28 de marzo de 2024
|
Buscar
FIN DE SEMANA

La hermana mayor, Susana, ha ingresado ya diez mil euros a cada perjudicado en concepto de adelanto de responsabilidad civil

Las hermanas García-Cereceda intentan llegar a un acuerdo entre ellas para no enfrentarse al excomisario Villarejo

Yolanda y Susana García-Cereceda.
Yolanda y Susana García-Cereceda.
La principal acusada en la pieza Land del caso Tándem, Susana García-Cereceda, ya ha depositado 10.000 euros a cada uno de los perjudicados por el supuesto espionaje encargado por la rica heredera al excomisario Villarejo. Lo ha hecho en concepto de adelanto como responsabilidad civil ante la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Este pasado martes llegó por fin a las partes el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en la pieza denominada Proyecto Land, pieza separada número 3 del caso Tándem.

Sin embargo, quizás haya tiempo para pactos antes de llegar a juicio ya que Susana García-Cereceda ha añadido 10.000 euros a cada uno de los denunciantes como adelanto de responsabilidad civil, lo que podría significar un comienzo de acuerdo para evitar juicio si es posible. Eludir las acusaciones particulares parece solo cuestión de dinero pero más difícil será evitar la Fiscalía y al juez intructor.

La tesis que maneja la Fiscalía es que, cuando falleció Luis García Cereceda, dueño de la famosa urbanización llamada La Finca, su hija Susana y algunos de sus colaboradores contrataron al excomisario José Manuel Villarejo para espiar a su hermana Yolanda García-Cereceda, a Joaquín Torres, arquitecto de La Finca y a la viuda de García Cereceda, Silvia Gómez Cuétara, entre otras personas. El objetivo de Villarejo era obtener información sobre la situación patrimonial y personal de cada uno de ellos para obtener ventaja de cara a la negociación de la millonaria herencia del propietario de La Finca, que había muerto en 2010. Para el excomisario Villarejo la Fiscalía Anticorrupción pide 38 años y 10 meses de cárcel, además de una multa de 252.000 euros.

El arquitecto Joaquín Torres dijo esta semana en Vanitatis que acusa a Susana y a sus colaboradores no solo de espiarle, sino de difundir información en los medios de comunicación y en sus círculos personales y profesionales para perjudicar su honorabilidad. "Yo tenía y tengo un conocimiento profundo de esa empresa, algo que a ella le debía aterrorizar. Pero jamás he dicho nada ni jamás lo diré. Si presencié alguna reunión entre Luis y Felipe González entre otros, son cosas que forman parte de mi secreto profesional", explica en la misma publicación.

En línea con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el titular del Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado a las tres sociedades en que se segregó el buque insignia de la familia García Cerceda, la empresa Procisa. Se trata de las sociedades denominadas "La Finca Global Assets" (oficinas); "La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios" (residencial) y "La Finca Somosaguas Golf", que controlan el complejo residencial de Lujo La Finca, situado a las afueras de la capital de España. La imputación se ha producido por los presuntos delitos de cohecho continuado y revelación de secretos.

En este caso, todo obedece al encargo que la administradora de las empresas, Susana García Cereceda, su socio Francisco Peñalver y el jefe de seguridad David Fernández, hicieron a Villarejo entre 2012 y 2014 para posicionarse en la pugna por la herencia millonaria de su padre, el constructor Luis García Cereceda. En un guerra familiar  frente a su otra hermana Yolanda y la exviuda Silvia Gómez Cuétara.

El proyecto Land arrancó en 2013 y por él se pagaron 340.252 euros de las cuentas de Procisa. Se desarrolló durante un año, con tres fases y un plan de facturación en dos tramos. En un primer nivel, se desarrolló una “investigación exhaustiva” con un precio de 275.000 euros; y, luego, en otro nivel se buscó la “rentabilización de los resultados”, con un coste de otros 150.000 euros más. Según sostiene Anticorrupción, se debieron cumplir los objetivos previstos, "al menos, parcialmente".

No obstante, también se investiga a Procisa por un proyecto anterior, pues ya en 2012 le habían pagado 21.830 euros a Villarejo por un informe sobre tres empresas con las que mantenían un litigio acerca de unas lindes, como también sobre una jueza de Pozuelo de Alarcón, término municipal donde se ubica su residencial de la Finca, que debía resolverlo.

Así, en total, se abonaron “desde la mercantil Procisa” 362.082 euros en tres años y con "el máximo de opacidad", de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción.

José Manuel Villarejo. 

