seguían sufriendo violencia y abusos, aunque vivieran en un centro, cuando salían o iban de visita a sus entornos originarios. Un 9,5% continuaba siendo víctima de abusos sexuales y un 26%, de maltrato físico.

Además, Unicef, en un informe publicado en 2017, reveló que España ya no sólo es país de origen, tránsito y destino para las víctimas, sino que también en nuestro país se captan menores españolas por estas mafias.

Según el informe, que lleva por título Son niños y niñas, son víctimas, el mecanismo sería el siguiente: "Las redes utilizan a menores que captan a otros chicos (chicas en su inmensa mayoría) en los institutos, discotecas o a través de las redes sociales. Son adolescentes que viven en España y que, por cualquier motivo, se encuentran en una situación de vulnerabilidad".

Ante estos datos quizá no nos choque tanto los casos de captación de menores para centros de prostitución que están saliendo a la luz. Parece que la explotación sexual de menores esté en auge en España. Desde elcierredigital.com les recordamos los últimos casos descubiertos por la Policía.

El caso más reciente, en Madrid

Esta semana, agentes de la Policía Nacional han detenido a 37 personas que formaban un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de menores, a quienes prostituían y utilizaban para la venta de sustancias estupefacientes. Hasta diez menores han sido liberadas tras esta operación en Madrid.

La investigación comenzó el pasado mes de abril cuando los agentes tuvieron noticias de que una menor de edad se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia y que durante sus ausencias mantenía relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes.

Desmantelada una banda que prostituía y utilizaba para vender droga a diez  menores en Madrid - 03.01.2022, Sputnik Mundo

Detención de uno de los acusados.

Los investigadores descubrieron que otras menores, con las que compartía lugar de residencia, se encontraban en la misma situación. Los ahora detenidos contactaban con ellas a través de redes sociales y, mediante promesas de ganar dinero, las convencían para encargarse de vender droga. En estos intercambios, la red también ofrecía a los clientes mantener relaciones sexuales con las menores.

En algunos casos, las obligaban a distribuir ellas mismas la droga a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban a un conocido polígono de la capital donde ofrecían a los compradores mantener relaciones sexuales con ellas.

Un caso de trata en Mallorca

Otra investigación de explotación sexual de menores tuteladas fue llevada a cabo por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en Palma. El 17 de noviembre se producía la detención de 17 personas acusadas de un delito de corrupción de menores, presuntamente cometido entre 2018 y 2019. El caso estalló en enero de 2020, cuando trascendió que varias niñas que se fugaban de los centros de acogida acababan siendo víctimas de trata.

Entre los detenidos hay diez hombres y siete mujeres, tres de las cuales son menores de edad y ya fueron imputadas en agosto. Eran, según las pesquisas, las que inducían a la prostitución a otras jóvenes. Todos ellos han quedado en libertad tras declarar ante el juez.

Consell de Mallorca.

Por otra parte, además de los detenidos, hay otros seis hombres que han declarado ante los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional en calidad de investigados.

La investigación, no obstante, continúa abierta por lo que la Policía no descarta nuevas detenciones relacionadas con este caso que salpica también a varias instituciones públicas, especialmente a los servicios sociales. 

Pero pese a la gravedad del asunto, la comisión del Consell de Mallorca concluyó en abril de 2021 que los casos detectados eran "aislados" y no admitió ningún fallo estructural en el sistema. Tampoco que hubiera culpables o una red organizada. Y en la misma línea se pronunció el Fiscal Superior de Illes Balears, que terminó archivando el caso.

Una aparente 'impunidad' que recuerda al caso '18 lovas', llamado así por el nombre de la supuesta agencia de azafatas que daba servicio de acompañamiento a empresarios de Canarias, entre ellos, rostros conocidos como el del millonario Eustasio López González, dueño de más de 20 hoteles del grupo Lopesan.

'18 lovas' en Canarias

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de la Unidad de Familia y Mujer de la Brigada de Policía Judicial de Las Palmas, comenzó en el año 2016, cuando una de las víctimas –entonces menor de edad– se quedó embarazada a raíz de ejercer la prostitución.

La Policía Nacional llevó a cabo diversas detenciones de empresarios, entre los que se encontraban Eugenio Hernández León –de 52 años, detenido previamente por abusos sexuales, por tener un arma sin licencia en casa y denunciado por su esposa, administrador único de nueve sociedades mercantiles–, Emilio Cabrera Trujillo –de 65 años, propietario de un taller mecánico en Las Palmas–, su hijo Emilio Cabrera Caballero –de 40 años y propietario de una peluquería y centro de belleza–, Domingo Hernández –de 58 años– y Antonio Dascenzo, alias ‘Toni, el italiano’ –de 54 años, administrador de dos sociedades y embargado por la Seguridad Social en una de ellas–.

Después de cinco años de silencio desde que se conoció el caso en 2016 y de que el director de elcierredigital.com desenmascarase ciertos aspectos de la investigación, el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria –dirigido por Rafael Passaro– dictaba un auto el pasado 1 de diciembre para la red que presuntamente reclutó a niñas menores de edad entre 2015 y 2016 a través de una agencia de azafatas, gogós y animadoras con el nombre de '18 Lovas'.

Como se ha descubierto en el escrito, al que ha tenido acceso elcierredigital.com,  la trama organizada tras la que se escondía este negocio para disponer de forma habitual de jóvenes –entre las que se identificaron más de doce menores de edad–, estaba compuesta, al menos, por los seis empresarios mencionados, quienes por el momento están procesados por delitos de prostitución –con la obligación de prestar fianza por un valor total de 1.263.900 euros, ordenando la justicia el embargo de bienes en caso de impago–.

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