22 de agosto de 2019
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EDICIÓN VERANO

También reivindican que el Ejecutivo no les está dando la formación necesaria para su readaptación a la vida civil

Nuevo frente abierto contra el Gobierno, los militares denuncian la expulsión masiva de soldados y marineros al cumplir 45 años

Desde el año 2012 se han visto afectados por la Ley de Tropa y Marinería en torno a 1.000 militares que han sido despedidos al cumplir los 45 años. El goteo de expulsiones de los reservistas que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúa sin que desde la política se hayan llevado a cabo soluciones para poner fin a un conflicto que puede suponer un impacto económico negativo de miles de millones de euros

El problema tiene su origen en el 26 de abril del año 2006 con la entrada en vigor de la Ley de Tropa y Marinería. La ley establece que el personal de esta sección del Ejército que no consiga la condición de permanente, reservada solo a un 15% de ellos como máximo, debe abandonar su actividad al cumplir los 45 años, una medida que desde colectivos militares consideran injusta y discriminatoria, además de denunciar que no se están cumpliéndose todos los requisitos que se acordaron y firmaron.

Según se publicó el BOE (Boletín Oficial del Estado) durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que tenía como ministro de Defensa a José Antonio Alfonso Suárez, “Alcanzados los 45 años, y en el caso de que no se haya adquirido la condición de soldado permanente, cesa la relación de servicio activo en las Fuerzas Armadas, accediendo el militar profesional de tropa y marinería que así lo decida y haya cumplido al menos 18 años de servicio, a la condición de reservista de especial disponibilidad, y con ella al derecho a percibir mensualmente una asignación económica”. La segunda parte de la aplicación de la ley señala que el Gobierno y el Ejército deben proporcionar a los militares expulsados una serie de cursos formación para que puedan readaptarse a su nueva vida en el mundo laboral siendo ya civiles.

Jenner López Escudero, presidente de la plataforma 45 Sin Despidos, cuenta a El Cierre Digital que esta ley “no sólo es discriminatoria, sino que no se está cumpliendo”. “Se nos había prometido seguimientos individuales y personalizados a los reservistas, una formación especial tras el cese de actividad y esa formación no se ha dado, esos estudios no se han garantizado”, denuncia López.

Los despidos comenzaron en el año 2012, cuando algunos de los soldados y marineros afectados por la normativa militar cumplieron 45 años, y continúa hasta la fecha. “A día de hoy, hay 1000 tíos en la calle desde que comenzó la ley hasta ahora. Las cifras que se están dando rondan entre uno y cinco despidos diarios. Solo este mes han sido 21 personas las cesadas”, asegura el presidente del colectivo y manifiesta con preocupación que “que a final de año la cifra absoluta creo que puede alcanzar los 1.700 militares y de aquí a 2035 habrá 56.00 familias en el paro”.

Los militares que ejercen con este carácter temporal reciben una paga de 629 euros desde el momento en el que son expulsados hasta cumplir los 65 años de edad, una asignación que no es retributiva. A partir de ese momento, pasan dos años sin que perciban ningún tipo de ingreso estatal hasta que puedan cobrar la pensión a los 67 años. 

Sin soluciones políticas

Ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el actual Gobierno de Pedro Sánchez han tomado medidas para acabar con esta situación. El Congreso aprobó una subcomisión para abordar la situación, pero tras 18 meses para tratar el tema “han sacado un dictamen exactamente igual que en 2006, en el que no dan soluciones nuevas ni viables”, afirma Jenner López. En febrero de este año Unidos Podemos presentó una PNL (Proposición No de Ley), que fue aprobada en la comisión de Defensa y contó con el apoyo del PSOE, en la que se fijaba la paralización de los despidos de soldados y marineros hasta que se concretaran soluciones. La ejecutiva del Partido Popular hizo oídos sordos a la propuesta de los de Pablo Iglesias y, los socialistas, que apoyaban en la oposición el cese de los despidos, ahora en el Gobierno no han accedido a dicha paralización. Además, afirma López, “el propio Gobierno ha reconocido en sede parlamentaria que la ley que ellos mismos redactaron no se ha cumplido”.

Tanto desde el partido de Albert Rivera como desde Podemos, siempre se han mostrado favorables a realizar una serie de mejoras que den lugar a conflictos de este tipo y que no dejen sin opciones a los militares que llevan toda su vida en el Ejército y tienen que abandonar su actividad a los 45 años. “Ciudadanos y Podemos plantean una ley de carrera militar única, un estudio de las plazas reales y un aumento de efectivos”, comenta Jenner López a este periódico. Sin embargo, no han recibido todavía respuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante sus reivindicaciones.

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Margarita Robles, ministra de Defensa. EFE

Por su parte, desde 45 Sin Despidos denuncian que no se trata de una cuestión de dinero, "porque los trabajos que realizan muchos de los militares los están llevando a cabo trabajadores de empresas privadas subcontratadas". Un ejemplo claro es lo que sucede con las empresas de catering. “Subcontratan a estas empresas privadas, externalizando lo público y para realizar unas funciones que podrían hacerlas perfectamente los militares. Sólo este año se han gastado 18 millones de euros en catering. Por dinero no es, porque la privatización cuesta más dinero y por efectivos tampoco. Esto es un ERE encubierto”, manifiesta López.

Otra problemática a tener en cuenta es el coste de las pensiones que deberá asumir la Administración en los próximos años si no se acuerda el reingreso del personal de las FCSE, circunstancia que puede constituir un gasto de miles de millones de euros, lo que supondría una situación insostenible para la Seguridad Social.

El colectivo 45 Sin Despidos comparecerá el martes en el Congreso de Aragón para dar voz al problema que afecta a miles de militares. “Todo lo que venga ya es tarde. Solicitamos y exigimos que toda la gente que se ha expulsado sea activada para que se le dé la formación y las plazas en la administración pública que se firmaron. Esto es un problema de Estado, estamos ante un colectivo que puede caer en riesgo de exclusión social. La vida civil no es el campo de batalla para un militar”, concluye López.

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