El escándalo de la utilización de las armas reglamentarias por los becarios de las Fuerzas de Seguridad españolas

El 26 de febrero de 2019 la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Cvil emitía un informe sobre los policías municipales santanderinos en el que recogía que "se considera que no se les debe asignar un arma de fuego corta hasta que no se lleve a cabo la toma de posesión del puesto de trabajo y adquieran la condición de funcionario de carrera. Este criterio restrictivo está basado en el vacío legal en relación a la adjudicación de armas de fuego a funcionarios en prácticas, máxime teniendo en cuenta que de serles adjudicadas  éstas por la autoridades locales de que dependan, en el supuesto de un mal uso del arma, podría conllevar la exigencia de graves responsabilidades por haberles dotado de un arma de fuego con contar con el respaldo de una base jurídica suficiente".

Pero como el Ayuntamiento, con su alcaldesa del PP Gema Igual al frente, hacía caso omiso de este informe, el 7 de marzo de este mismo año la Delegación del Gobierno en Cantabria solicitó al Ayuntamiento de Santander información sobre "la asignación de armas reglamentarias a los funcionarios en prácticas de la Policía Local", que habían tomado posesión como policías en prácticas el 21 de diciembre de 2018. El concejal de Personal y Protección Ciudadana respondía entonces justificando la actuación del Ayuntamiento, indicando que "de los 19 funcionarios, 15 estaban en prácticas y 4 eran policías locales en otros municipios, por lo que ya habían superado el curso de formación, que no existía base legal para hacer diferencia". Es decir, que todos podían portar armas.

Tres policías locales, la alcaldesa de Santander, el Jefe de la Policía Local y el concejal de Seguridad Ciudadana.

El 1 de abril de 2019, el coronel de la Zona de la Guardia Civil en Cantabria emitió un informe sobre los argumentos expuestos por el Ayuntamiento de Santander e insistió en que "la asignación  de arma corta de servicio a los aspirantes a policía local incurre en vulneración de la normativa al respecto, por no haber alcanzado estos la condición de funcionario de carrera, condición sine qua non para legitimar dicha medida, pudiendo la presente situación, caso de no corregirse, derivar en la asunción de responsabilidades para los afectados".

La intervención de la Delegación de Gobierno

El escándalo ya se había extendido y llegó hasta la delegación del Gobierno en Cantabría, que envió a la abogacía del Estado en esta Comunidad una consulta sobre el informe del jefe de la policía local, que se amparaba en los estatutos municipales para defender el uso de armas por parte de los estudiantes en prácticas.

Este organismo en Cantabria respondió que "no es ajustado a derecho que los funcionarios en prácticas de la Policía Local del Ayuntamiento de Santander, derivados del proceso selectivo de ingreso a la Policia Local de Santander cuyas bases se publicaron en el BOC de 11-12-2017, tengan o porten armas de fuego, ni de dotación ni en base a licencia de armas A".

Dada la evidente confrontación entre la Delegación del Gobierno por un lado junto a la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Santander por otro, la abogacía del Estado en Cantabria decidió elevar el 17 de abril de 2019 una consulta a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, que emitió un informe de 25 folios, firmado el 20 de mayo de 2019, con dos conclusiones.

La primera explica que "los funcionarios en prácticas de la Policía Local de Santander que han superado la fase de oposición del proceso de selección convocado el 11 de diciembre de 2017, no tienen la condición de funcionarios de carrera y por tanto, no se encuentran en situación de servicio activo ni ninguna otra que reglamentariamente les habilite (..) para portar armas en acto de servicio".

La segunda conclusión sostenía que "las alegaciones y documentos presentados por el ayuntamiento de Santander en su respuesta al requerimiento realizado por la Delegación de Gobierno en Cantabria el 19 de marzo de 2019 no desvirtúan la anterior conclusión de acuerdo con los argumentos expuestos en el fundamento jurídico tercero de este informe" y lo firma la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey.

Finalmente el Ayuntamiento de Santander, a requerimiento de la Delegación de Gobierno en Cantabria, tuvo que desarmar a quince de sus policías el 31 de mayo y apartarlos de las patrullas en las calles. Con esta medida también ha llegado un nuevo problema ha llegado cuando algunos ciudadanos han acudido a los tribunales de Justicia para denunciar la ilegalidad de multas de tráfico impuestas por estos agentes en prácticas.

Por eso, la Asociación de Policías Locales y Bomberos de Cantabria (APLB) ha enviado el 7 de junio una carta al Ayuntamiento santanderino preguntando "cuáles son las funciones que sí  pueden desempeñar los policías locales, ya que hay denuncias en el Juzgado en contra de las multas puestas por estos agentes". Poco después el gobierno de Cantabria anunció la convocatoria de la Mesa de Coordinación de Policias Locales para saber por qué estos policías en prácticas portaran armas.