09 de julio de 2020
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FIN DE SEMANA

La denuncia presentada por el sindicato Jupol en Madrid los acusa de prevaricación administrativa y delitos contra los trabajadores

Los policías se querellan contra Fernando Simón, Francisco Pardo, tres comisarios y dos altos cargos de Sanidad

Francisco Pardo, director general de la Policía junto a Grande-Marlaska, ministro del Interior.
Francisco Pardo, director general de la Policía junto a Grande-Marlaska, ministro del Interior.
El sindicato mayoritario en la Policía Nacional, Jupol, ha presentado una querella contra nueve de personas, entre las que se encuentran Fernando Simón; el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez por su gestión en la crisis del coronavirus y su incidencia sobre los agentes de Policía Nacional. Los acusa de prevaricación y de delito contra el derecho de los trabajadores.

Jupol atribuye un delito contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación, a nueve personas: José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, Alberto Herrera, subsecretario de Estado de Sanidad,  Pilar Aparicio, Directora general de Salud Pública, Fernando Simón, portavoz del ministerio de Sanidad, Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, Francisco Pardo, director de la Policía Nacional, contra el director Adjunto Operativo (DAO) Jose Ángel González y los subdirectores generales de Recursos Humanos, Pilar Allué y de Logística, José García Molina.

Esta denuncia se suma a varias ya presentadas ya en juzgados de Madrid relacionadas con la gestión de la crisis sanitaria. La que más parece avanzar es la tramitada por el Juzgado de Instrucción número 51 en la que está imputado el Delegado del Gobierno en Madrid y que instruye la Guardia Civil. Sin embargo, otros dos juzgados han inadmitido querellas contra Simón y hay al menos otra en la que el cargo de Sanidad figura como querellado y que está pendiente de admisión. La Fiscalía Anticorrupción también estudia otras dos denuncias presentadas por la compra de material sanitario en China por parte del Ministerio de Sanidad.

La querella de Jupol hace un repaso de los avisos de la OMS y otras autoridades sanitarias sobre la pandemia y recuerda que, aunque se dieron unos primeros pasos tempranos en la Policía Nacional, eso no se materializó después en la adquisición de suficiente material. "La antelación con la que podían haberse tomado medidas de prevención y contención del virus es obvia. Podría, y debía, haberse adquirido el material adecuado a estos efectos, en las cantidades necesarias, ya desde enero, fecha en la que los responsables de logística, como los demás miembros del Cuerpo de la Policía Nacional, conocieron de su necesidad para contener los contagios".

Policías nacionales.

Añade que "hay cientos de solicitudes de material de protección de agentes que, de forma particular y fuera de los cauces formales del Sindicato, se dirigieron a sus superiores en este sentido antes de la declaración del Estado de Alarma". Y relata un episodio concreto. El que vivieron entre el 9 y el 20 de marzo de 2020 el Subgrupo Operativo de Madrid con indicativo CAMEL-11, enviado en comisión de servicio a la Comisaría de La Junquera (Gerona).

Varios de sus miembros, que habían tenido relación con ciudadanos italianos, mostraron síntomas de coronavirus. Se comunicó a los superiores y finalmente quedaron confinado en un hotel. Allí compartían habitaciones sintomáticos y no sintomáticos, además de solaparse con otros dos grupos de agentes provenientes de Zaragoza y Madrid antes de ser trasladados a la capital para continuar el confinamiento en el complejo policial de Moratalaz: "Pedro M.M., como responsable del Subgrupo Operativo informó de que carecían de medios de prevención del contagio (...)".

 Primera página de la querella presentada por Jupol.

"Lo anterior evidencia que la falta de actuación de los querellados no se refiere sólo a una imprevisión en la compra de materiales de prevención del contagio de COVID-19. La ausencia de cualquier tipo de medida organizativa, limitativa de movimientos entre provincias relativa a funcionarios sospechosos de estar contagiados, y debidamente comunicada al superior competente, expuso a los agentes implicados en las comunicaciones transcritas, a sus familias y a sus compañeros de Madrid, a un altísimo e inadmisible riesgo de contagio", recoge la querella de Jupol. Pero no sólo queda ahí, sino que el mismo oficial Pedro M. M. emitió "una nueva comunicación, de fecha 17 de marzo de 2020 indicando que él mismo presenta síntomas compatibles con COVID, que desea informar que antes de ser trasladado a la Junquera, junto al resto de compañeros de Madrid, estuvo unos días en la región de Murcia, y trasladada asimismo su especial preocupación por la vuelta a Madrid de toda la comisión".

En otro apartado, la querella sostiene que actos masivos como los del 8 de marzo nunca debieron permitirse conforme a los datos que ya entonces se tenían. "No puede admitirse, sobre la base de ningún prisma bajo el que pretenda examinarse la materia, que a fecha 8 de marzo de 2020 existieran meras dudas acerca de la inconveniencia de permitir una concentración de miles de personas. Muy al contrario [...] todas las autoridades conocían la existencia de razones convincentes, imperativas y científicas, que no sólo desaconsejaban, sino que exigían, a las autoridades actuar en la contención de la propagación del virus".

Si la querella pasa el filtro de la admisión a trámite, Jupol propone multitud de diligencias. Entre ellas, la de tomar declaración como testigo al jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional hasta la declaración del estado de alarma, el Inspector José Antonio Nieto González, también se pide que declaren entre otros, Jorge Manuel Martí, Jefe superior de Policía de Madrid

Este mando ya el 24 de enero ya había presentado un informe señalando la necesidad de usar mascarillas, tal y como contamos en elcierredigital.com. "Aquella recomendación era contraria a la postura gubernamental reconocida por don Fernando Simón recientemente (no recomendar el uso de mascarillas por carecer de ellas). Sin embargo, la anticipación y diligencia con la que se condujo el señor Nieto González en el ejercicio de sus funciones no sólo fue ignorada por los mandos superiores, sino que pudiera haber sido la causa real de su inesperado cese forzoso, a tres meses de su jubilación, el 14 de marzo de 2020", dice la querella.

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