24 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA

Muchos han cambiado sueldos oficiales por minutas millonarias al servicio de clientes a los cuales antes habían investigado en duros procedimientos

Puertas giratorias en la Justicia: Los fiscales convertidos en abogados defensores mediáticos

Las puertas giratorias en Justicia también existen.
Las puertas giratorias en Justicia también existen.
Los principales casos penales,civiles y económicos se manejan en los grandes bufetes de abogados. Nos referimos a millonarias herencias, excelsos contratos mercantiles, derechos de marca, etc...Por eso, los bufetes más importantes del país manejan la Justicia, con el fichaje de exjueces y exfiscales que muchas veces conocen muy bien y en primera persona los asuntos que tratan por sus anteriores cargos. Son las puertas giratorias de la Justicia, de las que se habla poco y no están reguladas.

Hasta hoy en día, la unión entre magistrados, fiscales y grandes bufetes de abogados se hacía “como norma” en una sola dirección y relación: Desde el estrado hacia el despacho, y no a la inversa, como ocurre en la actualidad. Muchos de los primeros se han convertido en posibles empresarios o mercaderes del Derecho. Este trasvase de exmagistrados y de exfiscales a la empresa privada, atraídos por minutas millonarias, ha sido una realidad palpable en los últimos años. Estos abandonaban su carrera, en la que ganan unos 60.000 euros anuales como magistrados, para percibir sueldos que pueden llegar a los 600.000 euros anuales.

La agenda e influencias de magistrados y fiscales ha sido siempre codiciada por los grandes bufetes de abogados, cuyos honorarios se minutan por hora trabajada y no por caso resuelto. Los honorarios llegan a más de 500 euros por hora. Este trasvase al negocio del Derecho supone la consolidación en España de los grupos de presión en el ámbito jurídico, al estilo de EEUU.

En España existen en la actualidad más de 100.000 abogados ejercientes. Sin embargo, pocos de ellos trabajan al abrigo de algunos de los veinte grandes bufetes que pertenecen a esta élite de gobernantes en la sombra. Con la adscripción de magistrados y fiscales a la empresa privada se pretende que sus dictámenes ofrezcan al cliente la seguridad que reporta su antiguo trabajo y que un simple letrado nunca podrá ofrecer. Aunque en ocasiones, esta seguridad que ofrece un nombre no garantiza el correcto contenido final del informe.

Las fuentes jurídicas consultadas por elcierredigital.com afirman que “las estrechas relaciones entre los exmagistrados, exfiscales y los grandes despachos, y viceversa, se deben al intento de éstos últimos de conseguir un auténtico gobierno paralelo de notables, con los beneficios añadidos”.

Hace más de treinta años que la firmas de abogados iniciaron este modus operandi de captar a magistrados, jueces y fiscales para sus grandes despachos. Así, uno de los primeros en fichar por el despacho Cuatrecases fue uno de los vocales del entonces Consejo General del Poder Judicial, Javier Laorden, que se convirtió en socio de este conocido bufete. 

Javier_Laorden

El exmagistrado Javier Laorden, pionero en el traspaso de funciones.

Pero sin duda uno de los fichajes más mediáticos de los últimos años fue el del exfiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos Navas, fiscal en la conocida operación Nelson, por parte del bufete Cortés Abogados. La operación Nelsón fue iniciada el 10 de noviembre de 2015, donde la Fiscalía formulaba denuncia “a los efectos de solicitar la interceptación de las comunicaciones telefónicas del denunciado Luis Pineda Salido (presidente de Ausbanc), como presuntos responsables de los delitos de estafa, amenazas, administración desleal, fraude de subvenciones y pertenencia a organización criminal”.

Su denuncia e investigación llevó a prisión, cinco meses después, al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al Secretario General de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón. Fue la caída -quizá interesada- de Ausbanc y Manos Limpias. Hoy se sabe que el escrito de Daniel Campos se apoyó en una denuncia anónima inexistente, concretada en una comida en el madrileño complejo policial de Canillas, el 25 de julio de 2014, donde asistieron, por parte del BBVA su entonces  Jefe de Seguridad Corporativa, Julio Corrochano Peña (excomisario general de Policía Judicial) y el Responsable de los Servicios Jurídicos de la entidad bancaria, Eduardo Ortega Martín, que sería su redactor; mientras que en representación policial y como anfitrión, el todopoderoso Comisario General de la Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio.

