20 de enero de 2020
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FIN DE SEMANA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no estaría de acuerdo con los costes asignados a su organismo público

Operación Chamartín: Graves disidencias por el reparto de cargas que retrasa el megaproyecto urbanístico

La Operación Chamartín no logra arrancar y esta vez, a causa de la presidenta de Madrid.
La Operación Chamartín no logra arrancar y esta vez, a causa de la presidenta de Madrid.
Todo parecía estar a punto. El megaproyecto urbanístico de Madrid iba a ser aprobado antes de final de año, pero no. La Operación Chamartín vuelve a retrasarse. En esta ocasión ha sido la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la que ha “parado el tren”. Ayuso no parece muy conforme con el reparto de las cargas que correspondería a cada Institución y exige revisarlas. Ya en mayo pasado, elcierredigital.com informaba sobre el carácter especulador de esta gran operación urbanística.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha heredado este macroproyecto al igual que le ha ocurrido a su compañero de partido y hoy alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Sin embargo, Ayuso ha pedido explicaciones al edil sobre el papel de la Comunidad en la Operación Chamartín. La presidenta no estaría de acuerdo con la contribución o carga económica asignada a la Comunidad, por lo que el proyecto, al contrario de lo que se preveía, no podrá quedar aprobado antes de final de año.

Las objeciones son tantas que Ayuntamiento y Comunidad se están reuniendo cada semana para impedir el descarrilamiento del plan. Algo diferente con respecto a lo que ocurriera en la anterior legislatura, en la que el equipo de Gobierno, también del PP, que precedió a Ayuso no quiso ni siquiera participar en las conversaciones con la entonces alcaldesa, Manuela Carmena, quien lideró personalmente este proyecto urbanístico, donde está implicado indirectamente una empresa de su marido.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido explicaciones sobre las cargas de la Comunidad en el proyecto. 

Las objeciones son tantas que Ayuntamiento y Comunidad se están reuniendo cada semana para impedir el descarrilamiento del plan. Algo diferente con respecto a lo que ocurriera en la anterior legislatura, en la que el equipo de Gobierno, también del PP, que precedió a Ayuso no quiso ni siquiera participar en las conversaciones con la entonces alcaldesa, Manuela Carmena.

De hecho, el 21 de mayo, elcierredigital.com informaba de que la operación urbanística quedaba congelada porque Carmena no contaba con el apoyo de PSOE en el Ayuntamiento de la capital. Carmena había convocado un pleno extraordinario de urgencia para sacar adelante el mayor proyecto urbanístico del momento en España. Fue un intento fallido, ya que la exedil  no recibió el visto bueno del partido socialista, por entonces su socio de gobierno.

El grupo socialista municipal dijo no porque, según la edil Mercedes González, si se aprobase en este momento, se pondría en juego la seguridad jurídica y el plan acabaría definitivamente en los tribunales. Los socialistas también argumentaron entonces que "todo era muy precipitado". El grupo municipal del PP no acudió ni siquiera a la reunión convocada por la entonces alcaldesa, Manuela Carmena, al considerar que no tenía validez alguna y que lo único aceptable hubiera sido una Junta de Portavoces, que sí hubiera tenido efectos jurídicos.

Una operación frustada

La alcaldesa mostró por entonces su malestar por el momento elegido por el Gobierno regional para emitir su negativa. "Parece que las intenciones de la Comunidad de Madrid es que no se apruebe", llegó a declara Carmena  entonces en un acto público.

La modificación del PGOU de Madrid que ahora se pretende, en relación con este ámbito, altera sustancialmente el diseño de la llamada antiguamente Operación Chamartín o Prolongación Castellana Norte  como se bautizó desde su origen.

De hecho, ahora la prolongación de la Castellana ya no existe, convirtiéndose en una operación de cuatro ámbitos diferentes sobre los que casualmente la zona de Chamartín, con la estación incluida, es la que se lleva los usos terciarios más atractivos y la vivienda libre.

La anterior alcaldesa, Manuela Carmena, no pudo sacar adelante su proyecto urbanístico. 

Además existe un significativo incremento de edificabilidad respecto a lo previsto para esta zona en el plan anterior, lo que va en contra de lo anunciado en julio de 2017 por Ahora Madrid, partido que gobernaba la ciudad de Madrid entonces.

Curiosamente, los costes asociados a las infraestructuras necesarias en el Proyecto se reducen, lo cual supone que esta zona mejora exponencialmente su rendimiento económico, mientras que a otros ámbitos se les han atribuido la vivienda de protección sin usos atractivos económicamente, pero con las mismas cargas o costes de infraestructuras que la zona de Chamartin.

Parte de los gastos por infraestructuras que en un principio estaban cargados a los propietarios del suelo, vendrán ahora sufragados por el erario publico, lo que supone que serán los ciudadanos y no las empresas los que paguen estos costes.

BBVA, el gran beneficiado

¿Quien es el mayor propietario de los terrenos de la zona de Chamartín? Supuestamente es ADIF, el gestor de infraestructuras ferroviarias del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Junto a ellos figura el BBVA  que ganó la concesión pública de la gestión de estos suelos siendo casualmente Josep Borrell ministro de Obras Públicas.  

El Banco gestiona los terrenos de ADIF, obteniendo a cambio los suelos que se urbanicen. De ahí que la titularidad futura de estos pasará a manos del Banco que preside Carlos Torres Vila, consiguiendo así incrementar sus ingresos respecto al proyecto original.

Es curioso, por tanto, que hasta ahora las instituciones solo hayan querido llegar a un acuerdo con ADIF y BBVA, los denominados poderosos, el llamado gran capital, sin que intervengan ni el resto de los propietarios ni demás organismos públicos afectados por este proyecto.  Entre ellos hay cientos de reversionistas, herederos de los originales propietarios expropiados, agrupados en una Asociación de Reversionistas cuyos derechos ya ha adquirido el  empresario Trinitario Casanova. Éste es uno de los principales escollos, ya que en 1998 la asociación denunció ante un juzgado la Operación en demanda de sus derechos de reversión y este mismo Juzgado emitió una orden de paralización de cualquier obra que se iniciase.

La explicación lógica es que se trata de la zona más rentable del Proyecto. Sin embargo,  las otras zonas a desarrollar parecen no importar en absoluto, "un gran escándalo", para los técnicos urbanísticos consultados. Habrá que esperar si la Comunidad de Madrid cede tras las negociaciones.

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