Los pagos, según detalla el escrito de acusación en el que se pide su imputación, se ejecutaron “de forma opaca en los términos que las partes pactaron, de manera que los acuerdos sobre la facturación que se plasman en las grabaciones incautadas concuerdan a la perfección con la simulación de los conceptos y las fechas facturadas”.

Anticorrupción expone que la empresa de Villarejo emitía facturas por conceptos ficticios y en Procisa “maniobraban para que su ilicitud quedara enmascarada durante el proceso de contabilización y pudiera además redundar fiscalmente en beneficio de la sociedad”, tanto en Land como en el informe sobre la jueza.

Una guerra sin cuartel entre hermanas

Antes de morir, a causa de un cáncer, Luis García Cereceda, un constructor amigo íntimo del ex presidente del gobierno socialista, Felipe González Márquez, - hasta tal punto que que le presentó a su actual mujer, Mar García Vaquero, que trabajaba para él-, dejó el 51% de las acciones de sus empresas a su primogénita Susana y el 49% restante a Yolanda. El resto del patrimonio, bienes inmuebles, se lo repartieron a partes iguales entre sus dos hijas. En vida el constructor entregó a sus hijas dos viviendas espectaculares, una para cada una de ellas, en la Urbanización La Finca. Por ejemplo, la mansión de Yolanda sirvió de morada al entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, que pagaba unos 20.000 euros al mes de alquiler. Y antes que él, sirvió de residencia del cantante Alejandro Sanz.

Tras la muerte del constructor García Cereceda, su primogénita Susana pidió por “problemas psíquicos” la incapacidad de su hermana Yolanda, ambas fruto del primer matrimonio de su padre con Mercedes López. Por orden del Juzgado de Primera Instancia e Incapacidades número 65 de Madrid, sin base económica alguna, con el único y particular criterio de su titular y la Fiscal del caso, se decidió que fuera inicialmente la Fundación AFAL la que se encargara de la curatela y después de la tutela de los bienes de Yolanda.

El Juzgado encargado de las tutelas de los incapacitados retiró la práctica totalidad de estas a la Fundación AFAL otorgándoselas en su mayoría al organismo público de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), que se quedó con la tutela de la fortuna millonaria de Yolanda García Cereceda. Una tutela que ahora ha vuelto a recobrar, teniendo ya el poder de maniobra para administrar definitivamente la parte que le dejó su padreTambién ha solicitado le sea devuelta la custodia de sus tres hijos, que hasta ahora tenían entre su hermana Susana García Cereceda y su ex marido Francisco Amat.

El arquitecto Joaquín Torres. 

En 2009 la custodia de los tres niños la tenía su ex marido y padre de sus hijos Francisco Amat, pero Yolanda solicitó el cambio de la misma y presentó una denuncia contra Amat por presuntos abusos sexuales a sus hijos. Por este caso, Yolanda se enfrenta ahora a una pena de seis meses a dos años de cárcel por convencer al entonces líder de Manos Limpias, Miguel Bernard, para que pusiera una denuncia contra su ex marido por malos tratos y abusar sexualmente de los hijos de la pareja” a sabiendas que era presuntamente falsa.

Hasta 2017 la custodia de Yolanda la ejercía la Comunidad de Madrid, que le daba 15.000 euros al mes de los 50.000 que le correspondían por herencia. Los gastos fijos (alquileres de las casas, gastos cotidianos, jardineros, mantenimiento de los caballos, etc.) que eran pagados antaño por las distintas empresas del emporio Cereceda: Procisa, Serrano 54, etc…, dejaron de efectuarse. Pero ahora con su propia tutela ya puede disponer de la cuantía íntegra. Se da el caso que Yolanda se encuentra enfrentada en los tribunales a su hermana Susana, que hoy en día regenta todo el emporio empresarial familiar.

Estas continuas discrepancias familiares han hecho que los albaceas de la herencia, los gestores de la empresa Procisa, todavía hoy en manos de Susana, hayan pedido una prórroga, ya la última, para hacer efectivo el legado. Hay que reseñar que todavía existe el pleito fiscal por una disconformidad patrimonial declarada en el ejercicio fiscal de 2007, y que el caso sigue abierto en los juzgados contra la familia Cereceda, donde se estima una presunta defraudación al Fisco de 550 millones.