¿Era el hoy abogado mediático Daniel Campos conocedor de cómo se había gestado esa denuncia anónima en la que participaron activamente y en connivencia el BBVA y la UDEF? El tiempo dictará sentencia, aunque es obvio que hace suya una "denuncia anónima", sin cuestionar su origen.

El entonces fiscal de la Audiencia Nacional dio poco después el salto a la empresa privada, al influyente despacho Cortés Abogados. Daniel Campos Navas nació en Madrid el 13 de mayo de 1961, tiene por tanto 59 años. Está casado con la magistrada Concepción Ureste García. Según la publicación del BOE de 12 de enero de 1996 fue destinado a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico ilegal de Drogas, hasta que el 23 de julio de 2005 pasó a ser miembro de la Fiscalía Anticorrupción.

Un hecho afectaría profundamente al fiscal Daniel Campos en su nuevo destino. Fue el Caso Xfera. A finales de junio de 2005, tres semanas antes de ir destinado a Anticorrupción, salió a la luz que cuatro miembros del Consejo de Administración de Abengoa serían, con toda seguridad, procesados por delitos de administración desleal y falseamiento de cuentas, tras denuncia inicial de la Fiscalía Anticorrupción.

Ante la gravedad de la situación para Abengoa, el primer movimiento que hizo la multinacional de la Energía sería el de contratar los servicios de uno de los bufetes con mayor y presunta capacidad de influencia sobre magistrados y fiscales, toda vez que su plantilla se nutre de importantes exmiembros de la judicatura y la fiscalía. Se trata del bufete Cortés Abogados. El segundo movimiento que hará Abengoa será el fichaje estrella de Carlos Sebastián, hermano del ministro de Zapatero, Miguel Sebastián. Abengoa estaba posicionándose para ganar su batalla en el Caso Xfera.

Hay otro hecho de máximo interés que se produjo en enero de 2005, seis meses antes de ir destinado a la Fiscalía Anticorrupción. Fue que al entonces fiscal Campos se le asignó un caso de índole económica y en nada relacionado con la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, departamento en el que estaba destinado entonces en la Fiscalía Anticorrupción. Se trataba de investigar a la sociedad FG Valores y a su presidente Francisco González, a su vez presidente del BBVA.

El exfiscal Daniel Campos Navas.

Recordemos que importantes documentos del caso FG Valores que se encontraban en la planta 23 del edificio Windsor, de la consultora Deloitte, fueron destruidos en el incendio del edificio que se produjo dos días antes de tener que ser entregados a la Fiscalía Anticorrupción, tal como publicaron diversos medios el 1 de abril de 2005.

Una vez ya destinado en la Fiscalía Anticorrupción, Daniel Campos se hizo también cargo del Caso Fabra, relevando en el mismo al fiscal Carlos Sáiz. El presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, saldría exonerado penalmente en el señalado caso, tras un auto de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Nules, en Castellón, al que se adherió el ministerio público a través de Daniel Campos.

Tanto Sáiz como Campos dejarían la Fiscalía para trabajar en el sector privado; el primero en Gómez-Acebo & Pombo Abogados y el segundo para pasar al bufete Cortés Abogados. Así lo hizo el 28 de febrero de 2006, para cobrar 25.000 euros mensuales, tras concedérsele una excedencia voluntaria. En aquel momento solicitó la excedencia "por interés particular".

El conocimiento del fichaje del exfiscal Campos por parte del bufete Cortés Abogados se conoció a través de unas conferencias organizadas, en marzo de 2006, por la Universidad de Murcia en las que participaría el exfiscal anticorrupción." Pasó a defender a los hermanos Felipe y Javier Benjumea, expresidente y exvicepresidente de Abengoa en el caso Xfera, después de que Anticorrupción presentara una querella contra ejecutivos de la compañía energética por supuestas irregularidades en la compra de la operadora de telefonía móvil.

Meses después, a finales de enero de 2007, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobreseyó el caso en el que se acusaba de delito societario a seis directivos de Abengoa. El Tribunal había admitido la cuestión previa planteada por la defensa, de la que formaba parte ya como abogado Daniel Campos, y en la que solicitaba el archivo del caso alegando la vulneración del principio acusatorio y de legalidad, ya que la única acusación ejercida por el Ministerio Fiscal "carece de legitimidad en un delito de administración desleal" al no existir "acusación por parte de perjudicados". 

