27 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA

SIn embargo García Castellón decide mantenerlas ocultas las claves de desencriptación de los archivos requisados en diferentes lugares al excomisario

Levantado el secreto de la pieza 22 del 'caso Tándem': Villarejo usó fondos reservados para pagar a confidentes

El excomisario Villarejo.
El excomisario Villarejo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha levantado con restricciones el secreto que afecta a la llamada pieza 22 del caso Tándem por el que se investiga al excomisario José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017. Sin embargo, no permitirá conocer las claves de desencriptado de los archivos informáticos. Mientras, las propiedades del excomisario son investigadas en Uruguay.

Esta pieza de la causa Tándem recoge entre otras informaciones el pago a confidentes con fondos reservados. El juez advierte que antes de permitir el acceso a las partes dictó una providencia el 10 de diciembre de 2018 requiriendo a la Unidad de Asuntos Internos "a fin de que en el término de quince días, procediese conforme a lo señalado en el razonamiento jurídico (...) a informar sobre el eventual hallazgo en el análisis de los dispositivos informáticos de archivos o información que puedan comprometer la seguridad del Estado o que pudiera estar legalmente clasificada".

García Castellón también recuerda que la acusación popular, ejercida por Podemos, pidió el informe sobre tres dispositivos concretos, "los identificados como BI13.205, BIG 31.7.05 y BIG PRIEST 15. 05.2005, así como la documental obrante en la carpeta Scorpi (...)". Esos archivos contienen audios grabados de conversaciones mantenidas entre José Manuel Villarejo y el excomisario Enrique García Castaño "sobre el modo de estrechar su colaboración", según el auto.

El excomisario Enrique García Castaño.

Asimismo, el juez explica que "Respecto de la subcarpeta Partners es de señalar que contiene diversa información alguna de la cual está relacionada con los archivos intervenidos dentro de la carpeta "Taja" (...) que contiene relación de bases de datos de confidentes policiales y pagos realizados a los mismos, tratándose información legalmente clasificada que no afecta a la presente investigación". El instructor también apunta a la obtención de información que podría ser de interés: "Respecto la documental con referencia R01.3.4 intervenida en el docimicilio habitual de José Manuel Villarejo Pérez contiene documentos oficiales del Reino de Arabia Saudita relacionados con varias cartas de invitación para varios empresarios españoles todo lo cual pudiera afectar a otra pieza separada declarada secreta".

El auto dictado califica de "documentos que podrían contener información legalmente sensible (...) el archivo TAJA, contenido en la subcarpeta Scorpy que contendría relación nominal de confidentes y pagos realizados a los mismos. La documental con ref. R01.3.4 que contendría información confidencial relacionada con la pieza 5 actualmente sobreseída". En el décimo quinto punto del documento el juez explica que "se ha procedido al análisis del contenido de la carpeta "ANTOJO" y de las siguientes diez subcarpetas que la integran: Antojo, BB-F, DK, Felpa, IBE, KOL, Nucom, Otros, SP, WIND (....), algunos de los cuales contendrían documentación relativa a "asuntos, actos, actividades, documentos, informaciones, identificaciones personales y datos referidos a cuestiones que afectan  a la seguridad y defensa del Estado (....)". Para concluir que "de dicha pieza que se encontraba secreta hasta el día de la fecha se ha dispuesto levantar el secreto en el día de hoy".

El magistrado asegura que los datos relativos a confidentes y pagos "a salvo la grave irregularidad de ser encontrados en un domicilio particular de un empleado público jubilado, no tienen ningún interés para la investigación" y finalmente determina "el alzamiento total del secreto de la presente pieza principal del procedimiento y en concreto de la pieza separada de desciframiento, con excepción de las claves de acceso a los dispositivos en la forma que se tiene ordenada, así como de la presente pieza de expurgo e informe de impacto" y ordena "poner en conocimiento del Jefe del servicio de protección de materias clasificadas del ministerio del Interior (...) el hallazgo de los documentos de referencia".

Propiedades en Uruguay

Durante la investigación contra el excomisario José Manuel Villarejo, los especialistas de la Policía Nacional encontraron en los registros de propiedad del excomisario, José Manuel Villarejo, 50 propiedades situadas en España y América Latina, valoradas en 16,7 millones de euros. Entre las residencias del excomisario destacan dos palacetes en Uruguay valorados en más de un millón de euros, según contó el diario Subrayado.

Villarejo se encuentra actualmente en prisión, acusado de varios delitos como blanqueo de dinero y la Policía cree que muchas de sus propiedades ubicadas en Uruguay han sido utilizadas supuestamente para estas actividades. Entre los inmuebles propiedades del excomisario se encuentran dos localizaciones históricas para el país latino: el castillo Idiarte Borda y la Casa Ellauri.

El castillo Idiarte Borda fue la residencia del expresidente de Uruguay, Juan Idiarte Borda, entre 1894 y 1897 y a día de hoy es considerado patrimonio histórico nacional de Uruguay. Todos los elementos arquitectónicos fueron importados de Europa, lo que la sitúa como una vivienda de gran valor, no solo monetario sino también histórico. El jardín es obra del paisajista francés Carlos Thays, quien murió en 1934.  Actualmente esta residencia está valorada en 700.000 euros.

El excomisario Villarejo.

El diario español Vozpópuli confirmó que Uruguay mantiene un acuerdo de uso con fines comerciales con una sociedad llamada "Participaciones Maravilla S.A", la cual sería la propietaria legal de la residencia y cuyo representante legal es un abogado llamado Federico Pérez del Castillo quien además aparece como representante de la familia Villarejo en numerosas operaciones.

Participaciones Maravilla S.A es una sociedad panameña que aparece como titular en muchas de las operaciones y actividades en el exterior de la familia Villarejo, así como del patrimonio en algunos países de Latinoamérica. En los documentos relacionados a esta empresa figura también el hotel Don Pepe en Uruguay, aunque según publicó ya en su día elcierredigital.com Villarejo se había desprendido de este negocio un año antes de ingresar en prisión.

Durante los registros en diferentes lugares la Policía hallo un documento titulado “Patrimoio”. Se trata de una tabla de Excel donde supuestamente se encontrarían registradas las propiedades de Villarejo durante 2016. Estas estaban a nombre de una sociedad llamada CPD Real State, cuya titularidad sería del mismo Villarejo. Entre las viviendas ocupadas por la familia del excomisario se encuentran un piso en Alcobendas (Madrid), un ático y dos pisos en Estepona (Málaga) y la Finca El Montecillo de Boadilla del Monte (Madrid).

En casa del socio principal de Villarejo, el abogado Rafael Redondo, también se encontró un documento PowerPoint llamado “PTT Organigrama Grupo 1”, que contiene un esquema de la red societaria del excomisario.

Villarejo se encuentra en prisión provisional desde hace dos años y medio y actualmente aun se está investigando la estructura societaria que creó en España. No obstante, las autoridades anticipan que también se mantiene una investigación contra su estructura societaria paralela en el extranjero, entre otros países, en Uruguay.

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