JUPOL se opone a que la Policía Nacional sustituya a la Guardia Civil en la vigilancia del chalet de Pablo Iglesias

El sindicato JUPOL, mayoritario en el Consejo de la Policía, solicita una rectificación al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la orden, que califican de  "ilegal" que ha emitido a la Policía Nacional, a la que ordenó realizar las funciones de vigilancia del domicilio del vicepresidente del Gobierno y de la ministra de Igualdad, pese a estar ubicada en el municipio de Galapagar, "una demarcación en la que tiene atribuidas las funciones de seguridad la Guardia Civil", aseguran.

Desde JUPOL se ha denunciado que esta orden es “completamente ilegal” y choca de frente con la Ley Orgánica 2/1986, del 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por este motivo, desde el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, su secretario general, José María García se ha mostrado “su oposición frontal y absoluta a esta decisión, que supone cometer una ilegalidad y que solo puede tener consecuencias negativas para la imagen del Cuerpo Nacional de Policía”.

García ha explicado que “no entiende los motivos que llevan al Ministerio a realizar ahora esta modificación en las funciones de vigilancia del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, sin ni siquiera dignarse a relatar los motivos”.

Lo único que puede acarrear esta decisión, según JUPOL, “es un perjuicio para la imagen pública que tiene actualmente la Policía Nacional, y que se había visto reforzada durante la pandemia sanitaria del COVID-19”.

La caseta y el remolque que tiene la Guardia Civil a las puertas de la casa de Iglesias y Montero en Galapagar.

Unas circunstancias que deberían ser motivo de orgullo para el Ministerio del Interior, pero que según el sindicato JUPOL “parece que les molesta e intentan dinamitar día a día la buena imagen y el reconocimiento ciudadano hacía la Policía Nacional y la Guardia Civil”.

Apoyo de los mandos policiales

Además, desde esta organización sindical, se solicita a los mandos de la Policía Nacional que “muestren también su oposición a esta decisión unilateral y sin sentido del ministro Grande-Marlaska, y se sumen así a la defensa de la Policía Nacional y de la legalidad vigente”.

“No entendemos que los mandos de la Policía Nacional no digan nada ante este tipo de órdenes que atentan directamente contra la imagen de la Policía Nacional y que suponen obligar a sus agentes a acatar una orden completamente contraria a la Ley”, añade José María García. Desde el fin de la temporada de corridas en octubre la mayor parte de los trabajadores del sector no recibe ningún ingreso.