Éste es el archivo "Taja" de Villarejo: Desde conversaciones de mandos policiales con empresarios a identidades de confidentes

Los archivos requisados por el grupo 3 de la Unidad de Asuntos Internos  (UAI) de la Policía Nacional afectarían a la Seguridad del Estado y por eso los audios requisados todavía continúan declarados secretos. Esas grabaciones encontradas en el archivo Taja, recogerían según el auto judicial, conversaciones entre policías importantes, empresarios y confidentes, unas charlas que todavía están siendo escuchadas y transcritas por los investigadores.

"Concretamente con motivo del registro practicado en la calle Clavel de Boadilla del Monte (Madrid) se habría encontrado en la evidencia BC1 una carpeta denominada Taja que contenía un documento en formato Excel y formato pdf relacionados con gastos y recibos que documentan entregas de dinero a personas definidas como colaboradores, así como un documento en pdf titulado "fondos reservados 6.5.2014" con imágenes de varios billetes de 500 euros. La información contenida en dichos documentos en principio no tendría relación alguna con los hechos investigados y su acceso se encuentra restringido por la normativa de secretos oficiales".

La calle Clavel no era el domicilio habitual de Villarejo, sino otro chalet ubicado en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, donde el excomisario pensaba que los policías no iban a llegar, según fuentes de la investigación.

Ese archivo, lejos de figurar como uno tanto de los miles requisados al excomisario Villarejo hizo saltar las alarmas no solo entre los investigadores, sino también en el ministerio del Interior, porque suponía la prueba fehaciente, una vez más, de que el expolicía manejaba información sensible del aparato del Estado.

Audios que se investigan

Destacando la importancia de lo hallado en ese archivo Taja, en su auto del pasado 24 de abril añade el magistrado García Castellón que "con ocasión de los registros practicados el día 03.11.2017, se intervinieron diferentes soportes CD y DVD (...) que acumulan multitud de horas de audios, principalmente de los años 2004 a 2006 (y en las que participan numerosos empresarios, mandos policiales con importantes responsabilidades, etc...) cuya audición continúa en curso, motivo por el cual no es posible en este momento efectuar una valoración definitiva en relación a su afectación a información legalmente clasificada, si bien sí se puede adelantar que en algunos de ellos se registran conversaciones que aluden a informaciones afectas a la legislación sobre secretos oficiales (colaboradores policiales, gastos reservados, etc..)".

El ministro Jorge Fernández Dïaz y el excomisario Eugenio Pino.

Toda esa información provocó la apertura de una pieza secreta, que esperó dormida en un cajón hasta hace unas semanas, cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha levantado ese secreto de sumario, tal y como contaba elcierredigital.com, aunque no lo ha hecho por completo, ya que el archivo Taja que da nombre a una pieza separada continúa siendo investigado por los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

La pieza Taja recoge  los encargos realizados por los superiores de Villarejo al excomisario en el Ministerio del Interior, durante los años 2013 y 2014. El ministro era entonces Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy el presidente del Gobierno.

Supuestamente Taja sería uno de los ases en la manga escondidos por el expolicía para negociar con las autoridades en caso de que fuese detenido o investigado. Según publicó eldiario.es el nombre de ese archivo aparece ya mencionado en un oficio de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía incorporado al sumario de la Operación Tándem que se instruye en la Audiencia Nacional. Con fecha de 29 de octubre de 2018, el jefe del Grupo III escribió: "Estos documentos especifican las supuestas funciones asignadas a Villarejo como comisario en activo con destino en la Dirección Adjunta Operativa del CNP". O lo que es lo mismo, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del excomisario Eugenio Pino hasta 2016. El juez García Castellón recibió ese documento el día 30 de octubre, según recoge en su último auto.

Ese documento policial motivó a su vez un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, de 6 de noviembre de 2018, en el que piden al juez que aísle esa información por no estar relacionada con las piezas abiertas hasta el momento y porque goza de la condición de secreto. "La documentación ahora aportada por la Unidad de Asuntos Internos en su informe 12.565/2018 refleja asuntos, actos, actividades, documentos, informaciones, identificaciones personales y datos que vienen referidos a cuestiones que afectan a la seguridad y defensa del Estado" y que están recogidos en la Ley de Secretos Oficiales, también en la que regula los fondos reservados y en el acuerdo del Consejo de Ministros de 2014 dictado al respecto, razonaba la Fiscalía.

