31 de julio de 2021
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EDICIÓN VERANO

Por la Audiencia de Valencia pasarán treinta testigos y cuatro acusados de delito fiscal de 1,4 millones de euros para los que piden 14 años de cárcel

Caso Emarsa: Otro juicio por el cuantioso saqueo de la depuradora de Valencia arranca el 18 de febrero

Enrique Crespo, mirando a cámara, junto a Alfonso Rus.
Enrique Crespo, mirando a cámara, junto a Alfonso Rus.
El caso Emarsa, donde se ha investigado el saqueo de 23 millones de euros de la depuradora de la localidad valenciana de Pinedo y sus derivadas, entró en el juzgado en octubre de 2010. Más de 9 años después todavía quedan dos piezas separadas por juzgar y conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre la sentencia de la causa principal, recurrida por los condenados. En este juicio se acusa a los investigados de defraudar 1,4 millones a la Hacienda Pública.

Este próximo 18 de febrero arrancar la vista oral en la Audiencia Provincial de Valencia el que será penúltimo proceso del macrocaso de corrupción, donde se investiga un delito fiscal de 1,4 millones de euros. El último por el que se debe juzgar a José Luis Sena, uno de los empresarios considerada "cerebros" del saqueo, todavía sigue pendiente de fecha desde hace casi diez años.

Uno de los anterriores juicios del caso Emarsa.

A partir del 18 se sentarán en el banquillo de la Audiencia la Entidad Pública de Servicios Hidráulicos (Emshi), como última propietaria de la ya extinta empresa pública Emarsa, y cuatro de los principales acusados en el proceso: Enrique Crespo, como expresidente de Emarsa y de la Emshi; Esteban Cuesta como exgerente de Emarsa; Enrique Arnal, como exdirector financiero de Emarsa y Jorge Ignacio Roca, el proveedor de la depuradora que ayudó a desviar, supuestamente, alrededor de 13 millones de euros.

Piden 14 años por cuatro delitos

La Fiscalía pide penas para los acusados de 14 años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, uno por cada año (entre 2006 y 2008) en el que se habría producido el impago de impuestos, sin embargo, la Agencia Tributaria no acusa en este proceso.

El día 18 de febrero declararán los acusados, mientras que los días 20 y 21 de febrero desfilarán hasta 30 testigos. Entre ellos los que fueron miembros del Consejo de Administración de Emshi durante los años en que se habrían producido los presuntos delitos. Están citados Ramón Marí, denunciante del caso y alcalde socialista de Albal; la líder del PP en Valencia, María José Català; la exconsellera y exconcejal del PP de Valencia Maria Àngels Ramón LLin o el exalcalde del PP en Mislata, Manuel Corredera.

También han sido citados técnicos y directivos de Emarsa, entre ellos Ignacio Martínez Maiques y Santos Peral, quienes fuera cargos del PP de Rita Barberá condenados por desviar dinero de la caja fija de la depuradora instalada en la localidad de Pinedo.

El día 25 será el turno para los peritos y el 27de febrero para las conclusiones y la evaluación de informes. Según la Fiscalía, los acusados se concertaron con empresas y personas para la emisión de facturas a Emarsa simulando la prestación de servicios o la entrega de bienes que realmente no estaban siendo prestados o se hacían por un precio inferior al facturado. Además, de entre los proveedores que facturaron a Emarsa hubo que no ingresaron las cuotas de IVA que repercutieron en las facturas emitidas a Emarsa. De ahí la acusación al empresario Juan Ignacio Roca.

Unos días antes, en concreto el 12, 13 y 14 de febrero se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional de Madrid María de Carmen Samper Muñoz, madre de Jorge Ignacio Roca. Según el juez instructor la mujer  participó de la actividad empresarial de su hijo mediante las empresas Iberchateu, Etwas Eigentlich, Samperini, Stossbau, Erwinin, Zonday Investments, Remoli Investments, Zoeban y Agrolemos.

Asimismo, se observan indicios de que la madre de Roca pudo colaborar con su hijo en la apertura y mantenimiento de varias cuentas en Andorra "con el fin de ingresar en las mismas los beneficios obtenidos de una actividad empresarial inexistente", ya que las sociedades de Roca carecían de medios para la realización de la misma, y de que "conocía el origen ilícito del dinero".

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