Los seis hijos de Ruiz Mateos en la prisión de Aranjuez: desvelamos las acusaciones que añadirían otros dieciseis años más de cárcel para todos

Todos los seis hijos varones de la familia Ruiz Mateos ingresaron en la prisión de Aranjuez este lunes para comenzar a cumplir dos años y medio de cárcel por estafa en la venta de unos hoteles en Mallorca y Canarias. Los condenados esperaron hasta el último momento, ante la solicitud de un indulto que nunca llegó, para ingresar en el centro penitenciario de Aranjuez, donde permanecerán los próximos meses.

Los hermanos Ruiz Mateos cumplen la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares por la estafa cometida a finales de 2008, como publicó elcierredigital.com. Todo viene de cuando el empresario José María Ruiz Mateos dejó en manos de sus seis hijos, Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso los negocios familiares de Nueva Rumasa.

Éste solo es el primer capítulo de otros muchos que puede acabar con los hijos del desaparecido empresario jerezano en la cárcel durante un tiempo, ya que se espera que pronto se celebre el juicio conocido como "los pagarés de Nueva Rumasa". En este caso, la acusación contra los hermanos Ruiz Mateos del fiscal de la Audiencia Nacional no deja lugar a dudas, 

El fiscal pide para ellos 16 años de prisión, nueve años por estafa, cuatro por blanqueo de capitales y tres por alzamiento de bienes. Junto a los hermanos Ruiz Mateos, aparecen imputados asesores, abogados y supuestos testaferros como su primo Zoilo Pazos, Alfonso Barón, Manuel Sánchez y José Ramón Romero López, Ricardo Álvarez, Rufino Romero de la Rosa, Fernando Juan Lavernia, Ivan Manuel Losada y Ángel de Cobo.

La Fiscalía también acusa en condición de partícipes a título lucrativo a cuatro hermanas del clan, Patricia, Nuria Fátima, Almudena, Paloma, Socorro, ya fallecida y Begoña como administradoras de empresas ligadas a la trama. El fiscal también considera que Alfonso María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada, tío de los acusados y el exabogado de la familia, Joaquín Yvancos como propietario y administrador de la empresa Bochner España, se habrían lucrado de la misma trama.

Según el escrito fiscal, "los acusados venían trabajando durante años colectivamente en el ámbito de dirección de un complejo entramado societario conocido públicamente como “Grupo Nueva Rumasa”, denominación e imagen que utilizaban recurrentemente en su publicidad con el fin de presentarlo ante la opinión pública como un sólido holding empresarial".

La Fiscalía tiene en consideración que los acusados "desempeñaban su trabajo bajo al dirección última de José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada, pero cada uno de los acusados ejercía  en sus respectivos ámbitos de actuación un poder de decisión propio cuyas consecuencias eran recíprocamente aceptadas por todos. Con independencia de la división funcional del trabajo y de la eventual presencia de todos ellos en las instalaciones y sedes de las diversas sociedades para su gestión ordinaria, la dirección última del “Grupo Nueva Rumasa” se llevaba a cabo desde unos despachos ubicados en los chalets situados en las calles Alondra nº 2 y Ciervo nº 19 de la Urbanización Somosaguas en Pozuelo de Alarcón, Madrid".

Nueva Rumasa

 El grupo Nueva Rumasa pertenecía a toda la familia Ruiz-Mateos, aunque la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, "generalmente radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación ‒fundamentalmente Belice, Panamá y Holanda‒, lo que unido al empleo de testaferros y de despachos fiduciarios permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad", añade la Fiscalía en su informe concluyente de más de cien páginas.

El entramado fue tan complicado de desentrañar que ni siquiera Anticorrupción pudo conocer con exactitud el número de empresas, ya que en algunas casos ellos mismos hacían referencia a 107 empresas y, en ocasiones, a 117 empresas. Sin embargo, los administradores concursales nombrados por el juzgado reconocieron un total de 171 empresas.

Según el fiscal, "entre ese cúmulo de sociedades podían distinguirse unas auténticamente productivas ‒fundamentalmente ubicadas en los sectores vinícola, hotelero y de alimentación‒junto con otras sociedades instrumentales o meramente patrimoniales ‒la mayoría radicadas en Belice‒que se limitaban a ostentar la propiedad nominal de aquellas sociedades y de sus marcas comerciales, así como la de algunos inmuebles de los miembros de la familia Ruiz-Mateos".

En los años a los que se refiere el escrito fiscal las sociedades contaban con 4.067 cuentas abiertas en 117 entidades bancarias, principalmente en el Grupo Santander-Banesto ‒724 cuentas‒y en el Banco Etcheverría, 130 cuentas.

El papel de los testaferros en las sociedades quedó al descubierto tras la larga investigación, así Zoilo Pazos participaba en 10 sociedades, administraba otras 37, era representante de 40 empresas y constaba como autorizado en cuentas bancarias de 51 sociedades. Alfonso Barón era representante de 3 sociedades y autorizado en cuentas bancarias de 2 empresas, todas extranjeras, así como José Ramón Romero, autorizado en cuentas de 8 empresas o Rufino Romero de la Rosa, en 3 sociedades, administrador de 3 sociedades, representante de 5 sociedades y autorizado en cuentas bancarias de 9 empresas.

