23 de mayo de 2022
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FIN DE SEMANA

La vicepresidenta de la Generalitat podría acabar en el banquillo por haber contribuido presuntamente a tapar los abusos sexuales de su exmarido

El problema judicial de Mónica Oltra incomoda a La Moncloa y da aliento al PP valenciano

/ Mónica Oltra
Mónica Oltra está al borde de la imputación por haber contribuido a encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor de edad tutelada. La vicepresidenta de la Generalitat fue el azote del PP valenciano y ahora sufre una campaña promovida por la derecha en la Comunidad Valenciana.

Una de las claves de la pérdida del poder territorial del PP en los últimos años fue la debacle del partido en la Comunidad Valenciana en 2015. El que fue su granero durante veinte años se les escapaba entre los dedos y Rita Barberá se hacía cruces en la noche electoral: "¡Qué ostia!", reconocía.

La corrupción del PP valenciano, certificada por varias sentencias y retratada en la película 'El reino', es una losa que en Génova 13 saben que tienen que levantar si quieren recuperar La Moncloa. Mariano Rajoy intentó limpiar al PP en el Mediterráneo con el liderazgo 'blando' de Isabel Bonig.

Y Pablo Casado apostó por Carlos Mazón, en el que confía Alberto Núñez-Feijóo para recuperar el poder de la Generalitat Valenciana.

Mónica Oltra

Clave en la debacle del PP valenciano fue Mónica Oltra. La candidata de Compromís se convirtió en el azote mediático de Francisco Camps y compañía. Y sus denuncias tuvieron premio: en 2015 se hizo con la vicepresidencia valenciana y en 2019 revalidó el cargo.

El problema para la izquierda valenciana, amén del desgaste del poder que se advierte en las encuestas, es que a Oltra la han colocado en la diana por la condena que sufrió su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, educador de un centro religioso de acogida con plazas concertadas de la Generalitat, por abusar de una menor de 16 años cuyo abogado es el ultraderechista José Luis Roberto (líder de España 2000).

Ramírez Icardi fue condenado por la Audiencia de Valencia a cinco años de prisión y ahora el Juzgado de Instrucción número 15 de València ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que impute a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas por este caso.

Campaña

Oltra asegura ser víctima de "un contubernio" y una "cacería política y mediática" promovida por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; el senador del PP Fernando de Rosa; la periodista Cristina Seguí, ex de Vox; y Alberto de Rosa, director ejecutivo europeo de Ribera Salud, que durante años gestionó diferentes hospitales valencianos privatizados por los gobiernos del PP, como el de Alzira o Torrevieja.

Cristina Seguí con una querella contra Oltra en la mano. 

El presidente valenciano Ximo Puig, acusado de beneficiar a su hermano, ha intentado lanzar un capote a su mano derecha: "Yo no creo en teorías de ninguna conspiración. Lo que sí creo es que hay intereses determinados por intentar pervertir la verdad. Tengo tanta confianza en la Justicia como desconfianza en las derechas valencianas respecto a la búsqueda de la verdad".

La querella

Cristina Seguí, que preside la asociación Gobierna-te tras pasar por Vox, acaba de presentar una querella contra Oltra que dice que "la propia aforada ha reconocido ya en sede parlamentaria que cuando tuvo conocimiento de los hechos de los que se acusaba a su marido y de la existencia de un procedimiento de instrucción penal por los mismos, dio instrucciones para que se recabara información en relación a dichos hechos, generando de facto una instrucción o investigación paralela a la judicial, lo cual conculca por completo la absoluta prioridad del derecho penal frente al derecho administrativo. Esta prioridad vacía de causa la existencia de la propia investigación paralela. Investigación paralela que, dado su carácter absolutamente injusto e ilegítimo, se tramita muy a conciencia de forma secreta y oculta como una Información reservada".

Las "conclusiones y medios de prueba apuntan a la desacreditación de la menor y de su estado mental, lo cual después ha sido desmontado por profesionales independientes del Instituto de Medicina Legal de Valencia y por la propia Audiencia Provincial. Ambos organismos coinciden en que la credibilidad de la menor es superior a la media, muy al contrario de lo que quería sostener la Consejería. Las conclusiones y medios de dicha instrucción paralela acaban en manos de la defensa del Sr. Icardi en el juicio por sus deleznables hechos, no consiguiendo se practicarán en primera instancia, pero sí en la repetición del juicio".

La querella asegura que "resulta evidente que existen indicios más que suficientes de que la aforada dio la orden de que se practicara dicha Información reservada. No se puede obviar que días después, en su propia Consejería, se practicó un expediente con dicho objeto exactamente. Un expediente secreto y parajudicial. No se puede obviar que la conjunción de dichos elementos objetivos apunta a una dirección: a que la Sra. Oltra dio la orden. Sobre todo, porque dicho expediente y los elementos de descargo para su marido que en él se generaron acaban en manos de la defensa del Sr. Icardi. Y ello solo beneficia a dos personas: al Sr. Icardi a nivel penológico y a la Sra. Oltra a nivel político".

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