Después de siete meses en el bufete Cortés Abogados, Daniel Campos tomó la decisión de reincorporarse de nuevo en la Carrera Fiscal. El BOE de 26 de marzo de 2008 publicó la Orden de reingreso, que tiene fecha retrocativa de 12 de marzo. Tras el reingreso su primer destino fue la Fiscalía del Área Judicial de Móstoles, en Madrid. Un destino que se publicó en el BOE con fecha de 21 de junio de 2008. 

A los pocos meses de reincorporarse Campos al Área de Móstoles, la Fiscalía General del Estado comunicó a los medios, el 1 de julio de 2008, la propuesta del entonces Fiscal General Cándido Conde Pumpido de destinarle a la Audiencia Nacional. El destino se hizo efectivo el 1 de agosto de 2009. El Consejo de Ministros, a propuesta del entonces ministro de Justicia del PP, Francisco Caamaño, aprobó el nombramiento por Real Decreto de Daniel Campos como fiscal de la Audiencia Nacional, con la propuesta previa del Fiscal General del Estado. 

El ahora socio de Cortés Abogados trabajó durante esos años en algunos de los casos más sonados de delitos económicos ocurridos en España, habiendo desempeñado en la Audiencia Nacional el cargo de Coordinador de Delincuencia Económica.

Así, por ejemplo, Campos estuvo al frente de la Operación Crucero, que en diciembre de 2012 llevó a la detención y posterior ingreso en prisión de Gerardo Díaz Ferrán. El nombre de Campos llegó a sonar para ocupar el puesto de teniente fiscal en la Audiencia Nacional. Pero de nuevo, solo siete años más tarde de su regreso a la justicia acusadora, decidió en junio de 2017 abandonar otra vez la carrera fiscal para incorporarse de nuevo al bufete Cortés Abogados. Sería sustituido en la complicada y mediática Operación Nelson por el fiscal José Perals Calleja.

Una sencilla búsqueda en internet nos lleva a conocer que el bufete Cortés Abogados tuvo despacho durante un tiempo en la calle Villanueva 33 de Madrid. En la actualidad se encuentran en la calle Hermanos Bécquer 8. Casualmente José Perals Calleja, actual fiscal en la Operación Nelson, ha vivido en ese mismo edificio, aunque en la actualidad no reside allí. También la mediática abogada Montserrat Suárez Abad, que denunció ante la UDEF al líder de Ausbanc tiene el despacho en la calle Villanueva 33.

Ahora de nuevo, el exfiscal Campos está en Cortés Abogados, considerado en el mundo del derecho no un despacho cualquiera. Se trata de la boutique jurídica, al tiempo que consultora de negocios, controlado en su día por el controvertido jurista Matías Cortés.  Hoy su dos hijos llevan la firma y este componente familiar les hace distinto al resto de bufetes de peso:  Luis Javier Cortés se ocupa del área de Mercantil; y Antonio Cortés dirige la oficina de Barcelona.

Exfiscales al frente de poderosos despachos

Pero, el pionero en lograr este trasvase desde la Judicatura a la abogacía fue el despacho de Uría & Menéndez, que aprovechó al máximo la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual permite a los miembros de la carrera judicial y fiscal solicitar la excedencia voluntaria “por interés particular”. Para lo cual sólo es preciso “haber prestado servicios efectivos durante los cinco años inmediatamente anteriores y en ella [la excedencia] no se podrá permanecer menos de dos años continuados”.

Fue en enero de 1996 cuando el letrado Rodrigo Uría, hoy ya fallecido, anunciaba públicamente uno de sus grandes fichajes estrella: El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren Roncero, hasta entonces titular del Juzgado Central número 1 y uno de los jueces más combativos junto a Baltasar Garzón -hoy también con despacho propio- en las batallas políticas del felipismo.

Bueren se incorporó a este bufete como el socio número veinte para encabezar el área de Derecho Penal de la firma, con cerca de cien letrados a sus órdenes. Por ejemplo, en su delegación de Barcelona se encontraba el exmagistrado y antiguo presidente de la Sección Décima de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, José Llori Tolosa.

Mientras que otro exmiembro de la Audiencia Nacional, en concreto, el exfiscal de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, Javier Sánchez Junco, llevó la defensa del ex consejero delegado del SCH, Ángel Corcóstegui, consiguiendo que la Sección Tercera de lo Penal de la citada Audiencia, donde él fue un importante baluarte, les diera el veredicto de absolución.