Joaquín Yvancos, exabogado de los Ruiz Mateos.

Hay que remontarse hasta principios del año 2009 para comprender que la situación económica y financiera del “Grupo Nueva Rumasa” era grave, porque tenía deudas acumuladas por importe de 577 millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas, que necesitaban 52 millones de euros para atender sus pagos más inmediatos. Entre tales compromisos se encontraban deudas por 197,5 millones de euros que vencían ese año y por otros 194,6 millones de euros que vencían en el año 2010.

Sociedades fuelle

Según la acusación fiscal, "para paliar en parte esa situación, que venía arrastrándose con anterioridad, los responsables del “Grupo Nueva Rumasa” recurrían al descuento bancario de efectos, mediante el cual conseguían financiación a corto plazo en función de las necesidades de tesorería de las empresas. Para ello los acusados utilizaban un conjunto de 25 sociedades instrumentales carentes por completo de actividad y personal ‒sociedades “fuelle” según su propia denominación interna‒cuyo único objeto era emitir facturas por operaciones inexistentes para presentarlas a descuento en los bancos. Todos esos efectos se descontaban a través de la sociedad Factoring Occidental SL (propiedad de la beliceña Brinsol Enterprises LTD), la cual entre los años 2009 y 2011 llegó a obtener mediante descuento en Banco Santander un total de 540,9 millones de euros que se destinaron a las principales sociedades productivas del Grupo, Nueva Hotasa SL, Hibramer SA, Clesa SL y Grupo Dhul SL, las cuales, a su vez, transfirieron 538,8 millones de euros a las denominadas “sociedades fuelle” para que estas pudieran abonar finalmente las facturas que les presentaba el Banco Santander".

Este mecanismo financiero en vez de aliviar la crisis de Nueva Rumasa contribuía a agravarla porque, además de tener que devolver los fondos extraídos, generó al grupo "un coste financiero adicional de 11 millones de euros".

Para la Fiscalía, "los responsables del “Grupo Nueva Rumasa”, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores, consumidores y demás intervinientes en los sectores en los que desarrollaban su actividad ordinaria, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público con los que poder, no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus numerosas y costosas viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros".

Recaudaron más de 337 millones de euros

Según este mismo escrito, el importe total de los fondos captados fue de 337.377.450,60 euros y el fiscal pudo identificar la entrada en las cuentas del grupo de  243.476.514 euros, procedentes de la venta de pagarés entre febrero de 2009 y febrero de 2011, en dos años.

El importe de estos intereses ascendía a casi 48 millones de euros, pero los acusados"sabedores de que será de todo punto imposible su abono, emitieron sucesivamente pagarés a nombre de 13 sociedades del “Grupo Nuevo Rumasa” por un importe total de 385.353.279,24 euros, de los que solo llegaron a abonarse 96.239.433,24 euros, quedando sin pagar a los inversores 289.113.846,01 euros", añade el fiscal. Ahora sólo es necesario que se encuentre, si existe todavía, el destino de todo ese dinero.

Ahora en la cárcel de Aranjuez

Los seis hijos del fallecido José María Ruiz-Mateos: Zoilo, José María, Francisco Javier y Álvaro, Pablo y Alfonso – estos dos últimos ya ingresaron en 2014 en la prisión de Navalcarnero, por delito fiscal- deberán cumplir una condena de dos años y medio en el centro penitenciario de Aranjuez donde han pasado ya su primera noche,en el módulo de ingresos.

Aunque el Tribunal Supremo les rebajó la pena de la sentencia inicial, a la mitad, confirmó el castigo impuesto, en julio de 2017, por la Audiencia Provincial de Baleares, por la estafa cometida, a finales de 2008, en la compra de dos establecimientos hoteleros: uno en Mallorca y otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), lo dos de la cadena Beverly.

En su fallo,  el Tribunal Supremo indicaba que los hermanos se valieron de la “tradición y solera empresarial” familiar para adquirir los dos hoteles, aparentando “una solvencia que, en realidad, no tenían”. Una vez comprados ambos establecimientos, los ahora seis condenados y su desaparecido padre, los hipotecaron para obtener una serie de créditos que les permitieron financiarse en base a una liquidez y garantías de las que no disponían

Pese a que todavía está pendiente la resolución del indulto planteada por su abogado defensor, como ya informo elcierredigital.com, la medida de gracia no ha  sido motivo suficiente para paralizar su ingreso penitenciario. Los antecedentes penales de Pablo y Alfonso, y el hecho de que todos tengan varias causas pendientes por estafa, como la de los pagarés de Nueva Rumasa apunto de verse, ha contribuido a su inmediato ingreso en la cárcel y a no congelar la aplicación de la pena correspondiente.