Ahí se perdió la pista del archivo Taja hasta el pasado 24 de abril, año y medio más tarde. En el apartado quinto de la relación de hechos el juez dice que "por providencia de 10/12/2018 se dispuso con carácter previo a dar acceso a las partes de la información digitalizada, y conforme fuera ordenado en el auto dictado por la sala, requerir a la Unidad de Asuntos Internos a fin de que en el término de quince días, procediese conforme a lo señalado en el razonamiento jurídico primero apartado 7 de dicha resolución a informar sobre el eventual hallazgo en el análisis de los dispositivos informáticos de archivos o información que puedan comprometer la seguridad del Estado o que pudiera estar legalmente clasificada".

Información particularmente sensible

Según Asuntos Internos, el contenido de Taja "resulta particularmente sensible". Uno de los documentos recoge "supuestas funciones asignadas al comisario José Manuel Villarejo en los años 2013 y 2014, principalmente relacionadas con la captación de información de interés policial". Desde enero 2011 y hasta su jubilación en junio de 2016, Villarejo estuvo destinado en la Dirección Adjunta Operativa, la estructura que albergó la policía política del comisario Pino durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

El magistrado Manuel García Castellón recuerda que "por la Unidad de Asuntos Internos se emitió un primer informe de fecha de 12 de abril de 2019, poniendo de manifiesto que el archivo BIG 13.2.05, BIG 31.07.05 y el BIG Priest 15.5.05 contienen conversaciones entre los investigadores José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño sobre el modo de estrechar su colaboración. Dichos archivos han sido elevados a la Plataforma Digital, y en principio, no afectaban a la Ley de secretos oficiales. Respecto de la carpeta Scorpy localizada dentro de la carpeta Partners es de señalar que contiene diversa información alguna de la cual está relacionada con los archivos intervenidos dentro de la carpeta "Taja" anteriormente referida que contienen relación de bases de datos de confidentes policiales y pagos realizados a los mismos, tratándose información legalmente clasificada que no afecta a la presente investigación".

El excomisario Villarejo.

Otro de los documentos que figuran en Taja son "datos relacionados con el documento "NI: PROTOCOLO 14 7.1.2014" remitida en formato DVD como anexo al oficio UAI 12550 de 129.10.2018. Se ha aportado a las actuaciones la transcripción de los documentos oficiales de la República de Arabia Saudita sin que en principio afecten a la privacidad de las personas". Pero las alarmas se dispararon definitivamente el 20 de junio de 2019 cuando ""se presenta un nuevo informe 1512/UAI en la que se pone de manifiesto que junto a los documentos o archivos que ya fueron indicados se significaba una serie de documentos que podrían contener información legalmente clasificada".

En el archivo Taja aparecen igualmente las identidades de "colaboradores" del policía y sus propias identidades operativas, así como "gastos y recibos que documentan entregas de dinero" a esas personas. En un documento titulado "fondos reservados 6.5.2014" aparecen imágenes de billetes de 500 euros, una supuesta prueba de que su origen son las partidas oficiales de los fondos reservados. En el oficio de la Policía 1888/2019 de 7/08/2019 se da cuenta de los siguientes archivos: "(...) tres documentos en formato pdf denominados "colaborador Gómez Gómez 17.02.2014.344.pdf", "JEF Radicalización-Tachado.349.pdf" y "JEF radicalización.343.pdf".

Así son los billetes de 500 euros.

Toda esa información quedó declarada secreta bajo el amparo de un auto fechado el 1 de febrero de 2020 en el que se prorrogaba el plazo de seis meses "para el expurgo del material informático intervenido y se excluían de la publicidad determinados archivos por estimar que atienden a diligencias de investigación policial".

Ahora mismo el Juzgado de Instrucción número 6 es depositario de todos los indicios intervenidos en los domicilios de Villarejo en Boadilla del Monte, calle Clavel y Avenida de España y calle Mártires; en Estepona (Málaga), avenida de Andalucía, en Torre Picasso, Madrid; en Galapagar, calle Turquesa; en Colmenarejo, en la calle Londres, de Marbella; en Alginet (Valencia) y en unas oficinas de la calle Alcalá, en Madrid. Habrá que esperar hasta el 1 de agosto de 2020 para ver si el Juzgado levanta el secreto sobre esos audios y resto de la información.