Discrepancia en sindicatos policiales por la norma que exigirá pedir permiso para acudir a tertulias de TV

El Gobierno tiene previsto aprobar en los próximos días un Real Decreto sobre incompatibilidades para los miembros de la Policía Nacional. Entre otras cosas, en la ley se prohíbe a los agentes acudir a tertulias de televisión y radio, así como opinar en medios impresos sobre cuestiones policiales o hacer uso de información obtenida por su puesto de funcionario.

El borrador de este RD está pendiente de ser presentado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al Consejo de Ministros y, en caso de ser aprobado, entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Borrador del Real Decreto.

El Decreto presta especial atención al papel de los agentes de la Policía Nacional en los medios de comunicación. Este nuevo texto puntualiza lo ya especificado en la Ley orgánica de personal de la Policía Nacional de agosto de 2015.

Agrupación Reformista de Policías (ARP)

Elcierredigital.com ha contactado con la Agrupación Reformista de Policías y ha hablado con su coordinador general, Francisco Cano, quien ha explicado que ya en 2018 se envió "un escrito al Ministerio del Interior, concretamente a la Dirección General de la Policía, al objeto de regularizar la intervención de funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional en tertulias y programas de diferentes cadenas televisivas", subraya.

El fondo de la cuestión estaba en que en "algunas de esas intervenciones se podrían estar desvelando métodos operativos que solo deberían ser conocidos por el juez y los propios funcionarios técnicos encargados de los medios en relación con una herramienta fundamental y propia de la actividad investigadora de la Policía Judicial. Son muchos los componentes del CPN que desconocen sistemas técnicos de la Dirección General de la Policía, en evitación de interferencias o descubrimientos que no deben estar al alcance no sólo de la ciudadanía sino incluso de cualquier funcionario", explica Cano.

En cuanto a los tertulianos, el coordinador general de ARP afirma que, aunque en ocasiones estos tienen acceso a la información desvelada por razón de su condición de funcionario del CPN, "están obligados a mantener ocultos datos y hechos confidenciales, así como a guardar el debido secreto profesional". En otras ocasiones, señala que los intervinientes "son meros especuladores en perjuicio efectivo".

Ante estas situaciones, prosigue Cano, "se solicitó, que se nos informara si estos funcionarios estaban debidamente autorizados por la Dirección General de la Policía o, en su caso, si habían interesado y obtenido la oportuna y preceptiva compatibilidad para emplear numerosas horas en ocupaciones extra policiales en diferentes medios de comunicación, en las que no realiza función profesional o sindical alguna. Como es habitual, no hubo contestación alguna", afirma.

Ahora, ante el anuncio del Ministerio del Interior de abordar esta situación, la ARP sostiene que "perjudicará a un número muy limitado de asiduos a medios de comunicación y pondrá “cierto orden” que no se entendía por la mayoría del colectivo policial, principalmente en aquellos componentes de brigadas o grupos inmersos en investigaciones judiciales".

"Desde ARP nos parece bien que no se invadan las funciones propias de portavoces en Jefaturas Superiores y Comisarias Provinciales, en su relación con la
prensa", aclara. Y añade que sigue siendo "deseable que los representantes sindicales se ciñan exclusivamente a valoraciones y opiniones exclusivamente en materia laboral, para lo cual han sido elegidos por sus propios compañeros, en ningún momento para otros menesteres sociales o profesionales.  Para ello, ya existen muy buenos profesionales en la mayoría de los medios de comunicación", comenta el coordinador general de ARP.

Francisco Cano, coordinador general de ARP. 

Según comenta Cano, en ARP no existe polémica por este asunto. "En nuestro debate interno se ha dejado muy claro que a ningún policía se le va a prohibir ir a la TV o hacer declaraciones en medios de cualquier índole por ser policía, le prohibirán decir cosas en su condición de policía ajenas a sus funciones, sin autorización previa. Para ello, existe un gabinete de prensa. Nadie entiende cómo hasta ahora se ha permitido a “tertulianos y liberados sindicales” hablar desde su “conocimiento” policial sobre cualquier asunto impropio. Una intromisión en la labor propia de los profesionales de algunos medios que nos hacían llegar su malestar", asegura Francisco Cano.

