24 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA

El Gobierno de Sánchez ultima un proyecto de ley que será aprobado mediante un Decreto

Quieren ilegalizar la Fundación Francisco Franco y retirar el ducado a Carmen Martínez Bordiú

Valle de los Caidos donde estuvo hasta el pasado año la tumba de Franco.
Valle de los Caidos donde estuvo hasta el pasado año la tumba de Franco.
El Gobierno ultima un proyecto de Ley para ilegalizar cualquier exaltación o apología del régimen franquista, una ley mucho más dura que la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Zapatero en la que está previsto ilegalizar la Fundación Francisco Franco y retirar el título de ducado de Franco a la nieta del dictador.

Cuarenta y cinco años después y 14 legislaturas democráticas más tarde el gobierno de Pedro Sánchez anuncia una nueva Ley de Memoria Democrática que pretende acabar con el ducado que ostenta la familia Franco, concedido por el Rey Juan Carlos a la muerte del dictador, y declarará ilegales aquellas organizaciones o fundaciones que realicen o inciten “directa o indirectamente” al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, por ejemplo, la Fundación Francisco Franco, única de su género en una democracia e impensable en países como Alemania, Italia e incluso Rusia, donde las estatuas de Stalin fueron retiradas hace décadas.

La Fundación Francisco Franco es la mayor de las que funcionan que se dedican a exaltar el régimen anterior a la democracia y  la que más dinero maneja, ya que ha sumado más de dos millones de euros en cuotas de afiliados y donaciones de simpatizantes y casi 160.000 euros en subvenciones oficiales desde el año 2000. Un dinero que sirve para comprar flores al dictador y organizar homenajes el 20 N durante los últimos años, o para pagar sueldos, crear nuevas sedes y mantener un archivo con unos tres mil documentos de interés público que custodian en su sede privada y a los que no tienen acceso los historiadores.

La nueva normativa sobre Memoria Histórica,  mucho más ambiciosa que la aprobada durante el Gobierno Zapatero, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, pretende que se reconozcan y amplíen los "derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil Española y la dictadura".

La estatua de Franco en Santander cuando fue trasladada.

Según el texto de la propuesta de Ley, publicada en la web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la ley tratará de corregir "algunos déficits y cuestiones pendientes en las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista".

La introducción a la Ley reza que "la Constitución Española de 1978 se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la Guerra Civil y los cuarenta años de Dictadura del General Franco. De esta manera, la recuperación de las libertades y del Estado de Derecho asumía el legado democrático que varias generaciones de españoles habían forjado con el objetivo común de alcanzar y garantizar la convivencia democrática, dentro del respeto al pluralismo de la sociedad española, y conseguir un orden económico y social más justo".

El Gobierno ha creado una cuenta de correo electrónico para que los ciudadanos y las asociaciones interesadas puedan hacer sus aportaciones o dar sus ideas sobre el proceso de cambio de la ley de memoria histórica. La confección de la norma contempla "la participación pública en el proceso de elaboración a través de los portales web de los departamentos ministeriales", de modo que "los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el mismo, durante el plazo de quince días naturales, hasta el día 11 de Julio de 2020, a través del siguiente buzón de correo electrónico: consultaleymemoria@MPR.es".

Además, el Gobierno mantiene la intención de modificar la Ley de Fundaciones y la normativa del derecho de Asociación con el argumento de incitación al odio o violencia contra las víctimas del franquismo, lo que abriría paso a la ilegalización de asociaciones que han recibido fondos públicos durante muchos años, como la Fundación privada Francisco Franco, que practica el apoyo y la apología a la Dictadura del General Franco desde su creación en 1976.

A diferencia de la ley aprobada en 2007, se incluirán sanciones económicas ante determinados actos en los que un grupo de personas se dediquen a exaltar el franquismo o hacer apología de la dictadura, tal y como exhibición de banderas o lemas franquistas, también se ilegalizarían actos como el del 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco y la clausura de locales desde donde se convoque a estas movilizaciones neofascistas.

Sanciones

En cuanto a las sanciones, el proyecto de Ley contempla tres tipos de las mismas dependiendo de su gravedad. Entre las muy graves se encontrarían por ejemplo no impedir la exaltación de la figura del dictador en un municipio, lo que acarrearía para el ayuntamiento de esta localidad una multa de entre 10.001 y 100.000 euros. El mantenimiento de simbología de exaltación al franquismo podría valer entre 2.001 y 10.000 euros, y el deterioro de las placas identificativas a los Lugares de Memoria Histórica podría suponer una sanción de entre 200 y 2.000 euros. Todo esto se concretará en el decreto ley que salga del próximo Consejo de ministros y que se encuentra en consulta pública desde el pasado viernes.

El texto de la propuesta expone entre otros los siguientes objetivos: "La recuperación, salvaguarda, conocimiento y difusión de la Memoria Democrática, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles y españolas en torno a los principios, valores y libertades constitucionales".

Sin solucionar quedan de momento antiguas reivindicaciones de varias asociaciones, como la condena  institucional del franquismo como régimen criminal por parte del Estado. Es de prever que esta Ley salga adelante solo con los votos de PSOE, Unidas Podemos y ERC y que a la misma se opongan con toda seguridad PP y Vox.

 

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