24 de agosto de 2019
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EDICIÓN VERANO

El polémico empresario compra la opción sobre los derechos de reversión de la mitad de todos los terrenos contemplados en el plan urbanístico

El nuevo pelotazo de Trinitario Casanova: se convierte en el árbitro de la Operación Chamartín tras prometer pagar 400 millones de euros

Imagen realizada por ordenador de la operación Chamartín.
Imagen realizada por ordenador de la operación Chamartín.
El polémico empresario Trinitario Casanova se ha convertido en el árbitro de la mayor operación inmobiliaria de España, la antes llamada Operación Chamartín, ahora Madrid Nuevo Norte, gracias a un acuerdo firmado con la mayor asociación de reversionistas el pasado mes de abril. Les ha prometido 400 millones de euros si el plan sale adelante. De momento, les ha pagado solo un euro por metro cuadrado.

Trinitario Casanova vuelve a estar en el ojo del huracán. Gracias a un acuerdo firmado el pasado abril se ha convertido en el árbitro de la operación inmobiliaria más importante de España, la antes conocida como Operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte. Paralelamente a este nuevo pelotazo, el dueño del grupo Baraka mantiene una guerra abierta con la cadena hotelera RIU al haberse apropiado indebidamente de los 15.000 metros cuadrados de la zona comercial del Edificio España, según publicó Elcierredigital.com después de que la justicia francesa le impidiera vender esta propiedad en la Feria Inmobiliaria Internacional de Cannes. 

Ahora, Baraka ha logrado a golpe de talonario hacerse con una nueva operación inmobiliaria especulativa, comprando a 400 euros por metro cuadrado los derechos de reversión a un millar de familias de la asociación No Abuso dentro de la Operación Chamartín La firma del acuerdo se materializó el pasado mes de abril, aunque de momento sólo ha desembolsado un euro por metro cuadrado, comprometiéndose a pagar el resto si el proyecto sale adelante.

El empresario Trinitario Casanova en una foto corporativa del grupo Baraka.

Si la operación fuese aprobada por el Ayuntamiento de Carmena, el grupo Baraka será propietario de 1.200.000 metros cuadrados, casi la mitad del plan urbanístico más importante de la capital de España en toda su historia, necesitando su firma en el acuerdo para que arrancase la construcción.

Los terrenos de Chamartín ocupan un espacio de 3.300.000 metros cuadrados, de los que 1.480.000 metros se dedicarán a edificabilidad lucrativa y 1.050.700 metros a uso residencial, según el último plan de 2004. El resto será destinado a zonas verdes, accesos, servicios y a construir la futura Ciudad de la Justicia, uno de las peticiones de Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid.

El plan ha previsto, de momento, asignar una  edificabilidad total de 2.600.000 metros cuadrados. Haciendo unas cuentas simples, a Baraka le correspondería aproximadamente la mitad. Los expertos calculan a estas parcelas un valor definitivo bruto en torno a  6.500 millones de euros. Por tanto, si alguien quiere construir tendrá que pactar con Baraka, a no ser que esta misma empresa compre directamente los terrenos a Adif, lo que implicaría desembolsar otros 1.000 millones de euros, el dinero prometido por DCN a Renfe.

El pelotazo del negocio es evidente, tanto que Trinitario Casanova decidió el pasado mes de abril arriesgar 1,2 millones de euros en opciones sobre los derechos de reversión, aunque él podría actuar tanto como intermediario para posteriormente revender estos derechos; como constituirse en promotor inmobiliario. Toda la operación fue concedida en 1994 por Adif (Renfe) a la empresa Duch (Desarrollo Urbanístico Chamartín), que en 2003 se convirtió en DCN (Distrito Castellana Norte). DCN es una sociedad constituida por el BBVA (que heredó el proyecto tras absorber a Argentaria) y Constructora San José. 

En la década de los 50 del siglo pasado Renfe expropió estos terrenos para construir su estación de tren e instalar vías de tren y se comprometió ante los propietarios de esos terrenos, pequeñas huertas en su mayoría, que si cambiaba el uso debería devolverlos. Como en 1994 ADIF decidió cambiar este uso al pactar con DCN los herederos de aquellos propietarios se organizaron en varias asociaciones, una de ellas No Abuso constituido por un millar de propietarios.

Denuncias y recursos que acabaron en el Tribunal Supremo

Pero la Operación Chamartín ya nació viciada, porque tras la paralización del proyecto por parte de un juzgado, la operación ha ido sufriendo varios bandazos legales, con denuncias y recursos, siempre liderados por un pequeño gabinete jurídico de Valladolid, EJL, en nombre de los afectados, hasta que en 2012 el Tribunal Supremo dijo que nadie tenía razón en el pleito porque la desafectación –cambio de uso- todavía no se había producido.

En realidad, el Tribunal dictó que "al no acreditarse la desafectación tácita" de los terrenos, "no procede la reversión", lo que supone un reconocimiento expreso de que existen esos derechos de reversión en el momento que Adif firme su venta definitiva a DCN. Sin embargo, desde la empresa DCN aseguraron que el Tribunal les daba la razón y no tendrían que pagar por esos derechos a los herederos de los terrenos.

Trinitario Casanova llegando a los juzgados

De cualquier manera, Trinitario Casanova se ha convertido en el verdadero árbitro por el que tendrán que pasar todas las partes si alguien intenta poner un solo ladrillo en la mitad de Chamartín que le corresponden. Tras la firma del pasado mes de abril, el grupo Baraka informó mediante un comunicado que "con esta operación, que alcanza los 400 millones de euros, más de 1.000 familias cobrarán por los suelos que les fueron expropiados hace más de dos décadas".

Todo apunta a que Operación Chamartín se enfrenta a una batalla de interpretaciones legales y probables conflictos judiciales, en la que DCN defiende que estos derechos no existen, mientras que los abogados de Casanova aseguran que la ley está de su parte. En julio de 2019 está prevista la aprobación del plan final y será entonces cuando comience el juego de pactos y ventas.

Un empresario acostumbrado a vivir en el alambre

El empresario Trinitario Casanova viene protagonizando últimamente varios escándalos. A su guerra contra la cadena hotelera RIU, en la que por ahora ha salido perdiendo, se une la posibilidad de ir a prisión. El pasado 30 de octubre el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia dictó la apertura de juicio oral para él y otros 21 acusados de participar en un presunto fraude fiscal millonario por medio de una empresa llamada Grupo Inversor Hispania y de falsificar la contabilidad para encubrirlo. El fiscal, tal y como ya contó Elcierredigital.com, pide 17 años de prisión para el empresario y una multa millonaria.

En su guerra contra la cadena RIU, el pasado viernes logró que que el Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid ordenase la paralización momentánea de las obras del edificio España, tras admitir a trámite una demanda presentada por Baraka en la que aludían a problemas de seguridad en el nuevo proyecto de construcción del nuevo hotel Riu Plaza. El problema para Trinitario Casanova reside en que él ya no es propietario del Edificio España y que simplemente tenía un mandato como intermediario para vender los 15.000 metros de zona comercial. Un privilegio que le fue retirado por parte de la cadena hotelera RIU tras perder su confianza en él. 

Ahora, con su inversión en la Operación Chamartín, de la que sólo ha pagado 100.000 euros de los 400 millones de euros prometidos, se abre un nuevo capítulo en la controvertida vida de este empresario que pasó de ser frutero a convertirse en uno de los grandes especuladores inmobiliarios de España. 

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