Academias para opositores al cuerpo de policías  

En cuanto a las academias para opositores al cuerpo de policías, Cano explica a elcierredigital.com la postura de ARP: "No nos parece nada correcto seguir permitiendo a funcionarios del CPN, en algunos casos pertenecientes a la División de Formación, impartir clases en academias particulares de oposición al Cuerpo de Policía Nacional. En nuestra opinión, esa condescendencia fomenta un negocio encubierto y la posibilidad de que se especule de forma comercial en favor de empresas vinculadas o colaboradores de organizaciones sindicales".

Por otra parte, se lamentan de que el Real Decreto no regule en relación con las redes sociales: "Echamos en falta una mención sobre el uso de las redes sociales, páginas web de policías, expresiones e imágenes obtenidas en el ejercicio de labores profesionales, que son distribuidas por funcionarios sin control de la DGP, merecedoras de un capítulo propio en este Real Decreto que se anuncia".

Francisco Cano hace hincapié en que su objetivo es "hacer llegar públicamente al colectivo policial, y a la ciudadanía en general, en mi calidad de coordinador general de ARP, que vamos a esperar el anuncio oficial en el Boletín Oficial del Estado. Un anuncio que abrirá debate en sede parlamentaria del que esperamos un análisis más riguroso de cada uno de los apartados en su redacción final. Por otra parte, en el supuesto de que se vulnere cualquier derecho, fundamentalmente en materia de libertad de expresión, que nadie dude de que será motivo de su impugnación por los servicios jurídicos de ARP ante los órganos correspondientes", ha finalizado el coordinador general de la Agrupación Reformista de Policías. 

Sindicatos policiales 

Pero no todos los policías opinan como el sindicato ARP. Elcierredigital.com ha podido conocer de primera mano la opinión sobre el borrador del Real Decreto también por parte de la Unión Federal de la Policía (UFP) y de la Alternativa Sindical de Policía (ASP).

Para José María Benito, portavoz nacional de la Unión Federal de Policía (UFP), “ha sido un largo proceso de negociación y al final, parece que el Ministerio del Interior pretende que la imagen de la policía no se expanda a los ciudadanos”. El portavoz asegura que es un problema del propio Ministerio y que tendrá que asumir la responsabilidad de un posible distanciamiento entre la policía y el ciudadano. “La policía, en los últimos años, ha perdido mucho peso en los medios de comunicación en detrimento o a favor de la Guardia Civil, que sí ha sabido, o que sabe, cómo trasmitir a los ciudadanos la labor que hacen. Ahora lo que pretenden es acallar a los policías”.

José María Benito

En cuanto al permiso previo, el portavoz no está de acuerdo con la medida y asegura que “los permisos serán muy excepcionales, van a acallar aquellos policías que a través de sus intervenciones prestigian el cuerpo y dan a conocer la labor de otros policías”.

Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía (ASP), ha expresado a elcierredigital.com su disgusto ante la nueva norma: “ni los médicos tienen que pedir permiso para hablar de medicina, ni los jueces para hablar de justicia, no entiendo por qué los policías, que somos técnicos de seguridad, tenemos que pedir permiso. Quieren dejar a la gente sin saber lo que hay, quieren controlar el mensaje”, afirma Perdiguero, y reitera que es una norma que no entiende ya que “en la modificación de 2021 no se dio a los sindicatos este punto”.

Alfredo Perdiguero

El portavoz de ASP asegura que muchos de sus compañeros escriben en periódicos y dan charlas en colegios y sigue sin entender “por qué motivo tienen que pedir un permiso para hacerlo, cuando lo único que van a hacer es aportar información, decir cómo estamos y como trabajamos. Eso es lo que debería primar”. Según su opinión, la razón de esta norma podría ser una medida para proteger a los gabinetes de comunicación que, bajo su punto de vista, no funcionan bien. “No sabemos a cuenta de qué ha nacido esta medida, pero no hacía falta ni se esperaba”, concluye Perdiguero.