Una fortuna amasada por Luis García Cereceda durante los Gobiernos de Adolfo Suárez y Felipe González. La base de esta fortuna está en el negocio de la compra de edificios y solares que luego se revendían o transformaban en viviendas de lujo, al compás de la política de recalificaciones que siempre le benefició, como su gran operación en la Urbanización madrileña de Somosaguas con los terrenos de La Finca, antes rústicos dedicados a un mini campo de golf con 9 hoyos.

Esta gran fortuna, que también se fue tejiendo poco a poco en los reservados de uno de sus emblemas de su poder, el Restaurante Zalacaín, no tiene por ahora un dueño final. La recapacitación de Yolanda García Cereceda abre muchos frentes en el ámbito económico y patrimonial por el control de esta inmensa fortuna.

Intoxicaciones en la prensa

La primera fase, 'Land 1', estaba centrada en Jaime Ostos Alcalá, marido de la otra gran heredera de Procisa, Yolanda García Cereceda, e hijo del célebre torero. El encargo se selló en febrero de 2013 y en marzo, Villarejo ya tenía un informe preliminar que define el proyecto como "contextualización socio económica y familiar dentro del escenario en que se mueve 'Jimi' para manipular a Viola (el mote que pusieron a Yolanda) e intentar ejercer el control de su patrimonio y rentas".

El difunto Luis García Cereceda con su última esposa Silvia Gómez Cuétara. 

De acuerdo al resumen de la Fiscalía Anticorrupción, se trataba por un lado de "investigar si el matrimonio celebrado entre ambos en EEUU era válido y podía surtir efectos en España" dado que estarían en gananciales; y, por otro, "conocer sus 'debilidades/irregularidades'" para después "rentabilizar la información" obtenida, así como "generar desconcierto y/o desconfianza con maniobras de intoxicación informativa".

'Land 2' se desarrolló a continuación y con el foco puesto en el conocido como 'arquitecto de los famosos', Joaquín Torres, amigo íntimo de Luis García Cereceda y su esposa. El primer informe llegó en mayo de 2013 con objetivo de investigar su esfera patrimonial y "especialmente, en su vida íntima con el fin de conocer sus 'debilidades' y difundir información en los medios de comunicación que perjudique su honorabilidad", según explicaba Anticorrupción.

El objetivo, “poder presionarle y que Procisa obtuviera una posición de ventaja en los contenciosos económicos entablados por Torres contra la empresa” con una estrategia similar a la aplicada con Ostos, pero "llegando a conseguir a través de dichas 'maniobras de intoxicación informativa' por medio de los contactos de Villarejo en la cadena Tele5 que Joaquín Torres abandone su colaboración periódica en el programa Sálvame mediante la divulgación de informaciones ultrajantes en el programa Cazamariposas de la misma cadena".

Por último, en la operación 'Land 3' se intentó la "búsqueda de información íntima" de la que fuera segunda mujer del patriarca Cereceda, Silvia Gómez Cuétara. Todo para que la disuadieran de la pugna por la herencia. Villarejo incorporó a su informe un trabajo elaborado por la agencia de detectives Método 3 y datado el 18 de julio de 2012, que la propia Gómez Cuétara había encargado sobre la estructura de todas las empresas de su difunto esposo.

La cuestión es que ese documento obraba en esas fechas en poder de la Policía Nacional, dado que en febrero de 2013 Método 3 fue registrada por orden de un juzgado de Barcelona y todos sus discos duros intervenidos.

Villarejo se habría hecho así con el informe "de forma ilícita", pues no contaba con permiso de ninguno de los implicados ni con autorización judicial. Hasta la fecha no se ha esclarecido cómo llegó a sus manos.

Yolanda García Cereceda y Jaime Ostos Alcalá. 

Consiguió además para sus clientes datos de posicionamiento y tráfico de llamadas telefónicas de Ostos, Yolanda García Cereceda, Torres, Gómez Cuétara y dos amigos de éstos, así como desarrolló "otras medidas de seguimiento personal directamente dirigidas a conocer vínculos de carácter estrictamente íntimo que les permitieran posteriormente utilizarlos como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar existentes".

Para ejecutar todos estos proyectos, Villarejo y Redondo no estaban solos, pues según Anticorrupción, contaron con la colaboración a cambio de precio de otros funcionarios policiales también en servicio activo que se los facilitaran, los "equipos humanos de apoyo", tal y como los describían en sus informes.

El comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño y los policías ya retirados Juan José Díez Álvarez y Manuel Novoa Martínez, están investigados por este asunto y niegan su implicación.

Un mar de nombres en la guerra de las García Cereceda por el control de la millonaria fortuna familiar.

COMPARTIR: