25 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA

La Fiscalía pide 8 años de prisión para este ganadero madrileño, imputado por tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes

Los 'líos' con la Justicia del empresario taurino Tomás Entero Martín: Podría ir a la cárcel

Tomás Entero.
Tomás Entero.
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita una condena de ocho años de prisión para el empresario Tomás Entero Martí, quien se dedica a la planificación y gestión de eventos relacionados con corridas de toros. Se le acusa de tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública y otro delito de alzamiento de bienes. El juicio se llevará a cabo el próximo jueves 8 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid.

El  empresario taurino Tomás Entero Martín, natural de Colmenarejo (Madrid), fue el primer representante de José Tomás. Ahora se enfrenta a ocho años de prisión por tres supuestos delitos contra la Hacienda Pública y otro por alzamiento de bienes.

Se le acusa de haber omitido ingresos a las cuentas públicas durante los períodos fiscales de 2006 y 2007 por un total de 548.690 euros, correspondientes al Impuesto de Sociedades, así como otros 257.910 euros por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el año 2007. Con respecto a su esposa, la Fiscalía pide para ella dos años de cárcel al ser considerada cooperadora del delito de alzamiento de bienes.

Tal y como aparece reflejado en la página web de la Comunidad de Madrid consultada por elcierredigital.com, Tomás Entero Martín, "se confiesa un enamorado de la ganadería Osborne, por lo que empezó comprando un semental de encaste Osborne y unas vacas a Julio Aparicio". Llegó a definir a sus toros como "de encaste Juan Pedro Domecq vía Osborne. Los ejemplares derivados de esta última línea son los que desarrollan mayores defensa y tamaño en general".

Las cuentas de la empresa 

Conforme detalla el fiscal en su escrito de acusación, durante el año 2006 la sociedad Tomás Entero S.L. contaba con el acusado en calidad de único administrador y poseedor del 100% de las participaciones sociales en el capital de la compañía. Asimismo, él era el único autorizado para gestionar las cuentas de la empresa.

“Con intención de obtener un ahorro fiscal ilícito” el acusado presentó la declaración pertinente del Impuesto sobre Sociedades, donde incluyó como gastos deducibles facturas que documentaban servicios que en realidad no se habían proporcionado “y omitió incluir la cifra neta de negocio correspondiente a la venta de localidades, declarando una base imponible en sus autoliquidaciones de 15.345,45 euros y una cuota  de 2.362,99 euros”, según señala la Fiscalía en el escrito de acusación.

Acusación de la Fiscalía

Según la acusación de la Fiscalía, en el siguiente año fiscal, la compañía presentó la declaración de Impuesto de Sociedades e IVA, donde se incluyó como gasto una factura que documentaba un servicio que en realidad no se había prestado. Además, se omitió declarar los ingresos generados por la venta de boletos. En última instancia, se declaró una base imponible de 14.125,13 euros y una cuota de 1092,02 euros en las autoliquidaciones.

En lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de dicho período, el contribuyente presentó las declaraciones trimestrales y anuales, indicando una base imponible de 1.692.741,48 euros. Las cuotas de IVA repercutido ascendieron a 270.838,64 euros, mientras que el IVA soportado fue de 255.438,88 euros. La cantidad a pagar fue de 15.399,76 euros.

Fue en el año 2010, cuando al acusado se le comunicó que se iniciaría unas actuaciones inspectoras con respecto al impuesto de sociedades del ejercicio 2006 y 2007 e IVA de 2007.

Finalmente, la propuesta de regularización calculaba que el importe evadido en relación al tributo de sociedades del año fiscal 2006 ascendía a 790.524,34 euros. En cuanto al impuesto de sociedades se estimaba una cantidad de 467.968,31 euros. En relación al IVA del año 2007, la cifra estimada era de 367.329,62 euros.

Delitos contra Hacienda Pública

Ante estos hechos la Fiscalía presentó una querella contra el imputado y su empresa como responsable civil subsidiaria por tres delitos cometidos contra la Hacienda Pública en relación al tributo de sociedades correspondiente a los años 2006 y 2007, así como el IVA del año 2007.

El Juzgado número 2 de San Lorenzo del Escorial (Madrid) dictó en  julio de 2012 un auto en el que acordaba la incoación de diligencias previas.

En el transcurso del proceso, el imputado presentó evidencia documental para respaldar los gastos de los años 2006 y 2007 relacionados con pagos a matadores de toros y otros gastos derivados de la organización de eventos taurinos, los cuales ascienden a 1.965.499 euros. Según la Fiscalía, estas documentaciones no concuerdan en términos de concepto, cantidad ni origen del documento con las facturas presentadas en las autoliquidaciones del impuesto de sociedades.

El imputado también presentó documentación respaldando los ingresos recaudados en taquilla y los ingresos percibidos por su empresa, los cuales ascienden a 594.994,97 euros como base imponible y 92.683,48 euros en concepto de IVA en el año 2006, y 588.135,63 euros como base imponible y 92.327,52 euros en concepto de IVA en el año 2007.

Utilizando esta documentación, la Administración Tributaria realizó un nuevo cálculo basado en los ingresos de taquilla aportados por el acusado y los gastos proporcionados, los cuales se consideran justificados. Como resultado, se concluyó que en el ejercicio fiscal 2006, Tomás Entero SL. obtuvo un beneficio fiscal ilícito de 361.821,59 euros en relación al impuesto de sociedades, y en el año 2007, un beneficio fiscal ilícito de 187.408,85 euros en relación al impuesto de sociedades y de 257.910,63 euros en relación al Impuesto del Valor Añadido. 

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