La Audiencia Nacional confirma que se juzgue a la red de Gao Ping por blanqueo de capitales

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza así los recursos presentados por Gao Ping y otras 29 personas contra el auto de 8 de julio del pasado año que acordó continuar la tramitación de la causa por la denominada “Operación Emperador” por el procedimiento abreviado por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos. 

El tribunal confirma los indicios apreciados por el juez instructor José Luis Calama y considera que la resolución recurrida por la que se acuerda la incoación de dicho procedimiento “resulta acertada y correcta, a criterio del tribunal; y ello con independencia de lo que resulte de la celebración en su caso del juicio, en el que podrá la parte investigada ahora apelante, si así lo estima oportuno, reproducir los argumentos que en cuanto al fondo expone en su escrito de recurso”. 

Gao Ping, empresario encausado.

De la instrucción realizada por el Juzgado Central 4, el auto de pase a procedimiento abreviado concluyó que existían indicios racionales para considerar que los encausados formaban parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional, encabezada por Ping Gao, compuesta de sucesivos puestos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito era llevar a cabo un actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales. 

El escrito relataba que los 105 investigados contra los que se dictó el auto de pase a procedimiento abreviado constituyeron un entramado de sociedades pantalla al frente de las cuales se situaba a diferentes testaferros y confeccionaban los correspondientes documentos mercantiles y públicos necesarios para dar soporte a sus actividades delictivas.

La operación Emperador destapó una macrorred de fraude fiscal y blanqueo en la que presuntamente participaron empresarios, policías, guardias civiles. Una de las vías que supuestamente utilizaba la trama consistía en la recogida de dinero centralizada en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) para su posterior remisión al exterior.

Según explicó el juez instructor en un primer escalón las red contaba con ciudadanos chinos afincados en España que importaban unos mil contenedores anuales de artículos de bazar desde su país y los distribuían a través de 39 sociedades instrumentales, con dos contabilidades paralelas para eludir el pago de impuestos.

Registraban un número menor al real de artículos importados y declaraban productos distintos a los reales. El material se centralizaba en naves industriales, en Fuenlabrada y Seseña (Toledo), para ser distribuido en todo el territorio nacional.

Esta primera trama cobraba las mercancías en efectivo y transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre 4 y 5 millones de euros.

El segundo bloque estaba integrado por intermediarios que cobraban comisiones de entre el 2 y el 3 por ciento por facilitar la salida al extranjero del dinero de la trama.

La tercera trama, según el auto, estaba formada por ciudadanos chinos que realizaban envíos masivos de dinero a China camuflado en falsas remesas de inmigrantes, tanto por carretera como por vía aérea.