Audiencia Nacional: Luis Sans, exsocio en iDental, pide la nulidad de las investigaciones

El caso iDental estalló en 2018, cuando la red de clínicas dentales de la empresa cerró de un día para otro. Miles de pacientes se quedaron abandonados con tratamientos a medias o sin iniciar. Las comunidades autónomas llegaron a calcular a través de sus Servicios de Salud y de Consumo que los posibles afectados podían ascender a 400.000 en todo el país. Los principales investigados ahora son Vicente Castañer y Antonio García Pellicer, los primeros dueños de iDental que se la vendieron a Juan y José María Garrido y a Luis Sans. Todavía no se ha dictado fecha de juicio para este caso que investiga a 31 personas en total.

Luis Sans Huecas, uno de los investigados, es un empresario madrileño que el 10 de octubre de 2018 fue detenido por la agentes de Policía de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) por orden del juez José de la Mata, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que investigaba la supuesta estafa de iDental, tras registrar la sede de esta compañía en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Según los informes de la UDEF una vez desmontada esta red se pretendía iniciar otra llamada Institutos Odontológicos Asociados (IOA). Se investigan delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

El empresario Luis Sans, que pide la nulidad del proceso judicial.

En diciembre de 2019 tras prestar declaración Luis Sans fue puesto en libertad con cargos y bajo fianza tras aportar numerosa documentación donde se probaba que su empresa IOA se hizo cargo de los 53.000 afectados por iDental y llegó a terminar todas las intervenciones pendientes en los siete meses que estuvo al frente de la nueva empresa. Sans estuvo ligado a iDental hasta que sus socios, los hermanos Garrido, decidieron echarle de la Junta cuando les pidió un mayor esfuerzo inversor para reflotar la empresa.

Tras la intervención de la Audiencia Nacional el juez De la Mata nombró mediante un auto un administrador judicial para la empresa IOA, que fue la firma Deloitte. Ésta realizó un informe aconsejando vender la empresa, que fue a recaer finalmente mediante auto judicial en el fondo de inversiones Ares, un considerado "fondo buitre" con una sola sociedad en España, Apollonia, formalizada en nuestro país solo unos meses antes de la compra de IOA y participada por sociedades domiciliadas en Luxemburgo, Islas Caimán y Jersey.

Nulidad del proceso

El recurso presentado ahora por la defensas de Luis Sans pretende la nulidad de todo este proceso iniciado en 2018, que culminó con la venta de la sociedad de uno de los investigados. Argumentan los abogados, como principal cuestión grave que existe un "conflicto de intereses entre el administrador judicial designado (Deloitte), I.O.A. y el Fondo ARES". Explican en el recurso los abogados que "la firma Deloitte fue contratada por los Hermanos Garrido a fin de buscar un comprador para IOA, S.L. hacia finales del año 2016; de hecho, dicha contratación se hizo a través de la persona que ejerce actualmente las labores de administrador judicial de IOA, D. Enrique Domínguez Montejo, dado que era amigo personal de D. Juan Garrido".

Añaden que además, "Deloitte también asesoró a IOA para conseguir el préstamo de Ares", ya que "Deloitte es el asesor de ARES en prácticamente la totalidad de operaciones de deuda del sector dental". Pero lo más grave del argumento parece sin duda que "Ares abona los honorarios de Deloitte como administrador judicial de IOA, circunstancia que cuanto menos pone en serias dudas la actuación de Deloitte y en especial la valoración que se hace de los activos esenciales de la mercantil y la decisión de seleccionar la oferta efectuada por ARES sin asumir la deuda financiera, cuando una de las ofertas valoraba la compañía en 20 millones de euros (que tras los ajustes de deuda -que no podemos comprobar por la falta de información- minoraba el precio a 5 millones de euros)".

Es por ello que ahora los abogados de Luis Sans Huecas piden a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que "revoque la resolución recurrida, declarando la nulidad de la misma por los motivos expuestos" y se "retrotraiga el proceso de venta hasta el cumplimiento de lo interesado en el Motivo Quinto, suspendiéndose el plazo de inicio de venta durante 2 meses para la obtención de nuevos inversores", además también piden que "se revoque el cargo del actual administrador judicial".