25 de marzo de 2019
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FIN DE SEMANA

El magistrado acusa a ambos partidos en condición de 'partícipes a título lucrativo' en una de las piezas sobre contratos municipales

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, lleva a juicio a PSOE e IU por una nueva trama de corrupción en Sevilla

Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde de IU en el Ayuntamiento de Sevilla.
Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde de IU en el Ayuntamiento de Sevilla.
El titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, decretó el viernes la apertura de juicio oral a 88 personas, ellas cargos públicos, funcionarios y técnicos, por las siete piezas que integran el denominado Caso Fitonovo de corrupción, también conocido como Caso Madeja, que se produjo en Andalucía entre 1995 y 2013. El juez acusa a PSOE e IU de lucrarse gracias a esta trama de corrupción.

Según el auto dictado el pasado viernes por el juez De la Mata, la infraestructura conformada en torno a la empresa Fitonovo estaba dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos, en una práctica que se prolongó supuestamente durante más de quince años.

El magistrado atribuye a los partidos politicos del PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo en una de las piezas, relativa a contratos del Ayuntamiento de Sevilla, por haberse beneficiado "de la conducta delictiva amañada por las personas investigadas" en las cantidades de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente. Entre los investigados están el exconcejal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García Martínez, el ex primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y el miembro de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona.

En siete autos, uno por cada pieza que ahora envía a juicio a la Sala de lo Penal y que instruyó inicialmente el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el magistrado abre juicio oral contra las personas y por los delitos consignados en sus escritos de acusación por la Fiscalía y la Abogacía del Estado: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

El juez De la Mata da un plazo de veinte días para presentar los escritos de defensa e impone fianzas de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan hasta los 13 millones de euros, con el fin de cubrir las eventuales cantidades a satisfacer en caso de condenas.

A lo largo de los autos, el magistrado reprocha a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado la falta de acusación respecto de algunos investigados, lo que obliga al sobreseimiento, así como que no acuse por determinados delitos a varios de ellos pese a los indicios acumulados en la instrucción.

Sede la empresa Fitonovo.

En el caso del Fiscal, continúa el auto, "ni siquiera menciona a estas personas (algunos investigados) en su escrito de acusación, pese a su relevantísima participación, no solo en las operativa de blanqueo, sino en todas las desarrolladas por la organización criminal. Su actuación protagónica en este ámbito blanqueador, pese a todo, queda fuera del ámbito de la acusación y, como se ha indicado ya en varias ocasiones, tampoco en este caso, obligado por esta circunstancia, es posible abrir el juicio oral en relación con estas personas por este delito".

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional explica a lo largo de varios autos que la dirección de la empresa Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

La prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción, desde 1995 hasta 2013, el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, prosigue el magistrado "llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal".

De la Mata explicó en el auto que la entrega de comisiones se prolongó durante al menos quince años, afectando a  administraciones estatales, autonómicas y locales, e involucró a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, "esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias", añadió el auto judicial.

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