Ecologistas en Acción ve inviable la legalización del chalé del fiscal decano de Talavera por la Confederación del Tajo

El fiscal decano de la sección de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, está haciendo todo lo posible para salvar su chalé situado en la localidad toledana de Pepino, a 8 kilómetros de donde trabaja, de la demolición.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha informó a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) la firmeza de una sentencia que ordenaba el derribo del chalé. El fiscal ha hecho una última intentona presentando un escrito en el que solicita la legalización de la construcción y con el reconoce la ilegalidad de la edificación.

Tendrá que abonar de su propio bolsillo De La Cruz Andrade el derribo de un chalé del que es copropietario junto a su esposa María García García, a la cual el propio CHT le dijo el 30 de julio que tenía 30 días para demolerlo. El pasado 10 de septiembre la mujer del fiscal también solicitó la legalización del chalé interponiendo un escrito.

El Fiscal De La Cruz Andrade

Desde Ecologistas en Acción Talavera con María del Prado Salmerón se quejan de esta situación. “No vemos posible la legalización del chalé del fiscal decano de Talavera de la Reina, levantado sobre terreno prohibido hace 12 años y que la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó demoler hace 10”, señaló Salmerón para Confilegal.com.

Zona de servidumbre

El problema destacado en la posible autorización es que parte de la casa está edificada dentro de la denominada zona de servidumbre, en concreto cinco metros que distan desde el cauce del arroyo. El resto está construido en la denominada zona de policía, a 100 metros desde el mismo cauce, como ha explicado Salmerón para elcierredigital.com.  “Está construido a una distancia cercana a los 3 metros, pegada al arroyo el resto es lo que considera como zona policía", explica para este diario.

Aun así, los informes de la CHT explican que el chalé invadiría incluso más metros de la zona de servidumbre aproximándose más al cauce. El artículo 10 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, dice que, en los márgenes de los cauces, sin la previa autorización, solo “podrán realizarse en caso de urgencia trabajos de protección de carácter provisional”.

“En el informe que Ecologistas en Acción realizamos en 2016 se dice con toda claridad que el chalé, situado en la parcela número 237 de la segunda fase de la Urbanización El Gran Chaparral se encuentra levantado parcialmente sobre la zona de servidumbre del dominio público hidráulico del Arroyo de la Fuente o del Berrenchín”, explica la responsable del grupo ecologista.

Gráfica de la zona de servidumbre y zona policía

“El jefe del Servicio del Dominio Público Hidráulico de la Confederación realizó un informe el 7 de febrero de 2018 en el que reconoce, igualmente, que parte del chalé invade la zona de servidumbre en un metro”, señala Salmerón.

Además, cualquier construcción que se halle en la zona de servidumbre hay que demolerla, por ilegal.  Y en lo relativo al resto de esta construcción, también. Porque el plazo de quince días de que disponían para solicitarlo, prescribió en 2009, hace 19 años.

Situación problemática con la CHT

María del Prado Salmerón no le ha gustado que se haya enterado a través de la prensa que la esposa del fiscal decano había solicitado la legalización de la construcción, por lo que se va a dirigir a la CHT para que tanto ella como Ecologistas en Acción estén informados de todo, mientras conocen en qué estado se encuentra el procedimiento.

“Somos parte del procedimiento. La Confederación Hidrográfica del Tajo no nos ha informado ni de la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ni del ultimátum de 30 días, dado al fiscal decano para que derribe su chalé, ni del escrito presentado por su esposa, solicitando la legalización. El malestar, como podrá comprender, es evidente”, explica Salmerón.

Como señala la cabeza responsable del grupo ecologista, “lo relevante de este caso es que el copropietario del chalet es el fiscal decano de Talavera. Su función es la de defender la legalidad. En el caso de la construcción es evidente que no la ha respetado, como bien ha dejado claro el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su sentencia al ordenar su demolición. El chalet se ha levantado en terreno ilegal. Y al pedir su legalización está reconociendo implícitamente esa ilegalidad”.

La responsable de Ecologistas en Acción Talavera, María del Prado Salmerón | Confilegal

 "Hace diez años la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó la demolición, a lo que no hicieron caso sus propietarios. Ahora el TSJCLM ha ordenado lo mismo. Si ahora, porque el propietario es el fiscal decano de Talavera, legalizara su construcción estaría mandando un mensaje muy negativo a todo el país. Un mensaje en la línea de que si tienes poder o influencia te puedes saltar la ley. Porque si lo legalizaran, es lo que todo el mundo va a entender", concluye.

El grupo ecologista insiste en que el chalet de más de 400 m2 del Fiscal ocupa el cauce fluvial del Arroyo de la Fuente en la localidad toledana de Pepino. Ángel de la Cruz Andrade había sido denunciado por un “pelotazo urbanístico” también por el Juez Decano de Talavera de la Reina.