Caso PCR Canarias: La Fiscalía europea confirma Fondos FEDER a la empresa RR7 e investiga delitos de malversación, estafa y falsedad

En el marco de las diligencias procesales en el caso 'PCR Canarias', el decreto de la Fiscalía Europea, emitido el pasado 7 de noviembre, no deja lugar a dudas respecto a '"la competencia judicial incoada por este organismo europeo en base al derecho de avocación reclamado ante al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria".

La asunción de competencia por parte del órgano judicial europeo ha dejado en suspenso las actuaciones que, hasta el momento, estaba llevando a cabo el juzgado canario en la investigación de la adjudicación de 4 millones de euros licitados por el Servicio Canario de Salud (SCS) a la mercantil RR7 United SL, para la adquisición de un millón de mascarillas 3M que nunca fueron entregadas a los hospitales canarios, tal como se desprende del documento revelado por El Cierre Digital.

La competencia judicial europea está acreditada en ese mismo documento, según recogen las fiscales europeas delegadas, en base "al uso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para la contratación a RR7", tras examinar varios informes recabados por esta misma Fiscalía de algunas instituciones de la Comunidad Autónoma Canaria y del Ministerio de Hacienda.

Además, este organismo europeo apunta de igual forma a "la averiguación del uso de esta financiación FEDER respecto al resto de los 23 contratos por 32 millones de euros que fueron denunciados por sobrecoste en los precios, y por contrataciones a empresas ajenas al sector sanitario por parte del SCS, durante la pandemia", un hecho destapado por El Cierre Digital.

El citado decreto europeo asevera "el uso de financiación de fondos FEDER en relación a la licitación de fondos públicos a RR7", tras el análisis de varios documentos. Por una parte, la Fiscalía Europea cita un informe de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias y hace alusión a otro informe de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS recabado por la Intervención General de esta Consejería. 

El documento indica que "la resolución 1392/2020 ordena el libramiento a justificar a favor de la empresa RR7 de los Presupuestos generales de este Centro Directivo para el ejercicio 2020", aunque "en esta resolución no se hace referencia a la cofinanciación europea de tales fondos", según recoge el documento europeo.

Sin embargo, prosigue argumentando Europa, "con posterioridad, la Dirección General de Planificación y Presupuestos comunicó al Servicio Canario de Salud que determinados contratos destinados a hacer frente a necesidades provocadas por el Sars-cov-2 debían haber sido objeto de cofinanciación".

La Fiscalía Europea señala el escrito de 10 de diciembre 2020 del Ministerio de Hacienda, al que se adjunta una nueva versión del documento ‘Criterios y procedimientos de selección de operaciones del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014- 2020', en la que se recogen las modificaciones aprobadas por el Comité de Seguimiento del programa, mediante procedimiento escrito iniciado el 8 de julio 2020. En dicho documento, se constata que "la cofinanciación de este tipo de contratos (Sars-cov-2) viene recogida en la prioridad de Inversión".

Justificación europea para investigar a RR7 

En definitiva, la Fiscalía Europea concluye que "el contrato celebrado entre el SCS del Gobierno de Canarias y la empresa RR7 United SL se encuentra financiado por el Programa Operativo 2014ES16RFOP007 FEDER 2014-2020 de Canarias".Este órgano fiscal refiere que "la afectación de fondos europeos, que marca la competencia de la Fiscalía Europea, se produce en un momento anterior, en el que el contrato a RR7 se declara susceptible de ser cofinanciado con dichos fondos, con independencia de que, al tiempo de valorarse la competencia de la Fiscalía Europea, se haya certificado a la Comisión o se haya realizado o no desembolso alguno por parte de esta".

Por tanto, matizan que el gasto relativo a la ejecución del contrato celebrado entre RR7 y el SCS, "puede ser presentado como gasto a la Comisión en un momento posterior, en tanto que se trata de un desembolso que ha tenido lugar con anterioridad al 31 de diciembre de 2023". Significa que, "hasta después de 2025 el gasto realizado por la Administración de Canarias se considera un anticipo, reembolsable sobre la base de los fondos europeos".

En consecuencia, "el desembolso realizado puede ser presentado como gasto en un futuro, según criterio del órgano gestor, y certificarse a la Comisión, que lo pagará como parte del programa en el que se integra, con cargo al compromiso presupuestario abierto más antiguo del Fondo de que se trate".

Delitos a investigar por la Fiscalía europea

En línea con la licitación de 4 millones a RR7, la Fiscalía europea es competente sobre los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión. Por lo que, según los hechos descritos que recoge el decreto de las fiscales en relación a la querella inicial interpuesta, se esgrime que "podrían ser igualmente constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, en relación con la actividad presuntamente desarrollada por el administrador único de RR7, Rayco Rubén González,  para ocultar las ganancias derivadas del contrato adjudicado"."Los hechos son indiciariamente constitutivos de un delito de malversación", subrayan desde Europa. Sostienen que "Conrado Domínguez -exdirector del SCS-, en su condición de miembro del Comité de Emergencia Sanitaria, y Ana Maria Pérez -como directora general de Recursos Económicos del SCS-, ostentan facultades administrativas, en exceso de las cuales pudieran haber menoscabado el patrimonio público".

Por otra parte, aclaran que "no es posible anticipar si la actuación de Rayco Rubén González, constituye una participación de un extraneus en el delito de malversación o de un delito de falsedad, que también sería competencia de la Fiscalía Europea". Igualmente, apelan que sería competencia suya "el delito de estafa vinculado a un contrato subvencionado con fondos europeos".

De hecho, la Fiscalía Europea considera que "la íntima vinculación existente entre las irregularidades denunciadas en la adjudicación del contrato a RR7 y el subsiguiente perjuicio a los intereses de la Unión, conduce a estimar que en el presente caso, el delito de prevaricación es un delito instrumental para la comisión del delito de malversación", sobre lo que sigue reclamando su competencia judicial.