18 de agosto de 2022
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FIN DE SEMANA

JOSÉ MARÍA MERINO, HIJO DE UNA FAMILIA AFECTADA, DENUNCIA A ELCIERREDIGITAL.COM QUE "el ayuntamiento y la dgp se pelean para evitar el marrón"

Policías jubilados a punto de desahucio en Cádiz: "A día de hoy seguimos igual, nadie quiera asumir el problema"

El bloque de viviendas que pretenden desalojar.
El bloque de viviendas que pretenden desalojar.
Los policías jubilados a los que Interior pretende desahuciar de sus casas en Cádiz no han recibido todavía ninguna solución. A pesar de que a mediados de este mes la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, pidió al subdelegado del Gobierno que se reuniera con estas familias, el encuentro todavía no se ha producido. "El Ayuntamiento y la DGP se están peleando porque ninguno quiere asumir el problema. Y nosotros estamos en medio, sin poder vivir", lamentan los afectados.

"A día de hoy seguimos igual". Los policías nacionales jubilados a los que el Ministerio del Interior pretende desahuciar de sus casas en Cádiz no han recibido todavía ninguna solución. Lo explica a elcierredigital.com José María Merino, hijo de Cándida, una de las afectadas. "Supuestamente querían que el subdelegado del Gobierno y el comisario se reunieran con nosotros. Pero nadie se ha puesto en contacto". 

A mediados de este mes, la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, pidió al subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, que se reuniera con estas familias, que  "carecen de toda la información" y  "desconocen si finalmente se va a ejecutar el desalojo o no". En caso de que así fuera, señalaba Tubío, el subdelegado debería comunicar "el tiempo del que disponen estos vecinos". 

"Es un misterio", lamenta Merino, que añade que "el Ayuntamiento y la Dirección General de la Policía se están peleando porque ninguno de los dos quiere asumir el marrón. Y nosotros estamos en medio, sin vivir". 

Dos años con el asunto paralizado 

La mañana del pasado 6 octubre, agentes de la Policía Nacional se personaban en el domicilio de Cándida López, de 76 años, y le notificaban que disponía de un plazo de diez días para abandonar la vivienda en la que reside desde hace más de cuarenta años. Al igual que ella, sus cinco vecinos estaban llamados a empaquetar toda su vida e irse del edificio que, durante décadas, ha sido su hogar. 

Todos ellos, policías jubilados y sus familiares, serán desahuciados por mandato de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP), que ordenó los lanzamientos en mayo de 2019 al considerar probada "la ocupación de la vivienda, sin título legal para ello".  

Propiedad del Estado, y edificado sobre terreno municipal, ninguno de los vecinos del número 1 de la Avenida Fernández Ladreda tiene título de concesión o cesión de sus hogares, que ellos recalcan que no son viviendas, "porque fueron asignados como pabellones por los que se pagaba una cantidad que se detraía de las nóminas. Hasta que se eliminaron las ayudas de vivienda y Madrid dijo que no había que pagar por los pabellones". Tal y como recogió entonces elcierredigital.com los vecinos insistieron en seguir pagando las cuotas correspondientes, sin embargo, desde la Dirección General de la Policía les dijeron que no tenían que hacerlo. 

El bloque de viviendas que pretenden desalojar.

Hace aproximadamente un mes, tras dos años con el asunto paralizado, varios agentes acudieron al pabellón y cambiaron la cerradura de las viviendas deshabitadas. Después, cinco policías se personaban en la casa de Cándida y le informaban del inminente desalojo. Su hijo, José María Merino, explica a elcierredigital.com que su madre, muy afectada, le llamó llorando para comunicarle lo ocurrido. "Es inconcebible que esto ocurra. Mi padre se pasó 45 años dando la vida por los demás y así nos lo pagan. No puede ser que vayan a desahuciar a personas mayores. Mi madre tiene 76 años y hace poco le diagnosticaron un cáncer, mi vecino tiene 85 años, algunos de ellos tienen la salud delicada. ¿Dónde van esas personas ahora?" lamenta indignado. 

"Llevamos todo este tiempo luchando por que la orden de desahucio no se ejecute. Hemos acudido a todos los sitios posibles, hemos hablado con el comisario, con el subdelegado del Gobierno... con todas las partes implicadas para buscar soluciones. Nos hemos ofrecido a pagar las rentas, a hacer lo que sea. Pero la única respuesta que hemos recibido es que debemos buscar una casa, que recurramos a Asuntos Sociales, pero a día de hoy todavía no hemos recibido ningún tipo de ayuda", denuncia José María Merino. 

Sin alternativa habitacional, exigen que desde la Dirección General de la Policía aclaren su situación. Para ellos, es todo un despropósito que tras años de servicio en el cuerpo y sin explicación alguna, la propia Administración a la que han servido les desaloje de sus casas, obviando sus circunstancias personales, familiares y económicas.

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