Eduardo Tamayo y Miguel Bernard, implicados en una presunta red de extorsión contra un empresario gallego

Se dice que a veces la realidad supera la ficción y así parece que ha sucedido en la siguiente noticia. Nunca se pensaría que dos nombres tan conocidos en el mundo de la información política se iban a relacionar. Son el caso del polémico ex socialista madrileño Eduardo Tamayo y el abogado y exsecretario del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard.

Al parecer, según adelantó el diario La Voz de Galicia, ambos políticos se encontraban integrados dentro de un grupo organizado, compuesto por seis personas afincados entre Vigo y Madrid, que pretendía supuestamente extorsionar Alfonso Caneiro, un conocido empresario pesquero de Galicia, al cual le exigían el pago de 400.000 euros resultado de una deuda no reconocida.

Alfonso Caneiro. Fuente: El Faro de Vigo

Aunque el dato de los nombres de los integrantes los han adelantado algunos medios, la Guardia Civil no ha revelado nada todavía por su condición profesional. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra fue la encargada de llevar a cabo la operación para desarticular a esta trama que se encargaba presuntamente de la extorsión.

Los agentes habían iniciado las investigaciones el pasado mes de noviembre, cuando el empresario vigués denunció estar recibiendo amenazas por negarse a pagar a su socio una deuda que era “supuestamente inexistente”, tal y como aseguran fuentes oficiales del caso.

Desprestigio a través de la Prensa

El empresario víctima de un presunto chantaje recibía amenazas con desprestigiar su reputación personal y profesional mediante la divulgación de noticias falsas. En una de ellas se llegó hasta implicar al alcalde de Vigo, Abel Caballero. Esta información contaba la compra de parte de una empresa pesquera con deudas, ubicada en Guinea Ecuatorial, por parte de un ex socio de Caneiro. Así lo publicaba un periodista en un medio digital.

Esta adquisición se realizó por un valor insignificante, ya que asumió las deudas generadas que la mantenían en la ruina. Posteriormente, le reclamaron el pago de 400.000 euros por una deuda que era inexistente.

Según informa la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra a la Voz de Galicia, las amenazas surgieron cuando varios juzgados archivaron las demandas que había presentado el abogado Tamayo y el socio del denunciante para reclamar el pago de esa deuda.

Fue en ese momento cuando el empresario pesquero empezó a recibir mensajes y comunicaciones con avisos amenazantes a través de terceras personas, advirtiéndole de los serios riesgos que correría su reputación profesional en el sector empresarial si no cumplía con el pago de la deuda.

Recreación presunta extorsión.

Las investigaciones seguidas por la Guardia Civil, determinaron cual era la identidad de estos mediadores. Finalmente resultó que detrás de estos mensajes se escondía el periodista que divulgaba las noticias que iban en contra de la imagen del empresario vigués y el fundador del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard. Ambos fueron notificados penalmente de un presunto delito de extorsión, junto a Eduardo Tamayo y al otro socio del denunciante. Así lo recoge este medio gallego.

Los investigadores sospechan que participaron activamente en el chantaje, amenazando a la víctima y a su entorno familiar y social para que hiciese el pago de la deuda que se dice inexistente.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil se entregaron en el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, donde deberán comparecer los investigados cuando sean requeridos. El empresario también ha denunciado que días antes del estado de alarma recibió la visita intimidante de dos personas, que se presentaron en la sede de su empresa de Vigo en la que, bajo amenazas, pretendían el cobro de los 400.000 euros que el empresario no está dispuesto a pagar.

Tamayo niega la extorsión al empresario

En declaraciones para La Voz de Galicia el abogado ha negado la extorsión al empresario vigués. Únicamente le reclama a Caneiro el pago de 400.000 euros por haberle prestado sus servicios como letrado cuando el gobierno de Guinea Ecuatorial le paralizó dos barcos de pesca en tres años.

"He sido abogado de Alfonso Caneiro cuatro años. He hecho un trabajo a nombre de su empresa frente al gobierno. Tengo una hoja de encargo profesional firmada por los dos en la que consta que mi minuta es el 10 % de la cantidad que se obtuviese", explica Eduardo en el diario.

Según declara, el gobierno de Guinea aceptó que se había producido una negligencia y que eso había conllevado un perjuicio, por lo que negociaron el pago de una indemnización al empresario pesquero de 7,8 millones de euros y la devolución de los dos barcos de pesca.

El pago se efectuaría en dos plazos, uno de manera inmediata y el último al cabo de un año. “Cuando el gobierno guineano hizo el primer pago, le giré una minuta a mi cliente y me pagó”.

Con la segunda entrega del dinero llegó el problema. Tamayo afirma que hizo gestiones y que pudo comprobar que el gobierno guineano hizo efectivo lo que faltaba de la indemnización en la cuenta de la empresa en el Banco de Sabadell. “Caneiro me dijo que no había cobrado, pero inmediatamente transfirió todo ese dinero a una cuenta de otra sociedad”.

Al verificar el supuesto engaño acudió a Miguel Bernad, fundador del sindicato Manos Limpias, para pedirle explicaciones, puesto que fue la persona que le puso en contacto con Caneiro. Bernad, que también está siendo investigado, hizo de intermediario y transmitió a Tamayo que Caneiro estaba dispuesto a pagarle 150.000 euros.

Nombres con pasado envuelto en polémicas

Eduardo Tamayo y Miguel Bernard son nombres ya conocido en la opinión pública por estar envueltos en la polémica.

Tamayo es uno de los apellidos que más se conocen en el seno de la Comunidad de Madrid. Dio nombre a uno de los casos de trasfuguismo de la política de los últimos años, conocido como Tamayazo.

El 30 de junio de 2003 los diputados socialistas María Teresa Sáez y Eduardo Tamayo decidieron no presentarse a la segunda sesión de investidura de presidente de la Comunidad de Madrid de Rafael Simancas. Lo que supuso la repetición de las elecciones y la victoria de Esperanza Aguirre.

Eduardo Tamayo, en la primera convocatoria de investidura de Simancas. Fuente:20 Minutos

Desde los comienzos del caso el Partido Socialista afirmó que los dos diputados habrían recibido dinero de una trama inmobiliaria y urbanística con el objetivo de beneficiar al Partido Popular.

Por su parte, el PP manifestó que se debió a una serie de desavenencias entre los diputados con el PSOE.

Tamayo explicó que su ausencia se debió a que no le gustó el pacto alcanzado con Izquierda Unida.

Mariano Fernández Bermejo, quien fue ministro de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, declaró durante la campaña electoral de 2007 que la investigación judicial respecto al caso fue bloqueada por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, nombrado por el gobierno de José María Aznar, sin que se retomase tras la ascensión del PSOE al poder. Finalmente, el caso quedó parado.

También el nombre de Miguel Bernard es conocido por una gran mayoría. Bernard fundó el sindicato Manos Limpias. Este sindicato obtuvo notoriedad pública después de que se personara como acusación particular en el juicio del caso de la Infanta Cristina. Muchos ciudadanos aplaudieron la decisión de Bernard de implicarse en el caso pero con el tiempo se descubrió que detrás de esas buenas intenciones lo que se pretendía era dar visibilidad a Manos Limpias.

El 15 de abril de 2016 el ex secretario general del sindicato fue detenido por su presunta implicación en una red que extorsionaba a empresarios y banqueros.