El despacho de Uría & Menéndez –cuyo presidente fundador llegó a dirigir el Patronato del Museo del Prado- llevó la defensa de Emilio Botín en el caso de las jubilaciones millonarias a exaltos cargos del grupo SCH. Así, el ex juez Carlos Bueren y Jesús Remón, ambos de Uría & Menéndez, junto al catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo ejercieron la defensa del expresidente del Banco de Santander.

Un caso significativo del llamado lobby judicial fue el del padre del exFiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que fue fichado por la multinacional americana Clifford Chance para encabezar su delegación madrileña. tras su jubilación como fiscal del Tribunal Supremo. El peso específico del veterano Conde-Pumpido (padre) fue notable dentro de este bufete a finales de los años noventa y comienzos del 2000, donde utilizaba su agenda de contactos para sus casos, aunque a veces sus buenos oficios fracasasen, como así ocurrió en el juicio del Caso Banesto donde defendió al Fondo de Garantías de Depósitos y no logró que el Tribunal impusiera la condena por él solicitada, sino que fue mucho menor. El bufete Clifford Chance es uno de los que más presión ejerce dentro del negocio del Derecho.

Clifford_Chance

Bufete de Clifford Chance

Otro antiguo fiscal del Supremo, ya fallecido, Antonio González Cuéllar, que defendió también a Mario Conde en el caso Agentia Trust y en la intervención del mencionado Banesto, se convirtió igualmente en empresario del derecho al servicio de grandes despachos.

González Cuéllar (padre) -su hijo también llamado igual, tiene su propio despacho- fue asesor jurídico del gobierno de Adolfo Suárez y perteneció en su día al despacho Asesores en Derecho, propiedad del exfiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, Mariano Gómez de Liaño, hermano del ex magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, también actualmente con despacho propio junto a su mujer, la exfiscal María Dolores Márquez de Prado.

González Cuéllar pasaría luego a trabajar en el despacho, ya antes mencionado, del conocido abogado lobbista Matías Cortés, amigo personal del editor Jesús Polanco y uno de los ideólogos del intento de la constructora Sacyr por apoderarse del control del BBVA.

Estas incorporaciones reviven otra vez el debate sobre las puertas giratorias en la Justicia española, ya que se producen normalmente después de que el Ministerio de Justicia acuerde declarar a los fiscales acusadores en situación de excedencia voluntaria "por interés particular". Esto confirma que muchos miembros del Ministerio Fiscal abandonan la carrera para enrolarse en las filas del sector privado.

Quien también se pasó a la empresa privada fue el que fuera fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, Luis Jordana de Pozas, conocido por sus actuaciones en los casos de delito fiscal de la tonadillera Lola Flores y en la desaparición de “El Nani”. Jordana fue fichado en 1995 por el prestigioso bufete catalán Cuatrecasas, propiedad del letrado Emilio Cuatrecasas. Desde este despacho, ha llevado casos tan significativos como el vídeo sexual contra el director de el diario El Mundo, Pedro J. Ramírez.

En despachos adversarios, como es el de J & A Garrigues, también figuran fiscales que adquirieron relevancia pública. Este es el caso del exfiscal de la Audiencia Nacional, Florentino Ortí Ponte. Éste fue fichado por Garrigues a final de 1996 tras presentar la querella contra Mario Conde y nueve ex altos cargos de Banesto. Ortí era por aquellos años la persona de confianza del que fue Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda.

En el último lustro, el fenómeno se ha multiplicado. Fiscales de la Audiencia Nacional que han dado el salto van para la media docena: a los citados hay que sumar los de Enrique Molina, Ignacio Peláez, Susana Landeras e Ignacio Gordillo.

Uno de los  últimos casos, es del exfiscal Ignacio Gordillo, que intervino en casos sonoros sobre el terrorismo de ETA, que abandonó la Audiencia Nacional para trabajar en un despacho de Málaga especializado en el turismo residencial. No es el único fichaje de esta naturaleza que hace dicho despacho, que publicita en su página web que tiene entre sus filas a dos ex jueces de lo Mercantil y a dos ex abogados del Estado.Otro caso significativo de puertas giratorias es el del exfiscal Jesús Santos, que fuera teniente fiscal de la Audiencia Nacional, a la que se incorporó en 1989 sustituyendo en el cargo a la fiscal Carmen Tagle, asesinada por la banda terrorista ETA. Desde finales de 2012 se incorporó como socio al despacho de abogados Baker & McKenzie en España, que cuenta con 200 abogados y es uno de los bufetes internacionales con mayor tradición y consolidación en nuestro país. Tanto que el exfiscal Santos es en la actualidad el abogado defensor de Francisco González, expresidente del BBVA, investigado por la propia Audiencia Nacional.

O el del exFiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, incorporado en 2015 al despacho de Abogados Garrigues sin haber cumplido el plazo reglamentario de dos años de incompatibilidad tras su cese. Una decisión del Gobierno de Mariano Rajoy que levantó mucha polémica y críticas al autorizar estas puertas giratorias al exFiscal General del Estado.

Exmagistrados a las órdenes de conocidos bufetes

Pero también reconocidos magistrados y jueces eligieron las abultadas minutas de los despachos de abogados en vez de los sueldos oficiales. Por ejemplo, en el despacho Cortés Abogados se han incorporado exmagistrados, como Pablo Ureña, que fuera titular del Juzgado Mercantil número 1 de Madrid. Otros, como Enrique Grande Bustos, que fue titular del Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona decidió ingresar en el despacho Garrigues de Barcelona como socio en 2012. David Velázquez estuvo siete años en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pero pidió ha excedencia en 2010 para ingresar a PriceWaterhouse y ahora trabaja para Cuatrecasas.

Adolfo Prego ejercía como juez del Tribunal Supremo y vocal del CGPJ cuando decidió pasarse al otro lado para comenzar a ejercer como abogado. Fue fichado primero por el bufete Hermosilla & Gutiérrez de la Roza, que hace un lustro también había llamado a su equipo a Adolfo Suárez Yllana, hijo del expresidente Suárez y hoy mano derecha del líder del PP, Pablo Casado. Hoy este exmagistrado del Supremo tiene su propio despacho  Adolfo Prego Asociados.

Como también lo tiene el exjuez Santiago Torres, que entró en la carrera judicial con 26 años y destapó uno de los primeros casos de corrupción urbanística en la Marbella de Jesús Gil y se hizo famoso tras meter en la cárcel al alcalde, entonces todopoderoso y presidente del Atlético de Madrid, por el caso Camisetas en 1998. También fue el juez del caso Guateque, que quedó sobreseído y él amonestado por un retraso en el sumario de 130.000 folios) o el caso Alierta, contra el entonces presidente de Telefónica César Alierta. Hoy está alejado de la carrera judicial y tiene despacho propio.

A su vez, miembros del Tribunal Constitucional también figuran en la nómina de los grandes despachos como es el caso del ex Vicepresidente del Tribunal Constitucional, José Gabaldón López, que fichó por el despacho de Sánchez Pintado.

Otro  ejemplo más es el del exmagistrado de Constitucional y catedrático de la UNED, José Vicente Gimeno Sendra, que abrió despacho profesional propio junto a exletrado del Tribunal Constitucional, José Garberí Llobregat. Por eso, junto a estos influyentes despachos existe otra larga lista de exmagistrados y exfiscales que se han situado por su cuenta y que han abierto su propio bufete, pero que colaboran con los grandes.

Vicente_Gimeno_Sendra

Vicente Gimeno Sendra

Algunos, en cambio, han dejado la carrera judicial para trabajar al servicio de importantes empresas mediáticas. Un ejemplo es el que fuera magistrado, Diego Córdoba, que pasó a ser asesor jurídico del Grupo  Prisa.

Córdoba, que ha figurado en el consejo de administración de El País, fue el encargado de elaborar la mayor parte de la  documentación jurídica que manejó en su día el editor ya fallecido Jesús de Polanco sobre la televisión por cable y sobre la propiedad de los derechos del fútbol español.

Un caso también significado es el del exmagistrado de la Sala de lo Civil de Madrid, Antonio Pujol, que dejó las “puñetas” por la jefatura de riesgos del BBVA. 

También el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez  solicitó la excedencia voluntaria y el relevo como juez de enlace con Francia antes de incorporarse a Ramón y Cajal Abogados en calidad de socio del área de penal.  El expresidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, durante ocho años, da el salto así a la esfera privada tras haber estado vinculado a casos de gran trascendencia mediática. Gómez Bermúdez se incorporó como socio Ramón y Cajal Abogados donde está su excompañero Enrique Molina, exfiscal de la Audiencia Nacional y socio de la firma desde 2010.

Estos nuevos letrados lejos de limitarse a defender a sus clientes en los tribunales se han convertido en directores de cuidadas operaciones en las que su privilegiada agenda de contactos juega un papel estelar. La categoría se impone y los grandes bufetes hacen sus negocios.

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